Reunidos en asamblea plenaria, en este Año jubilar, y movidos por la certeza de que el Señor resucitado acompaña a su pueblo en sus aspiraciones de paz, libertad y desarrollo, los obispos de Colombia hemos reflexionado sobre la situación actual de nuestro país.

En nuestras reflexiones hemos tenido muy presentes las palabras del Papa Juan Pablo II: «Habrá paz en la medida en que toda la humanidad sepa redescubrir su originaria vocación a ser una sola familia, en la que la dignidad y los derechos de las personas -de cualquier estado, raza o religión- sean reconocidos como anteriores y preeminentes respecto a cualquier diferencia o especificidad» (Mensaje para la Jornada mundial de la paz, 1 de enero de 2000, n. 5).

Inspirándonos en las frases pontificias nos hemos detenido a examinar algunos aspectos de la realidad colombiana. Nuestra mirada es preferentemente pastoral. En una realidad de por sí ambivalente tratamos de descubrir los signos de la presencia de Dios en nuestra historia, llena de vestigios de muerte, pero también plena de señales de esperanza cristiana. Buscamos proponer caminos viables de acuerdo con los principios evangélicos, el pensamiento social de la Iglesia y las exigencias cristianas de la justicia.

UNA MIRADA A COLOMBIA

Dimensión de la dignidad humana

Crece la conciencia en nuestro pueblo de promover y defender los derechos humanos y de exigir que se garantice su cumplimiento.

Se han incrementado los organismos no gubernamentales de derechos humanos.

Se hacen esfuerzos por el fortalecimiento de la administración de la justicia y sus acciones en favor de los derechos humanos por parte del Estado.

Ante la urgencia de una mejor atención a las personas detenidas en las cárceles, la Conferencia episcopal ha presentado un proyecto de ley de rebaja de penas. Igualmente ha ofrecido elementos que contribuyan a la solución del problema penitenciario y brinda a las personas privadas de la libertad la posibilidad de recuperar su dignidad y la unidad familiar.

Frente a las diversas situaciones que evidencian atentados contra la dignidad de la persona humana y contradicen el plan de Dios, la Iglesia ha dado respuesta a través de la acción social con las poblaciones desplazadas, apoyo a la comunidades negras, indígenas y marginadas en la defensa de los derechos colectivos. Estas acciones se realizan a través de proyectos concretos en las diferentes regiones del territorio nacional.

Constatamos con dolor la crisis de respeto por la dignidad de cada hombre y mujer de nuestra tierra colombiana. Hay un aumento de acciones que lesionan gravemente las aspiraciones de nuestros hermanos y hermanas a vivir de acuerdo con la dignidad que Dios nos ha dado. Nos preocupa la permanente violación a la integridad de la persona humana, manifestada en la desaparición forzada, tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, por aquellos que prefieren utilizar la vía armada para imponer sus intereses y no a través de la razón y el diálogo.

El derecho fundamental a la vida ha sido uno de los más afectados en los últimos años, a través de asesinatos individuales o colectivos, ya sea por móviles políticos o motivaciones de «limpieza social». Hay, además, un incremento preocupante en el número de masacres. Frente a estas violaciones, a pesar de esfuerzos en esa línea, impera la impunidad, pues los organismos judiciales de investigación no han logrado, en la mayoría de los casos, establecer las responsabilidades intelectuales y materiales de los hechos.

Es alarmante el avance de los grupos de autodefensa por todo el territorio nacional. La crueldad y sevicia de sus acciones ha contribuido a la degradación del conflicto armado. Merecen iguales calificativos las acciones de los grupos insurgentes, que con sus atentados terroristas contradicen su voluntad de paz.

Muchos hermanos y hermanas han tenido que abandonar sus hogares, víctimas de la amenaza de los grupos armados. Otros son víctimas del secuestro, la extorsión y las diferentes formas de violación de los derechos humanos, expresión de una crueldad que nos muestra hasta qué punto ha llegado la degradación del conflicto. El secuestro y el reclutamiento de niños para la guerra son prácticas aberrantes, que además atentan contra el futuro de la nación. De igual manera constatamos la ausencia notoria del Estado en la protección de los derechos fundamentales de los niños.

Dimensión política

Hay una convicción cada vez mayor, por parte de grandes sectores de la sociedad, de asumir la política como una obra colectiva. Encontramos dirigentes y grupos que trabajan en la construcción de la nación y la definición de los mecanismos que aseguran que todas las estructuras e instituciones políticas estén efectivamente al servicio del bien Común y no de los intereses particulares de algunos dirigentes.

El país es cada vez más consciente de la necesidad de erradicar definitivamente la corrupción, tanto política y administrativa como privada. Hay campañas educativas y los diferentes mecanismos de control y participación que contribuyen a la construcción de una cultura ética de lo público.

La dificultad de gobernabilidad, es decir, del cumplimiento de las funciones básicas del Estado, inherentes a su naturaleza, que se manifiesta en el debilitamiento de su función social y de su capacidad de cubrir eficientemente todo el territorio y todos los sectores de la población colombiana.

En la administración pública la corrupción se expresa en la apropiación que hacen los funcionarios del Estado y los particulares de los recursos públicos destinados a satisfacer el bienestar de la comunidad, como la contratación indebida, el soborno a los funcionarios públicos, el tráfico de influencias, la desviación del presupuesto público, entre otras.

La corrupción política ha llevado progresivamente a la degradación de esa actividad a través del clientelismo, la compra de votos, la apatía en los procesos electorales y la ausencia de una cultura política que permita a los ciudadanos elegir a los mejores. La corrupción se extiende también al sector privado, mostrando la carencia de valores morales y el vacío ético en la sociedad colombiana.

Constatamos igualmente la crisis de los partidos políticos que, por su naturaleza, deben ser los canales de comunicación entre las demandas de la sociedad y el Estado, para hacer realidad el Estado social de derecho. Recae sobre ellos una percepción negativa de la opinión que cada vez los identifica más como microempresas electorales, que utilizan los dineros públicos para asegurarse en el poder y satisfacer intereses particulares.

Observamos la escasa participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y en la actividad política. Todavía no estamos ejerciendo suficientemente los derechos de participación que nos conceden la Constitución y la ley.

Dimensión económica

Valoramos el esfuerzo de comunidades que se organizan para sacar adelante proyectos productivos que generan empleo.

A nivel regional avanzan positivamente programas de desarrollo integral que fomentan la participación de la comunidad y la construcción de lo público.

Gracias a la educación y la preocupación de la academia, Colombia cuenta con un gran capital humano deseoso de contribuir con su trabajo al progreso del país.

La crisis de la economía tiene que ver con la aplicación, desde la década de 1990, del modelo de desarrollo neoliberal en Colombia que ha generado consecuencias negativas para la vida de los colombianos. La liberalización completa de las importaciones y los cambios técnicos y administrativos en varias empresas han ocasionado la reducción en las plantas de personal. Es escandaloso el índice de desempleo en Colombia, que asciende ya al 20%, equivalente a tres millones de personas aproximadamente.

Se ha incrementado notoriamente la pobreza. Un gran número de familias carece de recursos suficientes para la vivienda y los servicios básicos; con mayor razón para la salud y la educación. «En el inicio de un nuevo siglo, la pobreza de miles de millones de hombres y mujeres es la cuestión que, más que cualquier otra, interpela nuestra conciencia humana y cristiana» (Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada mundial de la paz, 1 de enero de 2000, n. 14).

La inequidad es uno de los grandes retos de la nación. Al lado de una minoría económicamente próspera viven millones de hombres y mujeres excluidos de los beneficios sociales. La situación de exclusión social, tanto en el campo como en la ciudad, es un reto a la conciencia nacional.

El narcotráfico ha distorsionado la economía nacional y ha sido un factor generador de corrupción y violencia y, por lo tanto, de destrucción social.

El rápido crecimiento de la deuda externa colombiana se constituye en un grave obstáculo para el desarrollo económico, los esfuerzos hechos para responder por los compromisos internacionales del país no se han conciliado con las apremiantes soluciones que reclaman los amplios sectores de nuestra sociedad que permanecen en la exclusión y la pobreza.

Búsqueda de la paz

Existe un consenso en un gran número de colombianos sobre el diálogo como alternativa frente a la violencia que ha vivido el país durante décadas. En este sentido, la Conferencia episcopal de Colombia apoya decididamente el camino de la solución integral, concertada y pacífica del conflicto armado.

Aparecen signos de avance en el proceso de negociación con las FARC-EP. La definición de agenda común y las audiencias públicas hacen pensar que este proceso se encuentra por buen camino. Existe buena voluntad para encontrar definitivamente posibilidades del proceso de paz con el ELN. El apoyo de la comunidad internacional fortalece estas iniciativas y aumenta los lazos de confianza entre las partes involucradas en el conflicto.

Desde una opción de fe, numerosas comunidades han tomado distancia y han ganado autonomía frente a los actores del conflicto armado. Surgen así diversas modalidades de convivencia pacífica como territorios y comunidades de paz, alentadas por la solidaridad nacional e internacional.

Es evidente el esfuerzo de Organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y comunidades organizadas, que promueven el valor fundamental de la persona y sus derechos, la participación ciudadana, el derecho internacional humanitario; la educación para la paz y la convivencia civilizada, la solidaridad con los desplazados por el conflicto interno armado; el apoyo a comunidades campesinas en la solución a los problemas que ellas afrontan y todas las actividades conducentes a la conquista de la paz en Colombia.

La complejidad del conflicto armado dificulta la apreciación global y objetiva del mismo, en cuanto tiene relación, entre otros, con procesos históricos de exclusión, inequidad, ausencia del Estado frente a las demandas sociales, falta de oportunidades, desempleo, corrupción, causas que requieren el aporte de la ciudadanía para la construcción de la paz con justicia social.

La realidad creciente de la violencia alimentada por la impunidad del delito va instalándose con mayor intensidad en nuestra sociedad, destruyéndola continuamente. Miramos con dolor el costo de vidas humanas que deja a diario la confrontación armada. Nos duele la crueldad con la que son abatidos los agentes al servicio del Estado, guerrilleros y paramilitares, todos ellos miembros de la familia colombiana.

El sufrimiento de tantas familias, el creciente número de desplazados por la violencia y la destrucción de la estructura económica provocan angustia y rechazo en los colombianos. El pueblo anhela ver los signos de paz propios del proceso que se ha iniciado; en lugar de estos se dan acciones bélicas, hostigamientos, violaciones a los derechos humanos que afectan a la población civil. Es la paradoja del momento de esperanza que vivimos.

El secuestro, especialmente el de los niños, y la desaparición forzada de personas son hechos que claman al cielo, por tratarse de delitos de lesa humanidad en los que, además del irrespeto a la persona humana, no parece importar el dolor y el daño irreversible que se causa a familias y comunidades.

Dolorosamente tenemos que decir que nos hemos acostumbrado a convivir con la muerte y el terror. La ausencia de solidaridad y la indiferencia del resto de la nación se hace cada vez más intensa.

En las zonas con fuerte presencia de actores del conflicto armado las comunidades han perdido progresivamente su autonomía y su capacidad de ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

Cooperación internacional para la paz

Hay una conciencia creciente en Colombia sobre la importancia del aporte de la comunidad internacional al proceso colombiano. La presencia internacional ha servido para aprender de otros procesos de reconciliación y descubrir caminos para la construcción de una paz global. Nuestro pueblo ha descubierto la globalización de la solidaridad y del compromiso por la vida, la justicia y la paz.

Hemos vivido de cerca la presencia y solidaridad de la Iglesia universal, del Santo Padre Juan Pablo II, y su permanente interés por la paz de Colombia. La Iglesia católica en América Latina, Norte América y Europa mantiene nexos de solidaridad muy cercanos con nuestro país. Así mismo constatamos la cercanía y la presencia de los gobiernos amigos de Colombia, de sus embajadas, organismos de cooperación y de paz.

El narcotráfico se ha convertido en nuestro país en una de las principales causas de destrucción social, de financiación de la guerra y de vergüenza ante la comunidad internacional. A pesar de la lucha antinarcóticos crecen los cultivos ilícitos en casi todo el territorio nacional. El narcotráfico produce una desintegración social del país y crea una cultura de la ilegalidad, del dinero fácil y es causa fundamental de corrupción.

A pesar de que existen los criterios sobre los cultivos ilícitos que se van a erradicar en primera instancia (cultivos industriales), no se ven claramente delineadas las políticas y estrategias para la sustitución de los cultivos a menor escala. Nos preocupan los métodos que se van a utilizar para erradicar los cultivos ilícitos, iniciando las fumigaciones en el sur del país, y la falta de seguridad sobre sus efectos nocivos tanto en la vida humana como en el ambiente.

Nos alarma el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país, porque complica más el conflicto armado y aumenta los homicidios de miles de personas a causa de estas armas provenientes de países desarrollados.

ILUMINACIÓN DOCTRINAL

Con la fuerza del Evangelio proclamamos «la verdad sobre el hombre». Reafirmamos la dignidad fundamental de la persona humana como fuente y origen de todos los derechos humanos. Para nosotros, los católicos, toda vida humana es sagrada, aun la vida de los culpables, de los asesinos y del enemigo. Optamos por la vida y queremos que en nuestro país se construyan estructuras de vida. El mandamiento «no matarás» es de obligatorio cumplimiento. Fundamentamos este principio inalienable en el Dios de la vida y en su Hijo Jesucristo, quien vino para que tengamos vida en abundancia (cf. Jn 10, 10).

Una vez más proclamamos la verdad como fuerza de la paz. «Promover la verdad como fuerza de la paz es emprender un esfuerzo constante por no utilizar nosotros mismos, aunque fuese para el bien, las armas de la mentira» (Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada mundial de la paz, 1 de enero de 1980).

Desde la doctrina social de la Iglesia concebimos la política como una dimensión englobante en las relaciones sociales, puesto que tiene como fin el bienestar de la comunidad. De igual manera, afirmamos la importancia de la ética de lo público como el conjunto de valores que el Estado debe tutelar. En consecuencia, a través de los dispositivos jurídicos, debe obligar a los servidores públicos y a los particulares a gestionar el Estado de acuerdo con los cometidos y fines esenciales del mismo: garantizar a todos los colombianos la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades fundamentales.

Teniendo en cuenta los elementos planteados por el Santo Padre sobre el fundamento de las democracias del siglo XXI, caracterizadas por la pluralidad cultural, religiosa y ética, reafirmamos los derechos humanos como el fundamento del reconocimiento de toda persona y de la cohesión social. Corresponde a todos, y en primer lugar a las instituciones públicas, garantizar eficazmente estos derechos que se derivan directamente de nuestra dignidad natural y que por esta razón son integrales, universales, inalienables e inviolables. Entre esos derechos el primero es el «derecho a la existencia y al respeto de la vida, así como el apoyo a la familia, célula básica de la sociedad» (Juan Pablo II).

Estos son los principios sobre los cuales se debe edificar un modelo de desarrollo económico fundado en la solidaridad, la equidad y el bien común; la persona humana debe ser el eje y el centro de la actividad económica. La economía debe ser concebida al servicio del hombre y la mujer, para crear igualdad de derechos para todos, combatir las discriminaciones, librar al hombre de la esclavitud, hacerlo gestor de su propio desarrollo, de su progreso moral y de su crecimiento espiritual, La Iglesia no puede admitir un modelo económico que, como el neoliberalismo, excluye de por sí parte de la población o la somete al empobrecimiento progresivo. Hoy más que nunca se impone la urgencia de cultivar la conciencia de los valores morales universales para superar el vacío ético existente en nuestra sociedad colombiana.

De acuerdo con las enseñanzas de Su Santidad Juan Pablo II, reafirmamos que en Colombia no habrá verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. «Las injusticias, las desigualdades excesivas de carácter económico o social, la envidia, la desconfianza y el orgullo, que existen entre los hombres y las naciones, amenazan sin cesar la paz y causan las guerras. Todo lo que se hace para eliminar estos desórdenes contribuye a construir la paz y evitar la guerra» (Juan Pablo II).

LLAMADOS PROFÉTICOS

Rechazamos una vez más:

La violencia en todas sus formas, venga de donde viniere, ya sea de la insurgencia, de las autodefensas, del Estado o de la delincuencia común. Igualmente la mentira que siempre va unida a ella. Como una de las formas más crueles de violencia condenamos el secuestro, la extorsión, los atentados terroristas, las masacres y asesinatos selectivos, la destrucción de poblaciones enteras, los hostigamientos y tantas otras formas de violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

El narcotráfico, en todas sus formas y su horrorosa cadena. Los narcotraficantes son verdaderamente traficantes de la muerte.

La corrupción, en todas sus manifestaciones, tanto públicas como privadas. La apropiación de los recursos económicos atenta contra la posibilidad de que el Estado atienda a los sectores más desfavorecidos y es generadora de otras formas de violencia.

El tráfico de armas, que favorece la perniciosa conspiración de los enemigos de la paz.

Exigimos:

Al Estado colombiano realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar a las víctimas y a sus familiares el derecho pleno a la justicia, a las investigaciones judiciales y, de esta manera, el establecimiento del derecho fundamental a la verdad sobre los hechos, a la identificación y sanción moral y material de los responsables, y a la reparación integral en todos los casos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

El avance en las negociaciones de paz y, urgiendo a las partes en conflicto, el cese al fuego y a las hostilidades, respondiendo a las exigencias de la sociedad.

Que los actores en conflicto asuman definitivamente las normas del derecho internacional humanitario y, en general, los derechos fundamentales de la persona. Nos unimos al clamor popular que exige la liberación de todos los secuestrados.

Convocamos:

A todo el pueblo de Dios, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a unirnos en un frente común por la vida, la justicia y la paz. Sólo así podremos lograr la vigencia de una verdadera democracia que «asegure la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y les garantice la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica» (Centesimus annus, 46).

A unirnos todos en jornadas de oración, en los hogares, las parroquias y las iglesias particulares, para pedir por la paz y la reconciliación de los colombianos.

Invitamos:

A las organizaciones sociales a buscar el establecimiento de reformas a la actual legislación penal, civil, administrativa y sus procedimientos, con el fin de establecer normas efectivas para la descongestión y efectividad judicial, y garantizar en todo caso el derecho a la justicia y las garantías fundamentales de la defensa y el debido proceso de todos los ciudadanos.

A una solidaridad internacional que dé prioridad a la solución pacífica del conflicto armado, que permita crear un modelo de desarrollo humano integral y solidario y que abra espacios para la participación democrática de la ciudadanía.

A la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico a realizar: el control de la exportación de insumos necesarios para la producción de los narcóticos; el control al consumo de drogas en sus propios países; el control del dinero producido por el narcotráfico.

A la comunidad internacional a prestar una excelente ayuda ala paz de Colombia a través del control del tráfico de armas desde sus países.

Nos comprometemos:

A continuar decididamente con la evangelización integral propia de nuestra misión, para que, a partir del anuncio de Jesucristo y de la proclamación de la dignidad de la persona humana, conformemos comunidades evangelizadas y evangelizadoras, fermentos de trabajo para la solidaridad, la justicia y la construcción de la paz.

A contribuir a la solución pacífica del conflicto armado, desde nuestro ámbito, mediante:

- La denuncia permanente de todas las formas violatorias de los derechos humanos, vengan de donde vinieren.

- El apoyo a la Comisión de conciliación nacional y a todas las instancias en las cuales está comprometida la Conferencia episcopal colombiana en búsqueda de una solución negociada del conflicto armado colombiano.

- Promover, apoyar y defender zonas, comunidades y territorios de paz que permitan a la sociedad civil permanecer fuera del conflicto, protegida de los horrores de la guerra.

- La creación y fortalecimiento de comisiones parroquiales, diocesanas y regionales de vida, justicia y paz para que faciliten el diálogo, promuevan mesas de trabajo sobre la paz, desarrollen labores humanitarias con la población civil afectada por el conflicto y logren acuerdos humanitarios, locales y regionales.

- El apoyo a la mediación y aun a la verificación internacional que se juzgue necesaria para el logro de negociaciones que conduzcan eficazmente a una paz justa y verdadera.

Desde nuestro encuentro con Jesucristo, camino de conversión, comunión y solidaridad, en esta LXIX asamblea plenaria ordinaria del Episcopado colombiano, ofrecemos el Evangelio de la reconciliación que genera una nueva cultura ética. Así comprendemos que el bien del país, el bien común, nos pertenece a todos. Así crearemos una nueva cultura política en la que todos los ciudadanos del nuevo milenio nos comprometamos con la comunidad, con la historia, con los diversos procesos de cambio que necesita el país. El resultado ha de ser una cultura de paz, que no puede confundirse con la sola superación del conflicto armado, sino que llega a manifestarse en un clima de respeto a los derechos de cada uno. Nacerá un ambiente reconciliado y reconciliador para todos.

Pedimos a Jesucristo, Príncipe de la paz, para que él conceda a cada familia, a cada comunidad, vereda, barrio y municipio poder avanzar en el respeto por la vida y la dignidad de cada uno de los que habitamos esta tierra.

Que Santa María de la Esperanza mantenga el ritmo de nuestra espera, nos haga generosos cooperadores de Cristo y de su Iglesia en la nueva evangelización, base firme de la restauración de nuestra patria.

Al concluir nuestro encuentro episcopal, peregrinamos a Angostura para colocar el fruto de nuestro trabajo bajo la intercesión del beato Mariano de Jesús Euse Hoyos, modelo de párroco comprometido con la vida de su pueblo y proclamado don de paz.

Santafé de Bógotá, D.C., 7 de julio de 2000