Las subvenciones públicas: ¿un negocio para algunos o una necesidad para todos?

 

 

Antes de nada, confieso que me gusta reposar los acontecimientos y, luego de digerirlos, reflexionar en el papel o en voz alta, porque pensar y obrar –obrar y pensar- es la suma de toda sabiduría. Sinceramente, reconozco, que los hechos acontecidos en Granada con motivo de la gala de clausura del Salón Internacional del Cómic,  subvencionados con dinero público, – o séase  con euros de todos-, donde se quemó a la Virgen de las Angustias, se volvió a cepillar a Federico y se fornicó como animales ante decenas de personas, entre los cuales estaban responsables políticos, en absoluto me coge de sorpresa. Vivimos en un mundo en el que un loco hace muchos locos, mientras que un sabio hace pocos sabios. Y a poco que se sepa, preocupan estos eventos, sobre todo por estar implicadas Administraciones públicas dejadas llevar por necios e ignorantes políticos de turno, que en vez de fomentar la cultura, atentan contra el buen gusto y estilo, contra la moral pública, contra el respeto debido a personas concretas significativas de nuestro pasado y de nuestro presente, contra la libertad religiosa y contra la dignidad de la sexualidad humana. Puesto que, la tesis de no saber lo que se iba a realizar no les exime de responsabilidad, al igual que la ignorancia de la norma no exime de su cumplimiento. ¿O es qué vamos a tener para el pueblo manga corta y para el político manga ancha?

 

Así las cosas, ciudadanos de a pie, creyentes o no creyentes, aquellos que llenaron hasta la bandera la Basílica el día de la vigilia de desagravio o esas mujeres por Granada que se reunieron en un conocido hotel para lanzar un urgente manifiesto, se preguntan, el por qué  o qué criterios se siguen para subvencionar estos bochornosos y mezquinos espectáculos. Por desgracia, esto no es nuevo. Se subvencionan publicaciones indignas que fomentan de todo menos cultura. Se premian asociaciones que lo de cultura solo lo llevan en el nombre. Hay dinero para eso, para mostrarnos lo animales que somos los unos contra los otros, menos para fomentar la auténtica cultura, la que dignifica a la persona, la que nos cultiva la buena educación del entendimiento.  El barniz que intentan ofrecernos determinadas administraciones es algo muy distinto a la cultura.

 

Hay una realidad. Con la constitución de 1978, el régimen de ayudas públicas ha ido creciendo. No sólo alcanza a los más amplios sectores (agricultura, minas, flota pesquera, vivienda, desarrollo regional, acceso al trabajo…), también a otros, como la cultura o el ocio. Esto que en un principio podría ser saludable para un país, se vuelve contra todos nosotros, si hacemos un mal uso de esa subvención, ya que se corre un evidente riesgo del agotamiento de los recursos públicos, generando endeudamientos excesivos difíciles de paliar con subidas de impuestos que ya soportamos masivamente. Porque nuestros políticos, a parte de no hacer cultura, suelen –en su mayoría- derrochar más de lo debido. Cuando el mando no es un anexo de la ejemplaridad, es como pedir peras al olmo.

 

Por ello, creo de vital importancia, revisar el actual régimen de subvenciones públicas, reglamentando de manera contundente las obligaciones que ha de cumplir el administrado para que disfrute de una subvención; así como el establecimiento de duras penalizaciones tanto para el administrado que incumpliere como para el responsable, o responsables, de la administración. Claro, tampoco se entiende, que los altos cargos de la Administración, tengan porque ser políticos o muy similares, puesto que se nombran por libre designación y no por concurso de méritos como sería lo meritorio. El Estado no puede ser un donatario, donar dinero a todos y para todo. La vaca también se seca. Y si a esto, añadimos la donación a programas y eventos indignos, que atacan a la sana convivencia y dignidad humana, alzando falsos conceptos de libertad, cultura y arte, apaga y vámonos. De ahí, que sea tan importante, acrecentar el plus de la responsabilidad de las instituciones públicas, pues, han de defender la generalidad del bien común.

 

En todo caso, conviene tener en cuenta que la subvención es un título de intervención en la que la Administración asigna unos recursos públicos destinados a un fin de interés público y no a un interés político, como sucede tantas veces; ocasionando por eso mal uso, que el fomento deje de ser una técnica de persuasión o estímulo –como puede ser el de cultivar la cultura- para convertirse en algo perverso, donde el refranero se hace realidad: “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Aquí todo el mundo chupa, porque tal vez los que más chupan son los que han de dar ejemplo. Ahí está el problema. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Nuestros políticos se pierden. Y en vez de legislar, analizan si es políticamente correcto, cortar el grifo. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, dice más de uno. Claro que sí. Y si no gano, más de uno, que ha hecho de la política su medio de vida y no de servicio, se queda al paro, viviendo de las rentas o de la “mamada”. ¡Qué mundo, facundo!.

 

Considero, pues, como resolución o remate de todo lo dicho, que el régimen de ayudas públicas, constitucionalmente concebido como vehículo destinado al progreso y bienestar de la sociedad y a la elevación del nivel económico y espiritual del país, debe examinarse y desmenuzarse, en beneficio de la eficacia y de la eficiencia, para no perder el norte. A lo mejor, insisto, no es lo políticamente correcto, pero sí es lo honestamente saludable para un Estado que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igual y el pluralismo político. Es hora de empezar. Se pide a gritos.

 

Víctor Corcoba

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