Fernando Gutiérrez
La crisis del derecho
Desde que en 1973 la corte suprema de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica declaró que el aborto no podía ser considerado constitucionalmente un delito y que la legislación respecto al particular quedaba en el fuero estatal, numerosos estados han ido uno tras otro cambiando sus legislaciones para aprobarlo como un derecho propio de la madre. El mismo fenómeno se ha extendido a otros países de Europa y del mundo; y allí dónde no ha sido aprobado, el tema se presenta con asiduidad en las instancias legislativas. Fenómenos similares ocurren con realidades como la eutanasia, la procreación artificial, la manipulación de embriones humanos o los matrimonios homosexuales.
Estos hechos no son sino parte de un complejo y paradójico cambio de terribles consecuencias que se ha dado en la historia reciente de la humanidad. Después de la proclamación de los "derechos humanos" como derechos inherentes a cada persona y previos a toda Constitución o legislación particular, se ha caído en la asombrosa contradicción que representa la formulación masiva de leyes y disposiciones que niegan esos mismos derechos. Así, las leyes que deberían estar al servicio del ser humano, terminan volviéndose contra Él con una alarmante capacidad destructora.
Se llega así a la legalización de todo un conjunto de delitos contra la vida humana como la esterilización, el aborto, la fecundación in vitro, la eutanasia, y la producción de embriones humanos para la manipulación, experimentación o eliminación. Se llega incluso al extremo de concederles a estos mismos delitos el valor de derechos.
El enfoque jurídico que permite estas aberraciones legales suele presentarse como una cuestión de derecho positivo que responde a la traducción que se hace de la costumbre, a los datos estadísticos o a las opiniones dominantes que no pocas veces son manipuladas por los medios de comunicación. Se termina reduciendo la ley a una cuestión de mera convención, de decisión de las mayorías (o pseudo-mayorías que no son muchas veces más que el reflejo de grupos bien organizados que ejercen una fuerte presión sociológica). Así, opiniones o deseos particulares, terminan siendo erigidos como leyes para toda la comunidad política sin ningún fundamento distinto que la fuerza, la presión o el poder manipulador de quienes profesan dichas opiniones o deseos.
Esta realidad responde a una crisis en la comprensión de los fundamentos del derecho, crisis que tiene profundas raíces en un proceso histórico que se inicia quizá en el s. XVII cuando se propone ya la independencia del derecho respecto a cualquier ley o principio moral. Está crisis tiene como hitos fundamentales de su desarrollo el liberalismo ilustrado y el pensamiento positivista de los siglos XVIII y XIX así como el neopositivismo del s. XX.
Esta crisis refleja otra crisis más amplia y cuyo proceso de gestación histórica le ha servido como trasfondo y fundamento al anteriormente bosquejado. Se trata de una crisis en la comprensión de la verdad que ha sumergido a muchos hombres en el escepticismo respecto a la posibilidad de la razón de conocer la verdad y los ha llevado a buscar un refugio y un punto de referencia en el convencionalismo pragmático y utilitarista.
Para lograr la aprobación de estas leyes que se oponen a los derechos fundamentales de la persona y de la familia se recurre a diferentes argumentos y estrategias:
Un argumento muy común es el que podríamos llamar de "inevitabilidad social" a través del cual se busca justificar la legalización de un delito por el hecho de que se lo considera inevitable y casi una necesidad social. Se termina así, juzgando que una ley ya no debe regir por el hecho de que el número de infracciones que sufre la misma es muy alto. Lo correcto sería que cuando queda demostrada la inadaptación de una ley justa por el número de infracciones cometidas, la reacción correcta debería ser la de aplicarla con mayor eficacia y rigor.
Se utiliza la "fuerza sociológica" expresada en la mayoría o simplemente en la posesión de los medios de comunicación que terminan manejando a voluntad la opinión pública para imponer como leyes para todos las propias concepciones y opiniones que no pocas veces están en radical contradicción con el debido respeto al ser y a la dignidad de las personas. Así, la fuerza y no la razón, termina siendo el criterio de elección y de acción en lo que resulta ser una paradójica contradicción con los ideales históricos de la democracia y del Estado de derecho.
Se termina muchas veces legislando a través de decisiones judiciales que cediendo a las presiones externas o respondiendo al argumento de "inevitabilidad social" terminan transgrediendo el fuero de la interpretación y aplicación de la ley que les corresponde para caer en una especie de vaciamiento o eliminación de la ley por considerarla inaplicable en la práctica.
Muchas veces todo esto se lleva a cabo apelando a la indiferencia de las personas que las lleva a considerar aceptable o normal todo comportamiento abstrayéndolo de cualquier juicio o cuestionamiento moral. Al desaparecer toda referencia a valores universales y a una verdad absoluta todo se convierto en relativo y negociable, incluso el derecho del hombre a la vida.
Frente a esta realidad es necesario afirmar que hay crímenes que ninguna ley humana puede pretender legalizar, que existen leyes que el hombre no se da a sí mismo, que hay valores eternos y universales cuya validez no depende de un determinado contexto cultural o de una decisión de consenso o de la mayoría. El hombre tiene derechos innatos e inviolables que proceden de su propia naturaleza y que anteceden cualquier legislación o Estado de derecho, y que no dependen de ninguna autoridad humana. Ninguna institución política, ningún estado, ni ningún grupo de personas pueden pretender ponerse por encima de esos derechos ni sustituir la conciencia moral de los hombres. Como dice el Papa Juan Pablo II: Nuestra dignidad intrínseca y nuestros derechos fundamentales e inalienables no son el resultado de una convención social: preceden a todas las convenciones sociales y proporcionan las normas que determinan su validez (1).
El Derecho constitucional y las leyes de los estados deben estar siempre en conformidad con la ley moral inscrita en el corazón del hombre. Toda ley que no este en conformidad con las normas morales y por tanto con la naturaleza del hombre carece de toda validez jurídica y de toca capacidad de exigir acatamiento. La verdadera libertad de los hombres sólo puede darse en la verdad.
Frente a este oscuro panorama se hace necesario superar la crisis que atraviesa el derecho para reorientarlo en conformidad con los que deberían ser sus verdaderos fundamentos.
Es tarea fundamental de todos los hombres, y en particular de los legistas y juristas hacer un esfuerzo renovado por oponerse a todas aquellas leyes o proyectos de ley que pretenden ignorar o contradecir las verdades y normas fundamentales que brotan de la misma naturaleza del ser humano. Es necesario construir una nueva civilización jurídica que este verdaderamente fundada en las razones del bien común y en los principios morales universales inscritos por Dios en el corazón del hombre.
Esta modificación en las leyes y en las estructuras políticas debe ir acompañada por un cambio en la mentalidad y en las costumbres de las personas concretas, por una opción verdadera de cambio y conversión personal. Sólo así se podrá construir una verdadera cultura de la vida.
1. S.S. Juan Pablo II, Los obispos deben enseñar la verdad moral y testimoniar la ley inscrita en el corazón humano: Discurso al noveno grupo de obispos Estadounidenses, 27 de junio de 1998, 5. [Regresar]
Tomado de http://www.parresia.org/actualidad/act_01.htm