No basta usar de sus cosas con justicia; preciso es haberlas adquirido en forma moralmente intachable.

Cualquiera puede apoderarse de los bienes que no tienen dueño, es decir, de aquellos sobre los que nadie tiene derecho. Fue ése el modo como el suelo y las riquezas del subsuelo llegaron a tener dueño. Pero la ocupación del terreno y de cualquier otra cosa no dispuesta para el uso sólo tiene sentido y justificación moral cuando hay voluntad de utilizarlo y trabajarlo.

No se justificaría, pues, la ocupación de un terreno desmesuradamente extenso con la única intención de esclavizar a quienes ya no encuentren terreno de que apropiarse. Contra semejante pretensión se eleva el derecho natural que los demás tienen de participar convenientemente de la herencia que a todos destina el Padre celestial. Semejante ocupación, que no puede invocar en su apoyo ni el trabajo espiritual o corporal propio, ni las propias necesidades, no tiene ninguna de las notas que justifican y dan sentido a la propiedad.

Quien encuentra en su finca un tesoro, por largo tiempo sin dueño, se convierte inmediatamente en su propietario. Obligan en conciencia, mientras no se demuestren claramente injustas, las leyes civiles que obligan a dividir el tesoro encontrado entre el descubridor y el dueño del inmueble, como también las que establecen los derechos del Estado sobre los descubrimientos científicos de importancia nacional.

También por el hallazgo se adquiere propiedad. Pero el hallador debe considerarse por de pronto simplemente como guardián de la cosa encontrada. El valor de ésta y las diversas circunstancias determinarán la obligación que impone la caridad de guardarla y buscar a su dueño. Cuando el objeto es de poca importancia y puede presumirse que aun su dueño la tiene como tal, no hay ninguna obligación de hacer gastos, ni imponerse trabajos para hallar al dueño. El hallador tiene derecho, aun por razón de justicia, a que se le compensen los trabajos para conservarlo; muchas veces la misma ley determina la conveniente gratificación.

El trabajo demasiado mecanizado puede fácilmente engendrar hastío; es, pues, necesario despertar el entusiasmo y la responsabilidad por el trabajo, haciendo ver al obrero el efecto que para toda la sociedad tiene y dándole mayor conciencia de solidaridad, facilitándole el acceso a los consejos de trabajo. Preciso es velar para que al deber del trabajo, siendo universal, no se le cobre aborrecimiento y se cumpla sin espíritu.

b) El derecho al trabajo

Por lo mismo que existe el deber moral universal del trabajo, existe el derecho al trabajo, y por cierto a un trabajo digno del hombre y socialmente provechoso. Pero, por la misma razón, toda sociedad tiene el deber de ayudar a sus miembros a realizar un trabajo apropiado. Sin duda que nadie puede empeñarse en trabajar sólo dentro de su propia profesión, dado caso que en ella no encontrase trabajo.

La caridad y la justicia social imponen a todos la obligación, en primer término, de no poner obstáculos que estorben al prójimo el trabajo, y luego ayudarle cada vez que lo necesite, conforme a las propias posibilidades. Quien tiene dependientes, debe acordarse siempre de que poseen el derecho a ejercer un trabajo humanamente digno, que no ponga en peligro ni su salud corporal ni su eterna salvación.

Puesto que es más provechoso para el prójimo y para la sociedad ayudar a otros a que se ganen la vida trabajando, que darles limosna, proporcionarles trabajo, sobre todo cuando escasea, será un acto que beneficia grandemente a la sociedad. Ya la Didakhé, el más antiguo escrito cristiano que se conserva, recomienda a la comunidad que facilite trabajo a los cristianos recién recibidos. Según santo TOMÁS, el proporcionar trabajo en gran escala es propio de la virtud de liberalidad. Una de las tareas más importantes de la economía y del Estado es prevenir y suprimir el paro, por ejemplo, fomentando aquellas industrias que más resisten a las crisis. Preciso es proteger contra las crisis las industrias necesarias a la vida de la nación, las artes y oficios y la agricultura. Es de toda evidencia que es más ventajoso para la economía nacional abrir nuevos frentes de trabajo y fomentar y proteger oportunamente aquellas empresas que más contribuyen a elevar el nivel de la cultura y del bienestar, que invertir grandes sumas en el sostenimiento de los desocupados.

c) El derecho al producto del trabajo

Los modos de adquirir la propiedad que hemos indicado, son los modos originarios; hay otros derivados, de los que hablaremos en seguida.

La propiedad legítima de una persona puede pasar a otra, sobre todo, por herencia, usucapión (prescripción) o contrato.

Conforme a la forma legal, hay que distinguir entre

testamento: disposición de los bienes para después de la muerte, disposición que el testador puede mudar mientras viva;

contrato sucesorio: contrato bilateral sobre futura sucesión, repartición y posible empleo de la herencia;

donación en caso de muerte o "en caso de supervivencia"; la donación es válida antes de la muerte del donante, como ius ad rem; si el donante sobrevive al donatario, queda dueño de lo donado (esta forma de donación es ventajosa, sobre todo por lo que respecta a los impuestos sobre la herencia);

Las últimas disposiciones tienen gran importancia moral; la sola apariencia de injusticia puede ser una fuente de graves enemistades entre parientes. Es, pues, asunto que ha de resolverse madura y oportunamente.

Si el sacerdote debe advertir a los moribundos el deber de testar, no tiene por qué intervenir en contiendas hereditarias; en los casos difíciles dirija los contendientes al notario.

Los padres tienen obligación de hacer testamento, y a tiempo, sobre todo si la sucesión legal da pie a injusticias o a pleitos. Sin una causa muy grave, ningún hijo puede quedar perjudicado. Ni puede pasarse simplemente sobre las tradiciones locales que otorguen alguna preferencia al primogénito o al benjamín. Sólo en caso de gravísimas injurias contra los padres, podrían éstos desheredar completamente a alguno de sus hijos.

Cuando los padres son muy ricos, no están obligados a dejarlo todo a sus hijos, especialmente cuando pueden prever que, en vez de serles útiles, les han de perjudicar. No es sólo el deber de restituir propiamente tal el que justifica y exige dejar legados o donaciones para las obras pías ; es también la voluntad de reparar su descuido durante la vida. Pero es siempre preferible hacer esas donaciones en vida, no sólo para estar seguro de que llegan a su destino, sino también para evitar los altos impuestos que cobra el Estado.

Los sacerdotes tienen obligación estricta de consagrar a obras pías, ya durante su vida, ya por testamento, el sobrante de lo que les produce el beneficio, o los bienes que reemplazan el beneficio, el cual "es propiedad de Dios". Las donaciones a los parientes sobre los emolumentos del beneficio no están permitidas sino cuando dichos parientes son pobres.

Generalmente no hay obligación ninguna, ni moral, ni legal, de aceptar una herencia, Cuando la herencia está cargada de deudas puede rechazarse o recibirse a beneficio de inventario, para no verse obligado por la ley a cargar con deudas y obligaciones que exceden el valor de la misma.

El heredero está obligado en conciencia a cumplir con los legados y contribuciones indicados en el testamento. La piedad con los padres prohíbe entablar pleito con sus últimas voluntades, aun cuando alguien se crea pospuesto. Cuando, empero, el derecho ha sido abiertamente violado, por ejemplo, si un hijo ha sido privado de la legítima, comprometiendo su porvenir, entonces pueden justamente reclamarse los derechos, aun intentando pleitos, aunque siempre observando las leyes de la caridad.

Quien fraudulentamente — mediante culpables lisonjas, calumnias, engaños — ha alcanzado una herencia, está obligado a restituir a los que tienen sobre ella un derecho natural o positivo. Si la ilicitud en el modo de obtener una herencia no está en quebrantar un derecho propiamente dicho, sino sólo la equidad o una fundada esperanza, el que ha capturado la herencia no estará obligado a la restitución en virtud de la justicia humana. Pero difícilmente podrá creerse que ante la justicia de Dios sean sinceros su arrepentimiento y contrición, mientras continúe conservando y disfrutando el fruto de su pecado.

Que por razones económicas y sociales, sobre todo para disminuir y simplificar los pleitos, el Estado tenga autoridad para establecer las diversas prescripciones adquisitivas o liberativas, es cosa que la insinúa la misma ley natural, si no es que la exige. Pues sería gran inconveniente que repentinamente fuesen impugnadas las cosas que se poseen pacíficamente desde largo tiempo, o que se exigiesen deudas u obligaciones de que hacía tiempo no se hablaba ya, y que el Estado tuviese que intervenir en todos los pleitos consiguientes. Pero a nadie se le oculta, por otra parte, que en esta materia es donde las determinaciones legales van tan lejos, por razones jurídicas, que en conciencia no puede uno basarse siempre en ellas.

Nótese que si la ley civil autoriza la usucapión aun en caso de duda acerca de la legitimidad de la posesión y de negligencia grave en salir de ella, la ley moral no va hasta allá, y no autoriza a apoyarse sin más en esa legitimación legal.

En cuanto a la prescripción, si el código civil no tiene en cuenta para nada la buena fe, aun para prescripciones a plazo relativamente corto, no puede atenerse a él el deudor de mala fe. En tales casos, lo que el Estado pretende no es establecer una ley moral que libere del pago de alguna deuda, etc. — pues esto no lo puede. hacer —; lo que pretende es, sobre todo, limitar el término de la demanda. Quien cree tener algún derecho, puede evitar los daños, haciendo la oportuna reclamación antes de que termine el plazo de la prescripción.

Si, por el contrario, había buena fe y resulta demasiado gravosa la súbita y tardía reclamación de una obligación, pero ya pasado el término de la prescripción, puede uno en conciencia hacer valer ésta.

Hay que aceptar como principio invariable que ni el poseedor de mala fe, ni el deudor de mala fe puede acogerse a la usucapión, por más que legal o jurídicamente ésta hubiese llegado a su término.

El contrato es un negocio jurídico bilateral que tiene por objeto establecer o cambiar una situación de derecho. La suma importancia que se da a los contratos precisamente en el campo del derecho patrimonial, indica cuán grande es la interdependencia que reina entre los hombres.

El contrato, considerado en su contenido moral, ha de estimarse como un servicio en pro del bien común, o como un servicio mutuo. Supone, por lo general, que los servicios mutuos se compensan estrictamente, o que una de las partes se obliga libremente a prestar un servicio o a entregar un derecho sin exigir (o sin exigirla entera) una compensación o contraprestación.

Los requisitos morales y jurídicos del contrato son :

1.° Capacidad de ambas partes para contratar,

Por derecho natural, son capaces para contratar todas las personas que gozan de responsabilidad, o sea las que tienen uso de razón y de libertad.

Es evidente que los menores no pueden, en conciencia, abusar dolosamente de la protección que les da la ley, en perjuicio de tercero. Pero si pactaron con daño propio, debido a su inexperiencia, con mala fe o sin ella por parte del otro contratante, pueden ellos mismos, o más normalmente sus tutores, impugnar la validez del contrato.

Lo dicho no significa absolutamente que entonces puede conservarse con tranquila conciencia lo que se ha adquirido por el pecado. Ambos contratantes pierden el derecho al bien que debía producirles el contrato pecaminoso, y lo pierden, no propiamente en virtud de la justicia que rige las relaciones humanas, sino en virtud de aquella que debe reinar entre el hombre y Dios. Para quedar en paz con esta justicia, deben deshacerse del dinero ganado con el pecado, empleándolo en buenas obras. Es lo que sugiere la Penitenciaría en una respuesta del 23—4—1822: ^"Si la pecadora se arrepiente, hay que aconsejarle que emplee el precio de su pecado en obras buenas^".

Para que el contrato sea válido, se requiere, por una parte, el consentimiento voluntario y bilateral, y, por otra, su manifestación inequívoca por algún signo, y aún en la forma prescrita por las leyes, tratándose de determinados contratos.

Para que el contrato sea válido es absolutamente indispensable la voluntad de contratar, esto es, la de obligarse por el contrato; pero la legislación civil puede, y debe por lo general, recusar toda restricción mental y obligar al cumplimiento de lo contratado, conforme a lo que se manifestó exteriormente al contratar. Y según la moral, existe obligación de cumplir lo estipulado, o de reparar los perjuicios, aunque interiormente no haya habido voluntad de contratar.

Para que el contrato sea perfectamente válido, el consentimiento ha de ser libre, prudente y deliberado. Por eso, es del todo inválido el contrato concluido en la inconsciencia; como también el hecho con error esencial. Esto vale, sobre todo, cuando el error obedece al engaño o al dolo de una de las partes. Si el error procede de una grave negligencia propia, el contrato será indudablemente inválido, pero, al rescindirlo, habrá que reparar los perjuicios causados a la otra parte.

Según el derecho alemán, el contrato celebrado con error esencial o arrancado por dolo o por injustas amenazas, es sólo impugnable. Esto se dispone en interés de la seguridad jurídica, aunque el derecho natural vaya más lejos y declare eI contrato nulo.

Hay códigos civiles, como el alemán, que al declarar la nulidad de un contrato por error substancial no culpable, obligan a indemnización de daños y perjuicios. No ha de considerarse tal exigencia como injusta, porque no lo es el principio en que se apoya, o sea, que ha de cargar con los daños causados quien los causó, y no otro, aunque el causante no sea culpable. De otro modo sería el perjudicado el que debería cargar con ellos, el cual ni siquiera ha cometido una falta jurídica, lo cual parece menos justo. Esta ley obliga en conciencia, al menos después de sentencia judicial. Sin duda que más conforme con la justicia sería que ambos contratantes cargaran con los perjuicios, imponiéndoselos equitativamente según sus respectivas posibilidades.

El contrato en que se ha consentido por miedo injustamente infundido, si no es en sí mismo inválido, es, por lo menos, impugnable y rescindible a petición de aquel a quien se atemorizó injustamente. Por el contrario, quien lo infundió debe estar pronto a cumplir lo estipulado, pues no debe sacar provecho de su injusticia.

El derecho canónico declara inválidos diversos contratos — matrimonio, votos, profesión religiosa, votaciones, renuncia a oficios y beneficios —, hecho por efecto del temor injustamente infundido. La anulación completa del matrimonio celebrado en esas circunstancias la pronuncia el derecho canónico para garantizar la perfecta libertad del contrato matrimonial ; porque un matrimonio válido no puede ya impugnarse ni disolverse.

El contrato debe, por su naturaleza, manifestarse por signos inequívocos. Generalmente, para que exista, no basta ofrecer un contrato, preciso es que su aceptación se manifieste por algún signo. Respecto de la forma de esta manifestación, hay que distinguir entre el contrato solemne y el simple, según que la ley exija especiales formalidades o no. Al no observarse la forma prescrita, se tiene un contrato "sin forma".

Cuando la ley declara nulos y sin valor los contratos "sin forma", quiere decir generalmente que no son exigibles por acción y no que no engendren ninguna obligación por derecho natural, exceptuando los casos en que el bien común pide que también en conciencia se tengan por nulos.

La obligación moral que impone el contrato es una obligación grave de justicia y caridad. De la misma naturaleza es el deber de reparar los daños culpablemente causados y previstos en alguna manera.

Cuando en el contrato se ha hecho juramento, a más de la obligación jurídica, existe la de la fidelidad impuesta por la virtud de religión, que persiste aun cuando la obligación jurídica haya sido judicialmente anulada, excepto cuando el deber de justicia y fidelidad no pueda ya mantenerse moralmente.

El contrato debe cumplirse con arreglo a la intención que se tuvo al hacerlo, y conforme deba interpretarse según la costumbre y las circunstancias.

Cuando el contrato ya no tiene objeto por culpa moral de uno de los contratantes, es éste quien se hace responsable.

Por lo general, el contrato es incondicional. Pero puede ser también condicional, ora con condición suspensiva, ora resolutoria, de manera que, realizada la condición, o se hace absolutamente válido y obligatorio el contrato, o, por el contrario, queda anulado. Las condiciones imposibles o inmorales hacen que el contrato sea inválido moral y legalmente. También lo establecen así los códigos español y sudamericanos.

No hay propiamente condición cuando uno de los contratantes se compromete ante un tercero, sin que este tercero tenga de por sí derecho a lo estipulado. El cumplimiento de ese compromiso obligará en justicia, pero respecto de la contraparte; la validez del contrato no depende de dicho cumplimiento, a menos que se haya estipulado como verdadera condición.

b) Clases de contratos

Es grave la obligación de cumplir lo prometido, si el incumplimiento acarrea perjuicios al promisario; lo que ha de aplicarse, no sólo al contrato promisorio, sino también a la simple promesa aceptada, habiendo entonces obligación de reparar los perjuicios. Quien no entiende obligarse por una promesa o ve que ésta deja de ser obligatoria, ha de advertirlo al promisario, para que éste no tome disposiciones fiado en la promesa y resulte perjudicado.

La promesa deja de obligar cuando su cumplimiento se hace moralmente ilícito, cuando la otra parte omite culpablemente-cumplir lo que le corresponde o renuncia a lo prometido ; además, cuando las condiciones en que se hizo la promesa cambian substancialmente, y sobre todo cuando el cumplimiento causa al promitente perjuicios imprevistos. Cesa también la obligación de la promesa por muerte de uno de los contratantes si la promesa obligaba a prestaciones personales; pero si el contrato promisorio imponía prestaciones reales, éstas pesan sobre los bienes y por lo mismo los herederos deben cumplirlas.

Así, por ejemplo, cuando el amo ha prometido a un criado un legado para compensarle los servicios que no le ha pagado y para acallar las reclamaciones de justo salario, el criado tiene el derecho de compensarse ocultamente, en último caso, después de la muerte de su amo, con tal, claro está, que se realicen las demás condiciones morales que hacen lícita esa manera de obrar.

Por la donación se cede a otro un bien propio, conviniendo ambos en que se da y recibe gratuitamente. La donación obtiene fuerza legal por la entrega del objeto, si no se ha estipulado otra cosa. Es ilícita e inaceptable la donación que se hace quebrantando los deberes de justicia.

No pueden recibirse donaciones de personas enajenadas; de las parcialmente incapaces de contratar sólo pueden recibirse presumiendo el consentimiento de sus curadores. Es pecado contra la justicia y obliga a reparación el aceptar alguna valiosa donación ofrecida por persona cargada de deudas, previendo que con ello se perjudicará a sus acreedores.

La donación se perfecciona con la entrega. Pero las leyes. civiles establecen razonables condiciones para una posible revocación, condiciones a las que, aún en conciencia, puede uno atenerse. Puede revocarse una donación al sobrevenir al donante o a su familia una grave situación económica.

Conforme a los principios morales, el donatario tiene por lo menos, en tales condiciones, una obligación de equidad de devolver la donación. Aún podría haber obligación de servirse de las facilidades que da la ley para recobrar lo donado, si se trata de grave necesidad de la propia familia. Mas no hay derecho a la devolución si el donatario o su familia caen entonces en grave necesidad, o si ha prescrito legalmente. La ley admite también con razón que la grave ingratitud del donatario es una causa para reclamar la devolución de lo donado. No están sujetas a restitución las donaciones que impone un deber moral o el decoro.

Y si emplea el dinero o cosa semejante depositada, debe pagar, por lo menos, interés.

Si la cosa depositada es bien robado, es a su legítimo dueño a quien ha de devolverse. No se ha de entregar tampoco al depositante el objeto si con él ha de causar grave perjuicio a sí mismo o a otras personas. Así es conforme con los principios morales el no devolver un libro malo a su dueño, cuando se sabe que ha de hacer mal uso de él. Pero en estos casos el temor de graves daños personales pueden excusar al depositario. El secuestro es un depósito especial. Puede ser voluntario, convencional o (y es lo más frecuente) judicial. Por él se deposita una cosa disputada en manos de otro, hasta que se obtenga decisión en favor de uno de los litigantes.

El comodato se distingue del arrendamiento en que el derecho de uso se cede a título gratuito.

El mutuo (o préstamo) es un contrato por el que una persona recibe de otra un bien fungible o que se consume con el uso, con la condición de devolver a su tiempo otra cosa de igual especie, bondad y cantidad. Así los diversos códigos. Las cosas fungibles que se prestan pasan a ser propiedad del prestatario, por donde se diferencia el préstamo del comodato; y la consecuencia es que el que recibe prestado corre con todos los riesgos del préstamo.

El Antiguo Testamento prohibía recibir interés alguno de parte de los connacionales judíos, sobre todo de los pobres, mas no de los paganos (Ex 22, 25; Deut 23, 20 s; Ez 18, 8.13). La Iglesia ha mantenido siempre, aun en los tiempos modernos, la prohibición veterotestamentaria del interés. El derecho canónico, canon 1543, declara ilícito el interés por el préstamo formal.

La prohibición eclesiástica del interés tuvo buenos resultados ; pero también los tuvo desventajosos, entre otros, el de hacer de los judíos los prestamistas privilegiados, y frecuentemente usurarios, de los cristianos. El II concilio Lateranense declaró infames de derecho a los cristianos que recibiesen interés, prohibiendo darles sepultura eclesiástica, si antes no hacían por ello penitencia.

Aún hoy día la mayoría de los teólogos moralistas discuten la licitud moral del préstamo a interés, a no ser con título extrínseco, como es el daño que emerge, el lucro que cesa, o el riesgo del capital.

Para establecer lo injusto del interés, se apoyó la tradición en Lc 6, 34 s : "Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracia tendréis?... Prestad sin esperanza de remuneración". Pero en ese texto puede verse algo más que una prohibición del interés, como también algo menos. El divino Maestro amonesta a prestar, aun cuando la miseria sea tan enorme que se corra riesgo de perderlo todo, sin esperanza de ninguna remuneración. El préstamo es, pues, en tal caso, obra magnánima de caridad para con el prójimo, caído en la miseria. Se trata, pues, casi de una limosna. Y precisamente por eso ni este texto de san Lucas, ni la prohibición del AT pueden dar pie a una prohibición absoluta y general del interés para nuestros tiempos y nuestro régimen económico. La petición de Cristo va muy lejos, y es que vayamos en ayuda de quienes han caído en la miseria económica, si no por una limosna pura y simple, al menos por una acción más honrosa para ellos, como es el préstamo, aunque arriesguemos perderlo; siempre, naturalmente, en la medida de nuestras posibilidades.

Pero el préstamo no se presenta hoy únicamente como una ayuda a los desheredados de la fortuna; las más de las veces son empresarios de economía muy saneada quienes lo solicitan. De las palabras de nuestro Señor en san Lucas no puede concluirse que no se puedan conceder préstamos a los empresarios, de tanta trascendencia en la economía actual ; mucho menos podrá deducirse de ellas que deban hacérseles como a los pobres, sin cobrarles interés alguno, siendo así que los empresarios cobran en el precio de sus productos el tipo de interés usual, por elevado que sea.

Los mutuos en dinero se diferencian hoy esencialmente de los de otras épocas, porque hoy el dinero es objeto fructífero, en manos de los empresarios. Antiguamente los préstamos se hacían sólo en bienes de consumo inmediato, y si era en dinero, éste se destinaba simplemente a conseguir bienes de consumo. Hoy, un préstamo en dinero se convierte generalmente en medio de producción, y gracias a esa fácil convertibilidad, tiene su parte en la productividad de esos medios de producción. No vamos a negar que los poderosos medios modernos de producción sólo son fructíferos gracias al trabajo humano; por lo mismo, es al trabajo al que ha de asignarse la primera y principal parte de los frutos, ya en atención a su intrínseca dignidad, ya en atención a las necesidades sociales del trabajador. Pero es un hecho que ambos, el capital y el trabajo, concurren a una misma obra y a un mismo resultado. Por lo tanto, el capital, que en realidad viene a ser un "trabajo previo", merece retribución, esto es, interés, no sólo por títulos extrínsecos, sino como premio al ahorro y en atención a su importancia para la economía nacional y para la productividad.

No hay, pues, nada que objetar a la antigua prohibición de la Iglesia respecto del interés; porque aún hoy día hay que exigirle al cristiano préstamos gratuitos al pobre. Pero las circunstancias económicas que antes reinaban y que le daban su razón de ser, han desaparecido: hoy los préstamos, en la mayoría de los casos, se convierten en capital invertido en medios de producción. No son, pues, los principios morales, sino las circunstancias las que han cambiado.

Evidentemente, no podemos aprobar un orden económico dominado por el capital, en el que los altos intereses o los pingües dividendos que van a los capitalistas, impiden que el trabajador reciba el salario familiar. Lo que es injusto, hoy en día, no es la percepción de un interés que ha de pagar el prestatario que se encuentra en situación de hacerlo. Lo incorrecto, por decir lo menos, es esa separación y cuasi antagonismo entre el capital y el trabajo, y el papel desproporcionado y difícilmente soportable que desempeña el interés en la sociedad.

Siempre será pecado grave explotar la necesidad del pobre, exigiéndole un interés que no se justifique por algún título extrínseco. Sin embargo, como en el orden económico actual le corresponde normalmente al prestamista un interés legal, puede reclamarlo aun a los pobres, sin lesionar la justicia; la caridad, empero, lo prohibirá muchas veces. Puede decirse que, en las condiciones actuales, el cobrar a un pobre el interés legal equivale a recobrar el lucro cesante por un préstamo gratuito. Hay, pues, en realidad un título extrínseco. En consecuencia, no se puede exigir la restitución, en razón de justicia, a quien ha cobrado a un pobre el interés legal ; pero en ciertas circunstancias podrá imponerse para reparar la violación de la caridad.

Para que sea lícito exigir un interés superior al legal se requieren títulos extrínsecos, como, por ejemplo, el riesgo extraordinario de perder el capital.

El Estado debe establecer un tipo de interés legal tal que, por una parte, estimule el ahorro, y por otra, no queden los obreros en situación indebidamente desfavorable frente a los capitalistas y rentistas.

Por lo general, la ley protege al comprador contra los fraudes o dolos judicialmente demostrables, y al vendedor contra las defraudaciones de los compradores en los pagos, pero sólo al presentar demanda judicial. El cristiano, antes de apelar a juicio, debe buscar una conciliación amistosa.

Para determinar el justo precio es necesario tener presentes dos cosas: primera, los gastos de producción: inversiones en materia prima, pago de intereses de capital, valor del trabajo racional socialmente considerado, empleado en la producción del objeto; y segunda, el valor real, o sea, el valor utilitario para satisfacción de las necesidades. En la necesidad de considerar ambos aspectos aparece la reciprocidad del servicio social del contrato de compraventa; pues por una parte están los esfuerzos y trabajos del productor, con su derecho a la recompensa en cuanto son trabajos racionales, esto es, racionalmente encaminados a satisfacer las necesidades reales del comprador; por otra, las necesidades de éste, a cuyo servicio está el producto. El comprador se inclina a medir el valor del objeto por el servicio que le presta, y según ello, a remunerar las fatigas y trabajos del productor. Así es como se dibujan los límites del precio mínimo, que tiene por base los gastos de producción, y los del precio máximo, basado en la disposición del comprador de pagar a proporción del servicio que le presta el objeto.

En épocas normales, el precio mínimo y el precio máximo del mercado debe oscilar dentro de este marco, que se presenta como moralmente justo, sin que sea lícito sacarlo de allí.

En tiempo de prosperidad normal, nadie se lanzará a producir tantos artículos de consumo que su venta no alcance luego a reembolsar los gastos de producción; lo que significa que si hay mucha oferta de un artículo, el productor producirá menos de éste, dedicándose a otro más solicitado. Asimismo, con el tiempo, los compradores no pagarán por los artículos más que su real valor de uso. Pero al crecer sus necesidades aumentará también la producción. Mas este sistema de mercado libre no puede mantenerse en tiempo de crisis o de coyunturas difíciles, especialmente en tiempo de calamidad nacional, como la guerra y la postguerra. Si entonces no interviene el Estado para fijar e imponer el justo precio, habrá quien abuse de la necesidad de los compradores o de los vendedores, aunque más raramente de la de estos últimos.

De ello se deduce que el Estado está, a veces, obligado a suspender el mercado libre, estableciendo un precio legal para los artículos de primera necesidad; sólo así podrá atender a las necesidades de la nación. Ese precio legal obligará en conciencia, mientras no sea claramente injusto, o no esté universalmente abandonado. En tiempos normales puede uno atenerse al precio corriente, que oscila entre el ínfimo y el máximo. En tiempo de crisis y de carestía la conciencia debe mantenerse particularmente alerta. Entonces, como precio mínimo justo podría establecerse el que cubre los gastos de producción, pudiendo ir un poquito más allá, así como en tiempos normales el precio máximo es superior al mínimo. Sin duda que han de tenerse en cuenta otros factores, como, por ejemplo, la posibilidad de que se mantenga el comercio manteniendo los precios elevados.

El elevar los precios en los objetos de lujo no es tan ilícito como en los indispensables para la vida, pues la injusticia que en ello pueda haber perjudica menos al bien común.

Hay objetos cuyo precio no puede establecerse sobre los gastos de producción y cuya adquisición no satisface ninguna necesidad real; tales son las antigüedades y los objetos de arte. Su precio se determinará por el valor que tengan entre aficionados, o por la tasación de los peritos en la materia. Pero tampoco en este campo puede uno abusar de la ignorancia del comprador o del vendedor.

Muchas veces la ley civil autoriza a deshacer los contratos de compraventa cuando se ha exigido un precio a todas luces exorbitante. Por lo general, tal disposición es moralmente buena.

La venta en subasta voluntaria o forzosa está sometida a reglamentos especiales. Debe considerarse como justo el precio último que se ofrece, con tal que no haya habido dolo o astucia. El mejor postor tiene derecho a que se le adjudique el objeto ofrecido en subasta forzosa. Al contrario, en la subasta voluntaria, puede normalmente negarse la adjudicación cuando la última oferta no es aceptable.

Uno de los mayores peligros para la justicia en la fijación de los precios es el que ofrece el monopolio, sea del Estado, sea de un particular, cuando de hecho o de derecho incluye el privilegio de venta exclusiva. El monopolio de Estado es una fuente de ingresos y no merece objeción mientras éste no aproveche en forma exagerada y no establezca precios excesivos para las cosas indispensables. El monopolio de los particulares es una fuente perenne de precios ilícitos y de perjudiciales influencias políticas; por lo mismo el Estado debe abolirlos o vigilarlos, por lo menos, muy de cerca.

b) El comercio

Si los padres de la Iglesia y los escolásticos no condenan absolutamente el comercio, lo miran, por lo menos, con desconfianza, a causa del constante peligro de dejarse llevar del ansia del lucro, del fraude y la mentira. Condenan, sí, y con razón, todo comercio que no sirva realmente al prójimo y no conduzca al bien común. Santo Tomás es categórico. Escoto resume la tradición en la forma siguiente: "Debería ser eliminado y expulsado de la sociedad el comerciante que no se dedica ni al suministro, ni al almacenaje, ni al mejoramiento de la mercancía, ni tampoco ofrece garantía de calidad, ni siquiera a los compradores inexpertos, sino que se consagra únicamente a comprar para vender luego más caro".

A los clérigos les está prohibido todo comercio, prohibición que ha sido reforzada últimamente con graves penas. El motivo son las múltiples tentaciones, peligros y cuidados materiales que apareja (cf. 2 Tim 2, 4), y sobre todo la voluntad de alejar del estado clerical aun la más lejana apariencia del ansia del lucro.

Uno de los negocios más peligrosos es el del comercio de la bolsa, el comercio con valores públicos, como acciones, obligaciones, etc. La bolsa de los valores es útil para administrar y colocar los capitales que mueven la economía nacional; es, pues, una institución de la vida económica moderna que, en sí, no levanta ninguna objeción. Ninguna inmoralidad puede haber en comprar valores en la bolsa para colocar el dinero ahorrado en un trabajo ordenado, sirviendo al mismo tiempo a la bolsa. Lo que sí se reputa moralmente malo, por ser un agiotaje sin verdadera utilidad, es la especulación, o sea la compra y venta de valores bursátiles con el exclusivo propósito de aprovechar las oscilaciones de la vida económica, sobre la cual se ejerce entonces un influjo no pocas veces. desastroso. Fue estigmatizada no sólo par Carlos Marx sino también por los escolásticos.

El negocio del cambio tiene por objeto facilitar los pagos. Los bancos de cambio ahorran trabajos y peligros y por lo mismo merecen una compensación. Grandes son los peligros que se corren en el cambio; las personas sin experiencia deben cuidarse mucho al dar y recibir el dinero y asesorarse por gentes conocedoras.

7) El contrato de arrendamiento

El subarriendo está sólo permitido con autorización del arrendador, autorización que puede estipularse en el contrato. Con frecuencia el subarriendo deja una ganancia muy subida, lo cual es condenable. Pero como el primer arrendatario es el responsable respecto del arrendador dueño, tiene derecho a cierta compensación. Además, el subarriendo puede traer consigo sensibles restricciones, y cuando escasea la vivienda, es un gran servicio que se presta y que debe pagar el subarrendatario.

Por el contrato de servicio, una parte se obliga a prestar un servicio concienzudo, y la otra parte una justa retribución estipulada. Si la retribución convenida no es justa, el amo está obligado a elevarla, no en virtud del contrato, sino en fuerza de la justicia como tal.

a) El justo salario

a) La justicia conmutativa y el salario justo.

Pero ninguna de estas consideraciones destruye el principio de que también en la cuestión del salario ha de tenerse en cuenta la justicia conmutativa, que obliga a remunerar según la equivalencia. El patrón debe tener la voluntad absoluta de dar al trabajador tanto cuanto él le da con su trabajo. No debe, pues, buscar cómo .atar una ganancia al trabajo ajeno como tal. La ganancia debe venir sólo como fruto del propio trabajo, esto es, como fruto que le corresponde en justicia por sus propios ahorros (incluyendo la prima de riesgos).

No significa esto que el trabajador tenga derecho a reclamar para sí "todo el producto de su trabajo; pues dicho producto proviene no sólo del trabajo, sino también del capital, de la inteligencia del empresario y de las demás instituciones de la vida pública, que son las únicas que establecen las condiciones de una próspera economía. El asalariado, como cualquier otro trabajador, sólo tiene derecho a exigir un valor igual al de su trabajo, esto es, al de su contribución al producto total. Pero dicho valor no puede apreciarse simplemente por cálculos numéricos, guiados por la justicia conmutativa; su determinación incluye no sólo los postulados de la justicia conmutativa, sino también los de la justicia social.

No carece de importancia el remachar que en la cuestión del salario se han de respetar los fueros de la justicia conmutativa, puesto que es la base y fundamento del contrato del salario; su violación impone restitución, y esto aun cuando el trabajador, obligado por las circunstancias, haya aceptado en el contrato un salario inferior al justo. El salario convenido en el contrato puede ser la más "clamorosa injusticia".

Tampoco es justo de suyo el salario según tarifa, fijado por la autoridad. Puesto que se trata de justicia conmutativa, el patrón que debe un salario no puede alegar buena conciencia al pagar el mismo salario mínimo tarifado a dos obreros, uno de los cuales ejecuta un trabajo a todas luces de mayor rendimiento. La justicia conmutativa exige un salario correspondiente al rendimiento: al aumentar el rendimiento debe aumentar el salario. Al elevarse el rendimiento debe elevarse proporcionalmente el salario. Sin duda que es aquí donde radica la principal dificultad de la cuestión, pues no es fácil medir y establecer con claridad ese rendimiento. Es uno de los principales cometidos de la ciencia económica de la empresa, como también de la concienzuda dirección de la misma.

3) Justicia social y justo salario.

La justicia conmutativa puede señalar aproximadamente qué relación han de guardar entre sí los salarios de cada trabajador de igual o semejante categoría; pero es insuficiente para deslindar la ganancia que corresponde al dueño del capital, al empresario, al trabajador intelectual y al mecánico. Ella sola no basta tampoco para determinar el nivel del salario justo. Aquí sólo alcanza la justicia social: ella asigna al capital la parte que corresponde a su 'contribución. El capital representa una honrosa economía, que, al aumentar los medios de producción, desempeña un papel esencial en el rendimiento total. Pero si el capital y el trabajo entran en competencia, hay que atender primero a los derechos vitales del trabajador inmediato. En ningún caso puede asignarse al capital muerto tal cantidad de frutos que el asalariado se quede entonces privado de lo necesario para llevar una vida conforme con su dignidad humana. Mayor derecho tiene el trabajador y su familia al salario que los capitalistas a sus dividendos.

Esta regla vale para el comercio y la industria en su conjunto, así como también para las relaciones del empresario o capitalista con sus obreros y empleados.

Pío xi señala como participación justa de un obrero medianamente bueno en los productos sociales lo que forma el salario familiar. El salario medio debe llegar a salario familiar. "Si las circunstancias presentes de la vida no siempre permiten hacerlo así, pide la justicia social que cuanto antes se introduzcan tales reformas, que a cualquier obrero adulto se le asegure ese salario".Todavía puede uno preguntarse si las Cajas de compensación familiar solucionan perfecta y definitivamente la cuestión del salario familiar. Las familias numerosas necesitan ayuda especial para rehacerse. Su indiscutible contribución a la sociedad y a la economía debe ser reconocida aun mediante la ayuda .económica. En una economía bien organizada, el salario del sostén de la familia debe ser de suyo tan elevado, que no esté sometido a las contingencias de la benevolencia estatal. La ayuda especial a las familias numerosas no debe tener el carácter de una limosna, sino el de porción adicional del salario, otorgada por la economía social.

Quienquiera que, habiendo intervenido en la producción económica, se adueña, como retribución por un rendimiento medio, de una porción del producto superior al salario familiar, reduciendo por debajo de este mínimo la porción que a otros les ha de corresponder por igual título, viola la justicia social. Aún más: en este caso la justicia social no excede los límites del mínimo impuesto por la justicia commutativa; por tanto, violar aquélla es violar ésta, y obliga estrictamente a la restitución.

Como ya se anotó, pudiera suceder que una empresa privada u oficial atravesara por una situación que le hiciera imposible pagar a cada obrero el salario familiar. En tal circunstancia, sería injusto y contrario a sus verdaderos intereses el que los obreros se empeñasen en exigir el salario familiar completo; pues con ello podrían comprometer la existencia misma de la empresa, o estorbar el perfecto desarrollo de la economía general, o privar a muchos trabajadores de aquel mínimo salario efectivo de que viven.

Los sumos pontífices, en la forma en que han tratado la cuestión del salario, han resuelto ya, fundamentalmente por lo menos, la cuestión de la repartición de las ganancias. Han pedido los sumos pontífices que "al menos para el futuro las riquezas adquiridas... se distribuyan con profusión entre los obreros", y que cada trabajador tenga parte en la ganancia social, conforme a su rendimiento. Estas exigencias quitan fundamentalmente a los capitalistas y empresarios el derecho de aumentar sus ganancias a costa del asalariado. Lo que aún no ha recibido solución es el sistema que ha de seguirse en la repartición de las ganancias, y para calcular, por una parte, la porción que de éstas han de corresponder al obrero, y por otra, la que ha de corresponder al empresario o al capitalista, en razón de los riesgos corridos (prima de riesgos).

b) Liberación económica del obrero por la cogestión

Puede realizarse la cogestión sobre planos muy variados; v. gr., otorgando al obrero el derecho de ser informado sobre la marcha económica de la empresa, o el del diálogo con los dirigentes, o el de intervención decisiva en los asuntos de la empresa que interesan a todo el personal, o los que entrañan algún peligro personal, social o económico. Debe servir la cogestión, sobre todo, para arrancar de la clase obrera ese sentimiento que lo lleva a considerar la dependencia como algo que lo envilece, o el de que vive injustamente explotado; sentimiento que incuba como virus peligroso, a consecuencia del abuso secular con que a los trabajadores han tratado capitalistas sin conciencia.

Aunque el contrato de salario es hoy día mucho más justo que en los tiempos de apogeo del capitalismo liberal, es sumamente importante convencer al obrero de que no se pretende explotarlo ni tratarlo como una simple cosa.

Puede ser también la cogestión un medio eficacísimo para desarrollar en el obrero el sentimiento y la alegría de la responsabilidad. La cogestión, bien entendida, es una aplicación del principio de la subsidiaridad, que ha de mantenerse incólume como uno de los principios básicos de la filosofía social y como uno de los elementos estructurales de las grandes industrias modernas, si quieren respetar la dignidad de la persona humana. Cada uno, en su respectivo lugar dentro de la organización general, ha de sentirse responsable de la empresa tanto cuanto sea factible y necesario para la prosperidad general de la misma, y sobre todo para el desarrollo de un espíritu de responsabilidad que considere la empresa como cosa propia.

Los adversarios de la participación del obrero en la gestión presentan una objeción, que no deja de ser humillante desde el punto de vista de la sociología cristiana, a saber, que el obrero no quiere, en realidad, la cogestión, sino simplemente ganarse la vida sin demasiadas preocupaciones. Pues nuestra ambición no ha de ser precisamente que el hombre embote su espíritu en su trabajo profesional y se convierta en una máquina, sino ayudarle a desarrollar su personalidad espiritual y moral. Y es dentro de la profesión en la que ha de pasar la mayor parte de su existencia en donde ha de encontrar el campo apropiado para ese desarrollo. Preciso es que principie por una responsabilidad limitada y modesta, para pasar luego, en lo posible, a una corresponsabilidad mayor.

Puesto que la mecanización del trabajo y la producción en serie van disminuyendo el esfuerzo mental en el taller, preciso es buscar en otra forma el desarrollo de la personalidad. Esto se consigue, sobre todo, interesando al obrero en el adelanto de toda la empresa y concediéndole una parte de responsabilidad. La intervención en el consejo de empresa ofrece un campo de actividad para los más dotados. La elección del consejo de empresa y la información normal sobre sus actividades es asunto que en todos despierta interés y responsabilidad. La ampliación de la cogestión hasta los negocios de la empresa hace sentir mejor la interdependencia y aviva el espíritu de solidaridad con todas las clases y profesiones, lo cual es de suma importancia para la formación de la personalidad y de la conciencia moral.

El cristiano toma muy en serio todos estos problemas, porque sabe que la misma vida religiosa está en correlación con el desarrollo de la personalidad. Un espíritu embotado, borreguil e inepto para abrazar una responsabilidad se hace casi impotente para la vida religiosa. La dilatación del horizonte intelectual, el afianzamiento de la energía moral por el ejercicio de la responsabilidad, la conciencia de la solidaridad son de capital importancia para la formación de una vida plenamente religiosa y moral.

El esfuerzo por conseguir la cogestión iría por un rumbo equivocado si se tornase en un simple instrumento de lucha para el triunfo del antagonismo clasista y de las exigencias brutales de los grupos organizados. La desastrosa consecuencia sería la paralización de la actividad de los empresarios y la pérdida de la confianza por parte de los inversores. Al propugnar la cogestión, han de evitarse a todo trance tales consecuencias; otro modo no sería el camino auténtico para la desproletarización espiritual ni para suprimir el antagonismo de clases.

Un sindicalismo supraempresario trabajaría con provecho fuera de las empresas mismas. Si la cogestión estuviese perfectamente organizada, al sindicato no le quedaría más posibilidad que la de desarrollarse por la organización de las diversas profesiones, renunciando a toda lucha clasista.

Pero condición y al mismo tiempo efecto de una cogestión bien organizada sería la gradual transformación de las ligas de patronos y de las cámaras de industria y comercio en organizaciones de empresarios, fundadas conforme a las diversas profesiones. Ni los sindicatos obreros ni las ligas patronales deberían temer que el establecimiento de la cogestión pueda significar su desaparición como organismos superfluos, a condición de asumir sus nuevas tareas con entusiasmo y honradez, y con un espíritu de auténtica camaradería.

Precisamente la desaparición de la lucha de clases que, como se ha repetido, debe ser uno de los objetivos de la cogestión, es condición indispensable para la organización corporativa, la única que daría toda su eficacia a las adquisiciones hechas hasta ahora por los obreros.

Es lo que anotaba especialmente Pío xii en su conocido discurso del 3-6-1950. Extraño error el de aquellos que quisieron ver en este discurso una desaprobación de los esfuerzos por llegar a una colaboración responsable, por parte de los trabajadores, en el proceso de producción. Quienes así pensaron pertenecían casi todos al campo neoliberal. El gran pontífice de la cuestión social sólo ha pretendido poner ante los ojos la falsedad de algunos principios y lo equivocado de ciertas realizaciones de la cogestión. Repetida e insistentemente ha recomendado Pío xii este_. medio para llegar a la desproletarización de los obreros, por ejemplo, en su discurso del 11-3-1949 371_; igualmente en su radiomensaje a los obreros españoles, el 11-3-1951, en el que respondía a las falsas interpretaciones de su pensamiento. Decía el papa: "La Iglesia ve con buenos ojos y aun fomenta todo aquello que, dentro de lo que permiten las circunstancias, tiende a introducir elementos del contrato de sociedad en el contrato de trabajo y mejora la condición social del trabajador".

La cogestión económica y supraeconómica debe establecer, en suma, relaciones completamente nuevas entre el capital y el trabajo, porque ambos colaborarán pacíficamente, animados por el espíritu de solidaridad. Es la meta que ha de tener siempre ante los ojos.

Es evidente que la cogestión no puede dar inmediatamente acceso a la propiedad de los medios de producción y hacer sin más del obrero un condueño de la empresa. Lo que sí puede conseguir es reemplazar el espíritu de lucha de clases por el de interdependencia y de responsabilidad común, sin las cuales es imposible llegar a la victoria sobre las diferencias en lo que respecta a la propiedad.

c) Acceso del trabajador a la propiedad y desproletarización

No ha de pensarse que la cogestión, por sí sola, pueda liberar a los trabajadores de su condición de proletarios, aun admitiendo que es muy apta para ir saneando su existencia y para alejarla de muchos peligros. Sería una ilusión mayúscula esperar de un solo medio la solución de un problema tan complicado como el de la cuestión social. La cogestión no pretende ser un ataque a la propiedad. Y es éste el punto vivo de la suerte del proletariado, porque es un hecho que el trabajador; por lo general, está esencialmente excluido de la propiedad de los medios de producción. Pues bien: es imposible de todos modos llegar a una cogestión absoluta y perfectamente eficaz, si el obrero no se hace, en cierto nodo, condueño de la empresa.

El problema de la desproletarización es el problema de la justa proporción del capital y del trabajo. Cuatro formas principales pretenden fijar dichas relaciones:

Primera: El capital es el que manda y el que toma al trabajo a su servicio.

Esta primera forma puede aplicarse a los contratos pasajeros de trabajo. En ellos, el contrato de salario es moralmente aceptable, mientras el capital no busque únicamente su propio interés y mientras el trabajador no le tenga que sacrificar su condición de "sujeto de la economía"".

El capitalismo liberal considera esta forma como fundamental para la economía. Por lo mismo excluye absolutamente al trabajador de la copropiedad en los medios de producción y lo abandona a discreción del empresario y del capitalista.

Gracias a la agrupación de los obreros en sindicatos y a la legislación estatal en defensa de los trabajadores, el capital no es ya la única fuerza que cuenta, sino también las fuerzas aunadas de los trabajadores. El encuentro de obreros y capitalistas puede provocar la colaboración pacífica o el forcejeo de unos por imponerse a los otros, según se mire más el interés común a ambas partes, o el interés particular. Reinará la lucha mientras el tráfico del salario continúe siendo la base única o principal de ese encuentro. Con una fórmula feliz de colaboración y cogestión podría conseguirse que ambos se encontrasen en el terreno de comunes intereses y de comunes responsabilidades, dedicándose entonces a una colaboración pacífica, bajo la tutela 'de iguales derechos.

Tercera : El trabajo — y bajo este término entendemos a la totalidad de los que en una forma u otra producen—toma el capital a su servicio.

Aquí los obreros son parte preponderante, si no exclusiva, en la dirección de las empresas. Asumen las funciones de empresarios en una forma análoga al contrato de arrendamiento de uso y disfrute. El capital no tiene aquí más intervención que la que le corresponde como retribución a la función social del ahorro y también por razón de la colaboración activa y de la justificada atención por la seguridad de las inversiones. Todo esto supone que los capitalistas depositan gran confianza en la competencia de los trabajadores para llevar adelante la dirección.

Semejante sistema no puede ser más que un ideal, casi imposible de realizar en forma pura. Para que los trabajadores puedan responder del capital recibido en servicio es indispensable que ellos dispongan ya de algún capital. Por eso este sistema se resuelve en la cuarta forma.

Cuarta: Los obreros son al mismo tiempo los dueños del capital, por lo menos preponderantemente. Así quedaría realizada la desproletarización, haciéndose todos propietarios.

La primera forma, la capitalista, nunca pudo realizarse en todo su rigor.

Todas ganarían, si se completaran entremezclándose en forma oportuna y ventajosa para el trabajador.

La desproletarización ha de proseguirse principalmente por medio de una adecuada retribución del trabajo y por medio del ahorro. Con normas legales realmente acertadas y con la cogestión, que aumentaría su sentimiento de responsabilidad, podrían los obreros ir entrando progresivamente en la coposesión de los medios objetivos de producción, con tal que se les pague un salario justo. Esto sería generalmente preferible a que, de un golpe, pasasen a ser propietarios. Un medio a propósito para esto sería el trabajo en compañía, y aun las acciones, con tal que se modifiquen las leyes que las rigen. Hasta cierto punto es deseable, y aun factible, el hacer al trabajador condueño de aquellos medios de producción con que trabaja.

Fruto del capitalismo liberal son las poderosas ligas de empresarios y de obreros. Por derecho natural y por necesidad, pueden los trabajadores asociarse en sindicatos, cuando ni el régimen económico ni la legislación defienden suficientemente sus derechos. La Rerum novarum reconoce expresamente el derecho de asociación de los trabajadores.

La finalidad que han de perseguir las uniones de empresarios y los sindicatos no es el predominio sobre la otra parte, ni la formación de una fuerza política, sino únicamente el logro y defensa de los derechos que a cada uno corresponden.

Uno de los principales instrumentos de lucha de que disponen los obreros es la huelga, que consiste en el cese del trabajo llevado a cabo por todos los obreros, conforme a ciertas normas, con el intento de doblegar al empresario a sus reclamaciones.

Para que la huelga sea legítima es preciso que sea buena su finalidad, por ejemplo, la consecución de un salario justo, el mejoramiento de las condiciones higiénicas, etc., y que no se emplee ningún medio injusto, como violencias, injustas amenazas, perjuicios en las instalaciones, etc. Además, la huelga debería ser el último medio, es decir, que antes hay que intentar todos los demás medios pacíficos para llegar a un acuerdo. La huelga trae siempre consigo graves males ; por tanto, la prudencia y la justicia social exigen no ir a ella, si los efectos esperados y justos no compensan los perjuicios ya sufridos y los que pueden aún temerse.

Las huelgas por razones políticas no constituyen, por lo general, más que un abuso de un arma que no ha de emplearse más que en el campo económico. La huelga general por motivos políticos sólo podría admitirse como último recurso en casos extremos, como sería el impedir un golpe de Estado, o como acto de resistencia pasiva a un gobierno ilegítimo.

El "lockout" es la más extrema medida de que disponen las organizaciones patronales para luchar contra los sindicatos obreros. Por él los empresarios o patronos excluyen del trabajo a cierto grupo de operarios, para obligarlos a aceptar sus exigencias. Se justifica moralmente cuando las contrapropuestas o exigencias de los trabajadores son evidentemente injustas y no hay medio más suave para defenderse contra tal injusticia.

Se justifica el despido de los obreros que arman motines, sabotean el trabajo u ofenden las sanas costumbres. Se justifica también cuando la imponen las necesidades económicas de la empresa. Pero el despido ha de hacerse conforme a lo establecido en el contrato de trabajo y en la ley.

Conviene anotar aquí la seria obligación de pagar lo más pronto posible a los pequeños artesanos y comerciantes.

Si el contrato de obra ha sido concluido sobre la base de un presupuesto, y el coste total excede de lo previsto en éste, el comitente sólo será obligado por la equidad a satisfacer el exceso, cuando éste sea debido a dificultades elementales imprevisibles. Pero en determinadas circunstancias la caridad obligará al comitente a cargar al menos con una parte del excedente de gastos.

10) Contrato de renta vitalicia

Los seguros han adquirido en nuestro tiempo una importancia siempre creciente. Con razón se puede hablar de un complejo de seguros, que tiene por base una falta de valor y de confianza en las propias fuerzas. Desde el punto de vista sociológico hay que deplorar que la multiplicación del seguro debilite el sentimiento de solidaridad en la familia.

No se ha de negar, empero, que el seguro se basa en la naturaleza sociable del hombre y en la solidaridad humana. Hay seguros contra las fuerzas de la naturaleza, corno contra el granizo y las inundaciones, contra incendio, contra el hurto, contra perjuicios económicos a consecuencia de enfermedad, de accidentes de trabajo o de invalidez para el mismo. Por el seguro de vida quedan asegurados los parientes en caso de muerte. Especial importancia tienen los seguros obligatorios para los obreros: seguros de accidentes de trabajo, de enfermedad, de invalidez, de desocupación...

La justicia exige que la sociedad aseguradora cumpla las obligaciones contractuales y que haya proporción entre el riesgo y las condiciones y prima del seguro. Habiendo proporción entre la prima y el riesgo corrido y el servicio prestado no hay injusticia en que la sociedad perciba un moderado lucro. Un aumento continuado de los beneficios de la compañía es prueba de que la prima es demasiado elevada. Conforme a los principios generales, la sociedad tiene obligación de restituir; pero no por ello tienen los asegurados derecho para ^"abusar^" y ^"aprovecharse^" del seguro.

En caso de que también la persona asegurada estuviera en la obligación de restituir a la sociedad, podría obrarse una compensación.

La honradez es, evidentemente, indispensable por ambas partes. Así obliga a la restitución cuando ha habido falsas declaraciones o se causan o producen los daños por propia culpa, v. gr., por incendio voluntario; asimismo cuando los agentes hacen grandes promesas apoyadas en falsedades, o cuando los representantes de la compañía niegan el pago del seguro.

b) La fianza

La fianza es un contrato por el que uno, el fiador, se obliga a pagar o cumplir alguna obligación en vez de un tercero, en el caso de no hacerlo éste. El fiador está obligado a pagar sólo después de comprobada la incapacidad del deudor para pagar. Si habiendo el fiador pagado la deuda, mejora la situación económica del deudor, debe compensársele a aquél la fianza redimida.

El salir fiador es un hermoso acto de caridad; no se ha de hacer, sin embargo, con irreflexión, exponiendo acaso la propia familia a graves dificultades. "El varón bondadoso sale fiador de su prójimo, pero el que ha perdido la vergüenza le deja en la estacada... Sostén al prójimo, según tu posibilidad, pero mira también por ti mismo, a fin de que no te precipites" (Eccli 29, 4. 20).

El canon 137 prohíbe al clérigo salir fiador sin licencia de su ordinario; ello no es para imposibilitar las obras de caridad, sino para asegurar la debida prudencia.

c) Prenda e hipoteca

Por el contrato de prenda el deudor entrega al acreedor una cosa mueble, con la que éste puede resarcirse, aun vendiéndola en subasta, en caso de que aquél no pague a tiempo.

Por la hipoteca no se entrega cosa alguna al acreedor, sino que se grava un bien inmueble con la deuda para garantizarle sus derechos.

La deuda asegurada por hipoteca impone una reducción del tipo de interés. No puede el poseedor de una prenda o hipoteca, movido por el ansia de ganar, provocar inconsideradamente la subasta o el secuestra. o hacerlo en época especialmente desventajosa para el deudor.

En la vida económica de hoy desempeña el contrato de sociedad un papel muy importante. Múltiples son las formas y las finalidades del contrato de sociedad; por ejemplo, hay la cooperativa de consumo, de producción; las diversas sociedades lucrativas, como la sociedad comercial, sociedad en comandita... La forma y finalidad de la sociedad se determina o bien por la ley, o bien por la libre elección de los socios. Desde el punto de vista de la sociología, conviene anotar que el Estado no tiene derecho a impedir la formación de asociaciones, sociedades o corporaciones, pero sí a dictar leyes a las que hayan de sujetarse y de supervigilarlas.

Cada socio debe responder, conforme a la medida de su actuación, de que el negocio se desarrolle por las vías de la honradez y la justicia, y de que desempeñe su cometido y alcance su finalidad por métodos moralmente intachables.

El juego llega a ser inmoral no sólo cuando se juegan cantidades de las que no se puede responder, sino también cuando se juega algo que, por justicia, debía emplearse en otra cosa.

Las loterías, como también las apuestas futbolísticas, fomentan el ansia del lucro y la ligereza; por lo mismo, han de restringirse en lo posible. Con todo, no puede decirse que estén absolutamente prohibidas, sobre todo las loterías de beneficencia; jugar a ellas puede ser, pues, hasta una buena acción, si el motivo es ordenado.

La instalación de casas de juego, en las que se fomenta la vagancia de los ricos, con escándalo de los pobres, en las que se apuestan y se pierden cantidades fabulosas, que lanzan a muchos al suicidio y a otros pecados, constituye cooperación en los pecados y contravenciones previstas de la moral pública. Para justificar la existencia de tales casas suele decirse que es el medio a propósito para restringir los juegos de grandes cantidades que escapan a toda vigilancia; la eficacia de este medio parece absolutamente inverosímil. Por el contrario, las casas públicas de juego no hacen más que fomentar esta pasión, y si producen ganancias al Estado, poco convence su prohibición de grandes apuestas cuando él las autoriza en aquéllas para sacar su ventaja.

En la apropiación en caso de necesidad y en la compensación oculta pueden coincidir la "arbitrariedad" y la legitimidad.

La apropiación en caso de necesidad consiste en coger los bienes materiales ajenos para sostener la propia vida en caso de extrema necesidad. Como este proceder da pie a la arbitrariedad, sólo es lícito cuando el necesitado no puede pedir sin exponer más gravemente su vida o su salud, como sería el caso de un prisionero de guerra que se ha fugado y se encuentra en campo enemigo, o bien no puede pedir sin suma vergüenza. En lo posible ha de practicarse sólo respecto de los dueños a quienes la pérdida sea poco sensible. Nunca es lícita cuando con ella se coloca en extrema necesidad a aquel a quien se quita.

Y aunque la extrema necesidad no sea inmediata, sino remota, puede uno adueñarse de cuanto el prójimo está en obligación de dar por caridad.

La razón que muestra ser lícita semejante apropiación es que la comunidad de los bienes concedidos por Dios al hombre, en caso de extrema necesidad, pasa delante de la propiedad individual, necesaria por otra parte. Además, todo propietario ha de reconocer que la vida y la integridad corporal del prójimo son bienes immensamente superiores a la propiedad no indispensable para la vida.

El propietario que injustamente impidiese a quien se encontrase en extrema necesidad adueñarse de lo indispensable se haría culpable, no sólo de un pecado contra la caridad, sino también de un pecado grave contra la justicia, y estaría obligado a repararle al indigente o a su familia los perjuicios materiales, que podía prever.

No es lícito apropiarse de lo ajeno por una necesidad simplemente grave, aunque apremiante, es preciso que sea necesidad extrema. ^"De lo contrario, siempre podría admitirse que el que pasa por una grave necesidad, si es desatendido por un rico, puede apoderarse de cosas de poca importancia, pues el dueño no podría tomarlo razonablemente a mal" ^383. En todo caso, esos pequeños robos que sólo tienden a remediar una grave necesidad en que se ha caído sin culpa, y que no perjudican a otro pobre, deben juzgarse benignamente, no sólo desde el punto de vista subjetivo, sino aun desde el objetivo. Por lo cual convendrá generalmente no urgir en tales casos la obligación de restituir.

La compensación oculta consiste en satisfacer sus propios derechos adueñándose ocultamente de algo que pertenece al deudor. La justicia legal prohibe compensarse así arbitrariamente, pues el Estado está precisamente destinado a impedir la arbitrariedad y a tutelar los derechos de los débiles contra las injusticias de los grandes. Mas cuando el reclamar lo debido ha de causar graves perjuicios, como el despido del servicio, la enemistad o el odio, o cuando la reclamación no ha de producir el efecto deseado, porque reina la injusticia, entonces será lícito adueñarse secretamente de lo que le corresponde, pero bajo las siguientes condiciones : primera, que el derecho no sea dudoso ; segunda, que se tenga necesidad de la cosa ; tercera, que no se cause a un tercero ningún perjuicio injustificado; como sospechas, imputaciones, pesquisas domésticas, etc., y por último, que el provecho sea mayor que las posibles desventajas — intranquilidad interior, pérdida de la confianza...

Podría practicarse la compensación oculta con el patrón que niega el salario convenido, o que abusa de la necesidad del pobre para imponerle trabajos suplementarios por un salario insuficiente.

En la predicación, sin embargo, no se ha de descender a estas aplicaciones. Son reglas que sólo se aplican a la cuestión de la restitución y que han de tenerse en cuenta al aconsejar a alguien en particular.

BERNHARD HÄRING
LA LEY DE CRISTO II
Herder - Barcelona 1961
Págs. 427-485