II

CONSTITUCIÓN CRISTIANA DEL ESTADO. DEBERES CIVILES

El cristianismo, en cambio, no ve en el Estado el último fin del hombre, sino sólo un importante ministro (diákonos, Rom 13, 4 s), con cuyos servicios consigue el hombre su bienestar temporal, el cual, a su vez, no es sino un medio para alcanzar su último fin. El Estado no es un fin en sí mismo. En principio, no existe el hombre para el Estado, sino el Estado para el hombre; en primer lugar, por que el hombre tiene un destino personal y eterno, que trasciende todo lo terreno, y por ende, su existencia dentro de la sociedad política; segundo, la familia es "anterior al Estado"; tercero, el individuo y la familia tienen derechos inalienables, que el Estado no puede usurpar, "derechos fundamentales^", que en la mayoría de los Estados modernos, lejos de haber sido abolidos por los derechos constitucionales, han quedado garantizados, aunque sólo sea en forma parcial y poco satisfactoria; cuarto, el hombre, esencialmente ordenado a la sociedad, tiene el derecho de agruparse en otras comunidades y sociedades preestatales que persigan fines religiosos, morales, culturales o económicos.

El Estado debe respetar y proteger en sus derechos y funciones no sólo la familia, que le es anterior, y las demás organizaciones sociales independientes, sino también las entidades o agrupaciones regionales que le están subordinadas.

Claro está que el Estado tiene una gran ventaja sobre las demás sociedades naturales, y es el ser soberano, o sea independiente de cualquier otro señor terreno, al paso que las demás sociedades naturales le están sometidas en una u otra forma. Y por eso precisamente el Estado debe completar subsidiariamente las comunidades y sociedades que le están subordinadas; tiene que velar porque no traspasen sus derechos ni falten a sus deberes ; y esto debe realizarlo no como un tutor, sino como aliado, guardián y juez.

El Estado es una institución establecida por Dios al crear la naturaleza humana (cf. Rom 13, 1). No depende ni dependió nunca del capricho del hombre el organizarse o no en Estado o sociedad (contrariamente a la teoría del contrato social). El Estado es una corporación orgánica y por naturaleza necesaria, sin la cual los hombres no podrían vivir juntos en paz y en orden, con justicia y prosperidad.

El Estado no es una simple organización de policía ordenada a velar por los individuos independientes, como quería el liberalismo extremo. Es una organización para procurar el bien común, velando por los derechos de todos y promoviendo el bienestar y la cultura.

a) El Estado, defensor del derecho

Tampoco debe ni puede el Estado obligar por la violencia y so pena de castigo a la perfección del bien; _,de lo contrario, se convertiría en un insoportable tutor de toda la existencia. Lo que sí puede en principio hacer es acoger en sus leyes y sancionar cuanto Dios ha ordenado; pero absteniéndose de llevar su vigilancia y su poder coercitivo más allá de lo que exige el bien común, el orden y la paz, y la necesaria defensa de los derechos fundamentales de la persona, la familia o la Iglesia.

Deber especial suyo es proteger a los humildes contra la arbitrariedad de los poderosos; en esa línea tiene hoy sobre todo el sagrado deber de defender a los más débiles, cuales son los no nacidos, contra los instintos sanguinarios de los más fuertes.

b) El Estado, promotor del bienestar

El Estado debe promover el bien general, y por él, y subordinado a él, también el bien particular de los individuos. Para ello dictará una legislación que proteja eficazmente los derechos de todos. Le incumbe especialmente la función social de vigilar la propiedad. Así, cuando el bien común lo exige, puede intervenir para modificar la proporción de la propiedad privada de los ciudadanos, en defensa de los que sucumben a los golpes de la existencia. El Estado tiene que distribuir equitativamente las cargas, obligaciones y ventajas, teniendo en cuenta, en lo posible, a los menos favorecidos social y económicamente. Faltaría gravemente a su deber si, en la pugna por los intereses, se pusiera de parte de los fuertes. Uno de los campos más importantes a que ha de llevar su atención, es la salubridad pública. Grandes son los resultados obtenidos por los Estados modernos en la lucha contra las enfermedades contagiosas.

Puede tolerarse, sin embargo, que, a veces, para evitar graves disensiones, el Estado patrocine sólo aquellas verdades generalmente aceptadas por los principales grupos ideológicos de la nación, reconociendo, en la práctica, iguales derechos a las demás doctrinas.

La autoridad política, lo mismo que el propio Estado, es una necesidad natural, no invento del capricho humano; de ahí que deba decirse que el poder viene de Dios. Así Cristo dijo a Pilatos : ^"No tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido concedido de lo alto^" (Ioh 19, 11) ; y san Pablo enseña : ^"No hay autoridad que no venga de Dios; las que existen, por Dios han sido ordenadas^" (Rom 13, 1).

Si la tesis ^"todo poder viene del pueblo^" pretendiese contradecir a las palabras de san Pablo, sería sencillamente una herejía. Pero dicha frase no significa necesariamente eso, ni es tampoco ese el significado que ordinariamente se le da. Ante todo, debe precisarse que no ha de tomarse como respuesta a esta pregunta: "¿De dónde procede la autoridad del Estado como tal?", sino a esta otra: "¿De dónde proviene la autoridad que tal o cual persona ejerce dentro del Estado?^" Cono respuesta a esta interrogación, significa: "Su poder para gobernar viene de la voluntad expresa, o por lo menos del consentimiento voluntario de los ciudadanos^".

La Iglesia ha sostenido siempre que, de suyo y conforme a la ley divina, todas las formas tradicionales de gobierno son posibles: monarquía, aristocracia, democracia. "Con tal que se respete la justicia, los pueblos pueden adoptar aquellas formas de gobierno que más se adapten a su idiosincrasia, a sus tradiciones y costumbres^".

La tiranía absoluta (en su acepción clásica) es evidentemente inaceptable. Hoy se designa con otro mote: Estado totalitario, el cual traspasa arbitrariamente todos sus límites. Cuestión distinta es si puede ser calificado con justicia de Estado totalitario el que priva temporalmente al pueblo del derecho de gobernarse democráticamente, escogiendo a sus mandatarios, cuando sólo se propone evitar que el mismo pueblo, conducido por demagogos, labre su propia ruina. Lo que importa en cualquier forma de gobierno es que la autoridad respete la ley y las obligaciones puestas por Dios y cumpla sus deberes con toda diligencia.

Los estadistas y gobernantes íntegros no vacilan en dejar el puesto a otro, o en cambiar de régimen cuando el pueblo lo exige legítimamente.

Cuanto más se desarrolla en un pueblo el espíritu público, mejor puede ejercer. sus derechos en la designación del mandatario y en la vigilancia de su actividad. Prácticamente, el derecho de los individuos y de las corporaciones no se extiende más allá de su capacidad para asumir responsabilidades. El cambio de la constitución del Estado y con ella el de la forma de elegir al mandatario, sólo puede llevarse a cabo teniendo ante los ojos el bien común. Sólo a los pueblos realmente maduros y responsables les aprovecha plenamente la forma de gobierno estrictamente democrática.

4. Poderes del Estado

Desde Montesquieu se ha impuesto la división tripartita del poder en legislativo, ejecutivo y judicial. De hecho, la división del poder es posible, y hasta cierto punto deseable. En los regímenes democráticos, se reserva al Parlamento el poder legislativo, al gobierno el ejecutivo (junto con el derecho de presentar los proyectos de ley, al menos cuando no son gobiernos puramente decorativos). El poder judicial administra la justicia independientemente del Parlamento y del gobierno, pero conforme a las leyes dictadas por éstos. En el poder judicial se incluye necesariamente el poder coercitivo (cf. Rom 13, 3 _s), el cual requiere, para ser eficaz, el poder policíaco, que está, sin embargo, bajo las órdenes del ejecutivo. El poder policíaco vela por la paz interna y obra contra los enemigos internos del orden; el poder militar está encargado principalmente de la defensa de los derechos soberanos de la nación frente a los demás estados y de mantener con ellos la paz.

El poder coercitivo, junto con el de declarar la guerra, afecta profundamente los derechos de los ciudadanos, y aun su existencia física y corporal; por eso a menudo se ha negado al Estado, si no el derecho coercitivo en general, sí el de la pena de muerte y el de la guerra sangrienta.

a) Derecho del Estado a infligir pena de muerte

Buen número de Estados han suprimido la pena de muerte por consideraciones de principio. Generalmente se alega que es inhumana, o que el Estado no tiene el derecho de vida y muerte sobre sus súbditos.

Ya en el capítulo 35 de Números, que es el que proporciona los más fuertes argumentos en pro de la pena de muerte, se dice que sólo puede imponerse "a deposición de testigos" ; y que ^"un testigo solo no basta para deponer contra uno y condenarle a muerte" (ibid. 35, 30).

Desaparece uno de los motivos principales para aplicar la pena de muerte cuando se puede comprobar que su abolición no debilita en el pueblo el sentido de la justicia y no se multiplican los crímenes. Pues, en definitiva, lo que justifica la pena de muerte es la recta apreciación del bien común y el robustecimiento del sentido de la justicia. En cuanto al argumento sacado de la necesidad de imponer una justa expiación, diremos que no prueba necesariamente, pues la debida reparación queda reservada al juicio de Dios, y cualquier otro castigo es también expiatorio.

No debe uno poner el grito en el cielo y apelar a la sagrada Escritura, porque un Estado renuncia, al menos temporalmente, a la aplicación de la pena de muerte, sobre todo en estos tiempos en que hemos visto Estados practicar el asesinato en masa o jugar a su capricho con las vidas humanas.

Es inadmisible que el Estado lleve sus contemplaciones hasta la completa impunidad, por ejemplo, de los que practican el infanticidio a sangre fría, o asesinan sin compasión inocentes criaturas en el seno de sus madres.

b) El derecho de guerra

1) La guerra ha de ser el último y supremo recurso que ha de emplear el gobierno (ultima ratio regis) en la solución de las diferencias, y después de haber agotado todos los medios humanamente aceptables.

Pero ni siquiera la guerra defensiva, sobre todo dada la crueldad de los métodos modernos, puede justificarse moralmente si de antemano se puede prever que los males que causará al pueblo serán mayores que los que sufriría cayendo en manos del enemigo.

Tampoco se justifica la guerra defensiva cuando el agresor, con la amenaza o el ataque, reclama algún derecho realmente existente, aun en el supuesto de que no fuera la guerra el medio justo de reclamarlo.

El pacifismo absoluto, el no ofrecer al enemigo resistencia alguna, sólo serviría para dar más alas a la osadía de un mal vecino.

"Si al derecho se le priva final e incondicionalmente del recurso a la fuerza, no se consigue sino que la fuerza oprima impunemente al derecho; y con ello no se conseguirá sino que la humanidad caiga en el desorden más espantoso de la opresión moral"_.

Dados los horrores de la guerra moderna, será indudablemente difícil hallar motivos que justifiquen con toda evidencia una guerra ofensiva. Por guerra ofensiva no entendemos el adelantarse a un adversario que ciertamente ha preparado y decidido un ataque injusto. Pueden presentarse circunstancias que justifiquen una "guerra santa" contra una potencia que abusara de su poderío y conculcara brutalmente los derechos fundamentales naturales de su pueblo y de sus vecinos; sobre todo si dicha potencia pretendiera imponer ese régimen de violencia a los demás pueblos que gozan de libertad. Es preferible que mueran muchos en el campo de batalla, a que toda una nación quede sometida a la esclavitud y a la corrupción. Mas para que tal guerra fuese lícita, habría que suponer que los pueblos que la emprenden persiguen una santa finalidad, como sería el librar a los pueblos del yugo de la esclavitud, no el imponerles una nueva coyunda. Además debería existir una fundada esperanza de que el mal no aumentaría con la guerra.

Hoy día no se puede sostener que sea moralmente lícita una guerra ofensiva para reparar el honor mancillado, pues la nación puede defender o reparar su honor por otros medios distintos que derramando sangre. Así como no es lícito a dos personas batirse en duelo para lavar el honor, tampoco es lícito el duelo mucho más sangriento entre dos pueblos.

Ni por simples ventajas materiales, o por cuestiones territoriales, ni siquiera por derechos de soberanía puede un pueblo empeñarse tan a fondo en una guerra, como si se tratase de su supervivencia. Una guerra sólo se justifica por perjuicios que perturben más profundamente el bien común que las malas consecuencias que pueden preverse o temerse de la contienda armada, suponiendo, además, que la causa sea justa en sí misma.

Los jefes han de estar siempre dispuestos a un arreglo justo y pacífico. Quien exige la rendición incondicional al enemigo que pide negociaciones, perpetra un enorme crimen contra sus propios soldados, al imponerles inútilmente un mayor número de víctimas; y además comete una grave injusticia contra la nación enemiga, a la que pretende arrebatar todo derecho. Fuera del caso de un encargo directo de Dios, ningún pueblo tiene derecho a aniquilar a otro. Cuestión distinta es el saber si un pueblo o una comunidad de pueblos tiene o no el derecho de imponer sanciones por motivos graves. Podría reconocerse tal derecho a un organismo internacional que ejerciera una autoridad moral realmente neutral, no a una mancomunidad de estados beligerantes, que se han propuesto arruinar a determinados pueblos.

Cualesquiera actos de violencia (arrestos y matanzas, devastaciones) que no parezcan necesarios para conseguir la finalidad de la guerra justa, son malos, y no pueden, por lo mismo, ni mandarlos los jefes ni ejecutarlos los súbditos.

En caso de duda pueden obedecer los subordinados, porque la presunción está en favor de sus jefes y de su propio pueblo.

No pueden emplearse medios moralmente ilícitos, aunque fueran los únicos capaces de conducir a la victoria.

Las estratagemas para engañar al enemigo son generalmente lícitas, pues no son mentiras en sentido propio.

El destruir los recursos del pueblo enemigo sólo es lícito en la medida en que ello contribuye inmediatamente a la consecución de la victoria justa.

El bombardear ciudades abiertas, sobre todo barrios residenciales e iglesias, es un atentado de lesa humanidad. Y pretextar que con ello se quiere provocar el levantamiento del pueblo enemigo contra su gobierno, es una razón demasiado débil. El atizar por medio de matanzas la revolución contra el gobierno legítimo es un proceder condenable y abyecto. Y aunque el gobierno fuera ilegítimo, hacer una carnicería en la población civil indefensa e inocente es un método reprobable, que ningún fin bueno puede justificar.

La destrucción de fábricas e industrias que directa o indirectamente contribuyen al sostenimiento de la guerra es lícita, con tal que no cause la muerte de un número desproporcionado de inocentes que nada tienen que ver con la guerra.

El fusilamiento en masa de rehenes para castigar un movimiento de rebelión del país enemigo sojuzgado es úna crueldad, propia sólo de bárbaros, y que no consigue más que enconar la saña del contrario.

Los prisioneros que se entregan voluntariamente renuncian por el hecho mismo a continuar la lucha. Matarlos o dejarlos morir de hambre es acción infame. Pero si después de haberse entregado, continúan contribuyendo a escondidas en la guerra, pueden ser castigados por ello. En cuanto a los intentos de fuga, el derecho internacional reconoce generalmente a los prisioneros esta facultad. Por tanto, no es razón para castigarlos si no ejecutan ninguna violencia. Pero es claro que se arriesgan a una vigilancia más estrecha.

Pero el súbdito que dude acerca de la justicia que asista a su pueblo para la guerra, puede obedecer; pero no debe prestar servicio voluntariamente".

En este aspecto, las convenciones internacionales de Ginebra (1864) y de La Haya (1899 y 1907) contribuyeron notablemente a proteger las ambulancias militares, los prisioneros de guerra, la propiedad de los ciudadanos del país enemigo; proscribieron también el saqueo y devastación de campos, aldeas y ciudades abiertas, y el empleo de ciertas armas.

Su Santidad el papa Pío xii ha exhortado vivamente y en repetidas ocasiones (sobre todo en su discurso del 30 de septiembre de 1954), por lo menos a restringir al máximo, mediante convenios internacionales rigurosos, el uso de las armas atómicas, bacteriológicas y químicas. El papa añade luego : "Cuando la puesta en marcha de este medio entraña una extensión tal del mal que escapa seguramente al control del hombre, su utilización debe rechazarse como inmoral".

La evolución entera de la técnica y de la economía en el mundo moderno ha tenido por resultado el estrechar el contacto entre los estados y los pueblos. Y con ello se ha planteado el problema de establecer una soberanía supernacional y super-estatal, para lo cual cada Estado tendría que renunciar a ciertos derechos soberanos que naturalmente le corresponden. Lo que a ello impele es, sobre todo, el deseo de establecer la paz.

Para desvanecer todo equívoco digamos que ni la Sociedad de las Naciones (SN) ni las Naciones Unidas (ONU), tal como hasta ahora han existido, corresponden a lo que nosotros entendemos que debería ser ese organismo. Por su origen y facultades debería evitar toda apariencia de ser un simple instrumento de dominación con que determinados estados pretendieran justificar la imposición de su política o el monopolio económico, a costa de los pueblos pobres y superpoblados. La difamación y la exclusión de numerosas naciones ha disminuido el prestigio y la autoridad de un organismo esencialmente formado para reconocer la comunidad de todos los pueblos. Son de todos modos alentadores los esfuerzos de la ONU por aliviar la miseria y elevar el nivel cultural de los pueblos poco desarrollados; ni es menos significativa la solemne proclamación de los derechos del hombre, la cual concuerda esencialmente con las exigencias del derecho natural.

Pero hay que conceder que esa autoridad superestatal, por la que suspira el mundo deseoso de paz y seguridad y preocupado también por superar la crisis económica, presenta más dificultades que lo que se piensa generalmente. Lo más grave no sería el que el Estado tuviera que renunciar a lo que hasta hoy se ha considerado como su prerrogativa esencial, a saber, la soberanía. El peligro mayor está en que ese estado mundial sería un gran Moloc, que podría devorarlo todo. Porque si llegara a formarse un Estado mundial, un superestado, que se impusiera en todas partes, dadas las tendencias actuales a la estatización de la vida entera, la humanidad caería irremediablemente v sin esperanza en manos de la ^"gran bestia^" del Apocalipsis. La verdadera solución pensamos, pues, que está en que sin abolir el poder estatal las naciones se organicen internamente sobre las bases del corporativismo federalista y así establezcan los fundamentos de esa ansiada autoridad supernacional.

Es muy de desear que se elabore el derecho de gentes en convenciones superestatales. Una buena contribución en este sentido es la determinación hecha por la ONU de los derechos fundamentales del individuo, la familia y los pueblos.

La naturaleza y los deberes del Estado dictan las obligaciones que los ciudadanos tienen con él. Obediencia y respeto: he aquí lo que deben los súbditos a la autoridad civil"

La sagrada escritura nos enseña que es un estricto deber de conciencia el obedecer a la autoridad civil, excepto cuando expresa un simple buen deseo. "Someteos a toda humana potestad por amor del Señor..." (1 Petr 2, 13-17). "Quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios... Es preciso someterse, no sólo por temor del castigo, sino por conciencia^" (Rom 13, 2-5).

San Pablo señala expresamente como un deber de conciencia el pago de los tributos y contribuciones (Rom 13, 6 s). Va, pues, contra el pensamiento de san Pablo la opinión que sostiene que, generalmente hablando, las leyes tributarias no son más que simples leyes penales.

Pero es claro que no obligan en conciencia sino los impuestos justos. Lo que excede la justa medida habrá que pagarlo sólo cuando, de no hacerlo, se pone en peligro la autoridad, la tranquilidad y el orden, o se da escándalo, o se expone uno a sanciones demasiado onerosas ".

También exhorta san Pablo a "orar por los reyes y las personas constituidas en dignidad" (1 Tim 2, 1 s).

La oración por la patria y sus mandatarios era ya en los más remotos tiempos una parte esencial del oficio divino de la comunidad. "Tú, Señor, al darles la autoridad para mandar, los has hecho partícipes de tu inmenso e infinito poder, para que nosotros reconozcamos la gloria y el honor que por ti les ha sido concedido y les obedezcamos sin faltar en nada a tu voluntad. Concédeles, Señor, salud, paz, unión y fortaleza para que ejerzan sin tropiezo el mando que tú les diste"

La patria es la comunidad del pueblo a que nos liga la identidad de costumbres, de cultura, y comúnmente de lengua. Pueden entenderse también por patria, en sentido restringido, el terruño o el pueblo donde vimos la luz ; e inversamente, en sentido amplio, el ámbito 'entero donde se ha impuesto la propia cultura.

Si es cierto que a la patria chica se le puede profesar un cariño particularmente tierno, no lo es menos que el amor debe abrazar a cuantos integran la unidad de la patria grande. Pero si algún pueblo, contra todo derecho, queda absorbido en una unidad política extraña, que acaso le sea hostil o pretenda su aniquilamiento, no se le puede exigir que la considere y ame como a su patria. El pueblo injustamente sojuzgado puede rehusar el vasallaje y el servicio militar mientras no perjudique al bien común bien entendido, ni perturbe el orden, la paz o la justicia.

El patriotismo tiene su fundamento moral no sólo en la sangre y el terruño, sino en la necesidad del Estado, establecida por Dios; síguese de allí que el patriotismo debe traducirse principalmente en el respeto y obediencia a la autoridad y en la generosidad en sacrificarse por la patria.

Sobre todo en las democracias, al lado de la obediencia hay que reconocer un puesto subsidiario a la responsabilidad que a todos incumbe de trabajar, en la medida de las posibilidades, para que el Estado se oriente conforme a la ley de Dios. Uno de los puntos más importantes en que se aplica esa responsabilidad es el cumplimiento del deber electoral.

b) Hay obligación de votar bien. Después del decreto del Santo Oficio del 1—7—49, no puede ser dudoso para nadie que votar por el partido comunista es pecado mortal, por ser dicho partido esencialmente materialista y anticristiano. Pero conviene observar que si el Santo Oficio designó solo al partido comunista, no se sigue de allí que se pueda votar por cualquier otro partido no comunista o anticomunista sin incurrir en grave falta. Así, mientras los partidos que se dicen socialistas o liberales no abandonen su espíritu de hostilidad a la Iglesia y a la religión, mientras no dejen de luchar en pro de ese principio erróneo de que la religión es asunto privado, que, a lo sumo, puede tolerarse por magnanimidad — lo que equivale a expulsar a Dios de la vida pública —, mientras sigan patrocinando la impunidad del aborto y de otros graves crímenes, fatales para el bien público, no puede un cristiano darles el voto sin cometer culpa grave, suponiendo que pueda votar por un partido mejor.

Ni vale objetar en contra que, al dar el voto por dichos partidos, sólo se quiere aprobar su política económica, no sus maniobras antirreligiosas; y nada vale, porque el voto dado a dichos partidos es real y prácticamente cooperación a sus perversas pretensiones.

Si es grave la obligación de votar, más graves aún son los deberes de los elegidos (consejeros municipales, provinciales, diputados, etc.). Huelga decir que tienen que emplear todo su influjo para conseguir la abolición de las malas leyes y la aprobación 'de las buenas. Los diputados cristianos y católicos no deben combatirse mutuamente cuando entran en juego la religión y la Iglesia. En los Estados democráticos, corroídos las más de las veces por la incredulidad y en aquellos en que existen varias confesiones cristianas, es de todo punto necesario que los diputados católicos trabajen de común acuerdo con los cristianos no católicos para conseguir leyes cristianas. Y cuando los elegidos han hecho promesas para conseguir su elección, tienen que cumplirlas. Pero es evidente que no pueden prometer ni cumplir lo que es contrario al bien común o a la ley de Dios. Además, deben adquirir los conocimientos religiosos, morales y profesionales indispensables para el cumplimiento de su mandato.

b) Un gobierno llegado legítimamente al poder se hace ilegítimo si comete flagrantes abusos de autoridad contra el bien común, aherrojando la religión o la moral, el derecho o la justicia.

Pero nótese que un gobierno no pierde su legitimidad simplemente porque el mandatario cometa faltas graves o porque dicte algunas leyes malas; sólo se hace ilegítimo cuando pervierte el carácter y el fin de la autoridad.

a) Un gobierno puede ser ilegítimo por la forma como llega al poder. El revolucionario que se ha levantado en armas contra el gobierno legítimo, no legitima su autoridad por el hecho de dominar efectivamente en una parte del territorio nacional. Todo ciudadano está obligado a defender al gobierno legítimo contra los rebeldes, y en caso de necesidad y mientras dura la lucha, puede aún dar muerte al usurpador. Tal acto no sería arrogarse una autoridad que no se tiene (lo que sí sería ilícito), sino realizar la voluntad del legítimo superior en una guerra justa.

Pero si el usurpador se ha apoderado realmente del poder, el gobierno hasta entonces legítimo no debe continuar la lucha sino en el caso de que le asista la seguridad moral del triunfo y de que, todo bien considerado, el bien común saldrá ganando ; porque sus derechos al poder deben posponerse al bien de la comunidad.

Es asimismo el bien común de la nación el que ha de dictar si se ha de reconocer o no al gobierno del usurpador.

La resistencia pasiva, esto es, la simple no ejecución pacífica de las leyes, puede emplearse respecto de las leyes injustas y, malas de un gobierno legítimo; con mucha mayor razón si el gobierno es esencialmente malo.

1) Sólo puede pensarse en la resistencia activa cuando el Estado abusa de su poder en forma exorbitante; por ejemplo, oprimiendo los derechos esenciales de la libertad, o suplantando el derecho por la violencia, el bien general por las ventajas de determinados partidos.

3) Ha de tenerse la seguridad moral de que la revolución triunfará y que por tanto no empeorará la situación.

El determinar cuándo haya derecho a la revolución y cómo deba hacerse no es de la competencia de un solo hombre, sino de las personas que parezcan competentes para hacerla triunfar ; ellas están obligadas a desencadenarla, aun con peligro para sus personas, cuando se presentan esas graves circunstancias.

Los patrocinadores del derecho a la resistencia activa contra un régimen de violencia pueden apoyarse indudablemente sobre las palabras del Sumo Pontífice Pío xi, en su encíclica Firmissimam constantiam del 28-3-1937, en la cual aprueba este modo de pensar, aunque señalando cuidadosamente los necesarios correctivos. La actitud del episcopado español en 1936 y las ideas sustentadas en su Carta colectiva del 1-7-1937 van evidentemente por este derrotero.

En la práctica será raro que se pueda pasar a la resistencia activa observando las condiciones mencionadas. Lo mejor será conformarse con la conocida sentencia que dice: Principiis obsta, sero medicina paratur... Al mal hay que oponerse en los comienzos, de lo contrario la medicina llega tarde. El cristiano ha de ocuparse de la política en su tiempo oportuno. En la mayoría de los casos la sola arma que le queda al cristiano contra la tiranía de un régimen es la paciencia y la oración.

Si no es lícito dar muerte al tirano por propia decisión, esto es, sin que intervenga la autoridad pública, mucho menos lo será asesinar a un enemigo político incómodo, aunque se esté convencido de que su conducta es fatal para el pueblo.

III. EN POS DE CRISTO BAJO LA ÉGIDA DE LA IGLESIA

No podernos ir en pos de Cristo sino entrando en esa comunidad santa que es la Iglesia, recibiendo con corazón agradecido sus enseñanzas, sus preceptos y su gracia.

Por la Iglesia, esposa suya y depositaria de la gracia y de la verdad, lo hizo y lo sufrió todo el mismo Cristo. A ella confió todos sus tesoros y todo su poder. Por consiguiente, hemos de anclar nuestra vida religiosa y moral en las enseñanzas y directrices de la Iglesia y en las divinas energías que su gracia nos comunica; al mismo tiempo hemos de mirar hacia Cristo, para obrar y sufrir con Él y como Él en pro de su Iglesia, con el fin de establecer el reino de Dios en el mundo.

1) Del magisterio de la Iglesia recibimos la verdad incorrupta de la fe y las instrucciones para la práctica del bien. La sagrada Escritura no es una fuente de instrucción independiente de la Iglesia, puesto que fue entregada a ella.

Si los cristianos separados de la Iglesia conservan aún algunas verdades, lo deben en definitiva no tanto a la sagrada Escritura como tal, sino a la acción docente de la Iglesia, cuyo magisterio se hace sentir aun entre los disidentes. Los grandes errores en que han incurrido los herejes al querer interpretar la sagrada Escritura, muestran con evidencia dos verdades, a saber: que sólo en la Iglesia está la verdad enseñada por Cristo, y que sólo ella puede conservarla incorruptible.

IV. LA IGLESIA Y EL ESTADO, LA IGLESIA Y LA POLÍTICA

La Iglesia y el Estado son dos ^"sociedades perfectas^" en su respectivo campo, lo que quiere decir que cada cual dispone de la autoridad y de los medios que le son indispensables para realizar su misión, y que no están sometidas a ningún poder terreno, sino sólo a Dios y a sus leyes.

Pero si a la Iglesia no le corresponde ambicionar un predominio político, sí es de su plena incumbencia el proclamar, en la forma más oportuna, y con toda claridad, ante los estados y los políticos, la palabra de Dios. La política no cae fuera de los derechos del reino de Dios. La religión no es ^"asunto privado^", sino vida en conformidad con la regia y amorosa soberanía de Dios. Por consiguiente, cada vez que la política roza con alguna cuestión de conciencia, de moral o de religión,' tiene que conformarse con las normas establecidas por Dios en la naturaleza y en la revelación, cuyo pregonero es la Iglesia.

Cuando los sacerdotes, en su calidad de miembros de la sociedad civil, emiten su opinión en cuestiones políticas, no hacen más que ejercer un derecho de ciudadano; merecen entonces ser escuchados, pero simplemente conforme al grado de competencia moral y política a que hayan llegado, sin que tengan derecho a exigir obediencia. Por el contrario, deben ser obedecidos incluso por los políticos, cuando hablan en cumplimiento del mandato pastoral de la Iglesia, cuando anuncian las palabras terminantes de Dios que proclaman los derechos inalienables de la Iglesia, o cuando exhortan a los cristianos a la concordia para la defensa de la religión.