Henry Hazlitt
Traducción: Adolfo Rivero
PREFACIO
Este libro contiene un análisis de los sofismas económicos que han alcanzado en los últimos tiempos preponderancia suficiente hasta convertirse casi en una nueva ortodoxia. Tan sólo hubo de impedirlo sus propias contradicciones internas, que han dividido, a quienes aceptan las mismas premisas, en cien «escuelas» distintas, por la sencilla razón de que es imposible, en asuntos que tocan a la vida práctica, equivocarse de un modo coherente. Pero la única diferencia entre dos cualesquiera de las nuevas escuelas consiste en que unos u otros de sus seguidores se dan cuenta antes de los absurdos a que les conducen sus falsas premisas y desde ese momento se muestran en desacuerdo, bien por abandono de tales premisas, bien por aceptación de conclusiones menos nocivas o fantásticas que las que la lógica exigiría.
Con todo, en este momento no existe en el mundo un gobierno importante cuya política económica no se halle influida, cuando no totalmente determinada, por la aceptación de alguna de aquellas falacias. Quizá el camino más corto y más seguro para el entendimiento de la Economía sea una previa disección le los aludidos errores y singularmente del error central del que todos parten. Tal es la pretensión del presente volumen y de su título un tanto ambicioso y beligerante.
El libro ofrece, ante todo, un carácter expositivo, y no pretende ser original en cuanto a las principales ideas que contiene. Trata más bien de evidenciar cómo muchos de los que hoy pasan por brillantes avances e innovaciones son, de hecho, mera resurrección de antiguos errores y prueba renovada del aforismo según el cual quienes ignoran el pasado se ven condenados a repetirlo.
Sospecho que también el presente ensayo es vergonzosamente «clásico», «tradicional» y «ortodoxo». Al menos, éstos son los epítetos con los que, sin duda, intentarán desvirtuarlo aquellos cuyos sofismas se analizan aquí. Pero el estudioso, cuya intención es alcanzar la mayor cantidad posible de verdad, no ha de sentirse intimidado por tales adjetivos ni creer que ha de andar siempre buscando una revolución, un «lozano arranque» en el pensamiento económico. Su mente debe, desde luego, estar tan abierta a las nuevas como a la viejas ideas; y se complacerá en rechazar lo que es puro afán de inquietud y sensacionalismo por lo nuevo y original. Tal vez, como Morris R. Cohen ha apuntado, «la idea de que podemos desentendernos de las opiniones de cuantos pensadores nos han precedido, quita todo fundamento a la esperanza de que nuestra obra sea de algún valor para los que nos sucedan» (1).
(1) Reason and Nature (1931), pag. X.
Por tratarse de una obra expositiva, me he valido libremente de ideas ajenas sin indicar su origen, con la salvedad de raras notas y citas Esto es inevitable cuando se escribe sobre materia que ha sido ya tratada por muchas de las más esclarecidas mentes del mundo. Pero mi deuda para con un mínimo de tres escritores es de naturaleza tan especial que no puedo pasar por alto su mención. En primer lugar, y por lo que atañe al tipo de argumentación expositiva empleado en mi obra, mi deuda es con el ensayo de Federico Bastiat Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, con casi un siglo de antigüedad. El presente trabajo puede, en efecto, ser considerado como una modernización, ampliación y generalización de lo contenido en aquel opúsculo.
Mi segunda deuda es con Philip Wicksteed; y particularmente los capítulos sobre salarios y el resumen final deben mucho a su Commonsense of Political Economy. La tercera alude a Ludwig von Mises. Además de todo lo que en este tratado elemental pueda deber al conjunto de sus escritos, lo que de una manera más específica me obliga a él es su exposición de la forma como se ha extendido el proceso de inflación monetaria.
He considerado todavía menos procedente mencionar nombres en el análisis de los sofismas. El hacerlo hubiera requerido una especial justicia para cada escritor criticado, con citas exactas y teniendo en cuenta la particular importancia que concede a este o al otro punto, las limitaciones que señala y sus personales ambigüedades, incoherencia, etc. Por ello creo que a nadie le importará demasiado la ausencia en estas páginas de nombres tales como Carlos Marx, Thorstein Veblen, Mayor Douglas, Lord Keynes, profesor Alvin Hansen y tantos otros. El objeto de este libro no es exponer los errores propios de determinado escritor, sino los errores económicos en su forma más frecuente, extendida e influyente. Las falsedades, una vez pasan al dominio público, se hacen anónimas, perdiendo las sutilezas o vaguedades que pueden observarse en los autores que más han cooperado a su propagación. La doctrina se simplifica; y el sofisma, enterrado en una maraña de distingos, ambigüedades o ecuaciones matemáticas, surge a plena luz. En su consecuencia, espero no se me acuse de injusto ante el hecho de que cualquier doctrina en boga, en la forma en que la presento, no coincida exactamente tal y como la formulara Lord Keynes o algún otro autor determinado Lo que aquí nos interesa son las creencias sostenidas por grupos políticamente influyentes o que deciden la acción gubernamental y no sus orígenes históricos.
Espero, finalmente, ser perdonado por las escasas referencias estadísticas contenidas en las siguientes páginas.
He tratado de escribir este libro con cuanta sencillez y ausencia de tecnicismo eran compatibles con la necesaria precisión, de modo que pueda ser perfectamente comprendido por el lector que carece de una previa preparación económica.
Aunque fue compuesto de un modo unitario, tres de los capítulos de este libro se publicaron como artículos sueltos, y desde aquí deseo expresar mi agradecimiento a The New York Times, The American Scholar y The New Leader por su autorización para reproducir lo anteriormente aparecido en sus páginas. Quedo reconocido al profesor Von Mises por la lectura del manuscrito y sus sugerencias, que tan útiles me han sido. Y, naturalmente, asumo la responsabilidad de las opiniones que aquí se expresan.
H. H.
1. LA LECCIÓN
La Economía se halla asediada por mayor número de sofismas que cualquier otra disciplina cultivada por el hombre. Esto no es simple casualidad, ya que las dificultades inherentes a la materia, que en todo caso bastarían, se ven centuplicadas a causa de un factor que resulta insignificante para la Física, las Matemáticas o la Medicina: la marcada presencia de intereses egoístas. Aunque cada grupo posee ciertos intereses económicos idénticos a los de todos los demás, tiene también, como veremos, intereses contrapuestos a los de los restantes sectores; y aunque ciertas políticas o directrices públicas puedan a la larga beneficiar a todos, otras beneficiarán sólo a un grupo a expensas de los demás. E1 potencial sector beneficiario, al afectarle tan directamente, las defenderá con entusiasmo y constancia; tomará a su servicio las mejores mentes sobornables para que dediquen todo su tiempo a defender el punto de vista interesado, con el resultado final de que el público quede convencido de su justicia o tan confundido que le sea imposible ver claro en el asunto.
Además de esta plétora de pretensiones egoístas existe un segundo factor que a diario engendra nuevas falacias económicas. Es éste la persistente tendencia de los hombres a considerar exclusivamente las consecuencias inmediatas de una política o sus efectos sobre un grupo particular, sin inquirir cuáles producirá a largo plazo no sólo sobre el sector aludido, sino sobre toda la comunidad. Es, pues, la falacia que pasa por alto las consecuencias secundarias.
En ello consiste la fundamental diferencia entre la buena y la mala economía. E1 mal economista sólo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. El primero tan sólo contempla las consecuencias directas del plan a aplicar; el segundo no desatiende las indirectas y más lejanas. Aquél sólo considera los efectos de una determinada política, en el pasado o en el futuro, sobre cierto sector; éste se preocupa también de los efectos que tal política ejercerá sobre todos los grupos.
El distingo puede parecer obvio. La cautela de considerar todas las repercusiones de cierta política quizá se nos antoje elemental. ¿Acaso no conoce todo el mundo, por su vida particular, que existen innumerables excesos gratos de momento y que a la postre resultan altamente perjudiciales? ¿No sabe cualquier muchacho el daño que puede ocasionarle una excesiva ingestión de dulces? ¿No sabe el que se embriaga que va despertarse con el estómago revuelto y la cabeza dolorida? ¿Ignora el dipsómano que está destruyendo su hígado y acortando su vida? ¿No consta al don Juan que marcha por un camino erizado de riesgos, desde el chantaje a la enfermedad? Finalmente, para volver al plano económico, aunque también humano, ¿dejan de advertir el perezoso y el derrochador, en medio de su despreocupada disipación, que caminan hacia un futuro de deudas y miseria?
Sin embargo, cuando entramos en el campo de la economía pública, verdades tan elementales son ignoradas. Vemos a hombres considerados hoy como brillantes economistas condenar el ahorro y propugnar el despilfarro en el ámbito público como medio de salvación económica; y que cuando alguien señala las consecuencias que a la larga traerá tal política, replican petulantes, como lo haría el hijo pródigo ante la paterna admonición: «A la larga, todos muertos.» Tan vacías agudezas pasan por ingeniosos epigramas y manifestaciones de madura sabiduría.
Por consiguiente, bajo este aspecto, puede reducirse la totalidad de la Economía a una lección única, y esa lección a un solo enunciado: El arte de la Economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y no meramente sus consecuencias inmediatas; en calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores.
Nueve décimas partes de los sofismas económicos que están causando tan terrible daño en el mundo actual son el resultado de ignorar esta lección. Derivan siempre de uno de estos dos errores fundamentales o de ambos: el contemplar sólo las consecuencias inmediatas de una medida o programa y el considerar únicamente sus efectos sobre un determinado sector, con olvido de los restantes.
Naturalmente, cabe incidir en el error contrario. Al ponderar un cierto programa económico no debemos atenernos exclusivamente a sus resultados remotos sobre toda la comunidad. Es éste un error que a menudo cometieron los economistas clásicos, lo cual engendró una cierta insensibilidad frente a la desgracia de aquellos sectores que resultaban inmediatamente perjudicados por unas directrices o sistemas que a largo plazo beneficiarían a la colectividad.
Pero son ya relativamente muy pocos quienes incurren en tal error, y esos pocos, casi siempre economistas profesionales. La falacia más frecuente en la actualidad; la que emerge una y otra vez en casi toda conversación referente a cuestiones económicas; el error de mil discursos políticos; el sofisma básico de la «nueva» Economía, consiste en concentrar la atención sobre los efectos inmediatos de cierto plan en relación con sectores concretos e ignorar o minimizar sus remotas repercusiones sobre toda la comunidad. Los «nuevos» economistas se jactan de que su actitud supone un enorme, casi revolucionario, avance en orden a los métodos de los economistas «clásicos» u «ortodoxos», por cuanto a menudo descuidan los efectos que ellos tienen siempre presentes. Ahora bien, cuando, a su vez, ignoran o desprecian los efectos remotos, están incidiendo en un error de mayor gravedad. Su preciso y minucioso examen de cada árbol les impide ver el bosque. Sus métodos y las conclusiones deducidas son, con harta frecuencia, de profunda índole reaccionaria y a menudo asómbrales el constatar su plena coincidencia con el mercantilismo del siglo XVII. De hecho vienen a caer en aquellos antiguos errores (o caerían si no fueran tan inconsecuentes) de los que creíamos haber sido definitivamente liberados por los economistas clásicos.
Suele observarse con disgusto que los malos economistas propagan sus sofismas entre las gentes de manera harto más atractiva que los buenos sus verdades. Laméntase a menudo que los demagogos logren mayor asenso al exponer públicamente sus despropósitos económicos que los hombres de bien al denunciar sus fallos. En esto no hay ningún misterio. Demagogos y malos economistas presentan verdades a medias. Aluden únicamente a las repercusiones inmediatas de la política a aplicar o de sus consecuencias sobre un solo sector. En este aspecto pueden tener razón; y la réplica adecuada se reduce a evidenciar que tal política puede también producir efectos más remotos y menos deseables o que tan sólo beneficia a un sector a expensas de todos los demás. La réplica consiste, pues, en completar y corregir su media verdad con la otra mitad omitida. Ahora bien, tener en cuenta todas y cada una de las repercusiones importantes del plan en ejecución requiere a menudo una larga, complicada y enojosa cadena de razonamientos. La mayoría del auditorio encuentra difícil seguir esta cadena dialéctica y, aburrido, pronto deja de prestar atención. Los malos economistas aprovechan esta flaqueza y pereza intelectual indicando a su público que ni siquiera ha de esforzarse en seguir el discurso o juzgarlo según sus méritos, porque se trata sólo de «clasicismo», «laissez faire», «apologética capitalista» o cualquier otro término denigrante, de seguros efectos sobre el auditorio.
Hemos precisado la naturaleza de la lección y de los sofismas que aparecen en el camino en términos abstractos. Pero la lección no será aprovechada y los sofismas continuarán ocultos a menos que ambos sean ilustrados con ejemplos. Con su ayuda podremos pasar de los más elementales problemas de la Economía a los más complejos y difíciles. Mediante ellos aprenderemos a descubrir y evitar, en primer lugar, las falacias más crudas y tangibles, y finalmente, otras más profundas y huidizas. A esta tarea procedemos a continuación.
2. LOS BENEFICIOS DE LA DESTRUCCIÓN
Comencemos con la más sencilla ilustración posible: elijamos, emulando a Bastiat, una luna de vidrio rota.
Supongamos que un golfillo lanza una piedra contra el escaparate de una panadería. El panadero aparece furioso en el portal, pero el pilluelo ha desaparecido. Empiezan a acudir curiosos, que contemplan con mal disimulada satisfacción los desperfectos causados y los trozos de vidrio sembrados sobre el pan y las golosinas. Pasado un rato, la gente comienza a reflexionar y algunos comentan entre sí o con el panadero, que después de todo la desgracia tiene también su lado bueno: ha de reportar beneficio a algún cristalero. Al meditar de tal suerte elaboran otras conjeturas. ¿Cuánto cuesta una nueva luna? ¿Cincuenta dólares? Desde luego es una cifra importante, pero al fin y al cabo, si los escaparates no se rompieran nunca, ¿qué harían los cristaleros? Por tales cauces la multitud se dispara. E1 vidriero tendrá cincuenta dólares más para gastar en las tiendas de otros comerciantes, quienes, a su vez, también incrementarán sus adquisiciones en otros establecimientos, y la cosa seguirá hasta el infinito. El escaparate roto irá engendrando trabajo y riqueza en artículos cada vez más amplios. La lógica conclusión sería, si las gentes llegasen a deducirla, que el golfillo que arrojó la piedra, lejos de constituir díscola amenaza, convertiríase en un auténtico filántropo.
Pero sigamos adelante y examinemos el asunto desde otro punto de vista. Los que presenciaron el suceso tenían, al menos en su primera conclusión, completa razón. Este pequeño acto de vandalismo significa, en principio, beneficios para algún cristalero, quien recibirá la noticia con satisfacción análoga a la del dueño de una funeraria que sabe de una defunción. Pero el panadero habrá de desprenderse de cincuenta dólares que destinaba a adquirir un traje nuevo. A1 tener que reponer la luna se verá obligado a prescindir del traje o de alguna necesidad o lujo equivalente. En lugar de una luna y cincuenta dólares sólo dispondrá de la primera o bien, en lugar de la luna y el traje que pensaba comprar aquella misma tarde, habrá de contentarse con el vidrio y renunciar al traje. La comunidad, como conjunto, habrá perdido un traje que de otra forma hubiera podido disfrutar; su pobreza se verá incrementada justamente en el correspondiente valor.
En una palabra, lo que gana el cristalero lo pierde el sastre. No ha habido, pues, nueva oportunidad de «empleo». La gente sólo consideraba dos partes de la transacción: el panadero y el cristalero; olvidaba una tercera parte, potencialmente interesada: el sastre. Este olvido se explica por la ausencia del sastre de la escena. E1 público verá reparado el escaparate al día siguiente, pero nunca podrá ver el traje extra, precisamente porque no llegó a existir. Sólo advierten tales espectadores aquello que tienen delante de los ojos.
Queda así aclarado el problema del escaparate roto: una falacia elemental. Cualquiera —se piensa— la desecharía tras unos momentos de meditación. Sin embargo, este tipo de sofismas, bajo mil disfraces, es el que más ha persistido en la historia de la Economía, mostrándose en la actualidad más pujante que nunca. A diario vuelve a ser solemnemente proclamado por grandes capitanes de la industria, cámaras de comercio, jefes sindicales, autores de editoriales, columnistas de prensa y comentaristas de radio, sabios estadísticos que se sirven de refinadas técnicas y profesores de Economía de nuestras mejores universidades. Por diversos caminos todos ponderan las ventajas de la destrucción.
Aunque algunos no suponen que se puedan derivar beneficios de pequeños actos de destrucción, ven incalculables ventajas si se trata de enormes actos destructivos. Nos hablan de cuánto mejor nos hallamos económicamente en la guerra que en la paz; ven «milagros de producción» que sólo la guerra origina y un mundo posbélico verdaderamente próspero gracias a la enorme demanda «acumulada» o «diferida». Enumeran alegremente las casas y ciudades que quedaron arrasadas en Europa y que «tendrán que ser reconstruidas». En América señalan las viviendas que no pudieron ser edificadas durante la conflagración, las medias de nylon que no pudieron ser suministradas, los automóviles y neumáticos inutilizados, los aparatos de radio y frigoríficos anticuados, etcétera. Así acumulan totales formidables.
Se trata, una vez más, del viejo tema: el sofisma del escaparate roto, vestido de nuevo y tan lozano que resulta difícil reconocerlo. Esta vez viene respaldado por un sinnúmero de falacias conexas. Se confunde necesidad con demanda. Cuanto más destruye la guerra, cuanto mayor es el empobrecimiento a que da lugar, tanto mayor es la necesidad posbélica. Indudablemente. Pero necesidad no es demanda. La verdadera demanda económica requiere no sólo necesidad, sino también poder de compra correspondiente. Las necesidades de China son hoy incomparablemente mayores que las de los Estados Unidos, pero su poder adquisitivo y, por consiguiente, el volumen de «nuevos negocios» que puede estimular es incomparablemente menor.
Pero cuando abandonamos el tema surge un nuevo sofisma que de ordinario esgrimen los mismos que sostenían el anterior. Consideran la «capacidad adquisitiva» meramente en su aspecto monetario y añaden que actualmente para disponer de dinero basta con imprimir billetes. Como alguien ha dicho, imprimir billetes es, efectivamente, la mayor industria del mundo, si se mide el producto en términos monetarios. Pero cuanto más dinero se crea de esta forma tanto más desciende el valor de la unidad monetaria. La depreciación puede medirse por el alza que experimentan los precios de las mercancías. No obstante, como la mayoría de los seres se halla tan firmemente habituada a valorar su riqueza e ingresos en términos dinerarios, se consideran beneficiados cuando aumentan esos totales monetarios, aunque puedan verse reducidos a adquirir y poseer menor número de bienes. La mayor parte de los «buenos» resultados económicos que la gente atribuye a la guerra son realmente debidos a la inflación propia de los tiempos bélicos. Pueden ser producidos de la misma manera por una inflación equivalente en tiempos de paz. Más adelante volveremos sobre esta ilusión monetaria.
verdad a medias, como ocurría con el sofisma del escaparate roto. Este reportó, efectivamente, más negocio al cristalero y la destrucción bélica proporcionará mayores beneficios a los productores de ciertos bienes. La destrucción de casas y ciudades incrementará el negocio de las industrias de la construcción. La imposibilidad de producir automóviles, radios y frigoríficos durante la guerra acumulará una demanda posbélica para estos determinados productos.
A la mayor parte de las gentes se les antojará que todo ello equivale a un aumento en la demanda; y puede serlo, en efecto, en términos de dólares de inferior valor adquisitivo. Pero en realidad se produce una desviación de la demanda hacia aquellos productos determinados. Los europeos edificarán nuevas viviendas porque se hallan obligados a hacerlo, pero al construirlas restarán mano de obra y capacidad productiva a otras actividades. A1 producir nuevas casas disminuirá en igual medida su capacidad adquisitiva de otras cosas. Siempre que se incrementen los negocios en una dirección han de reducirse correlativamente en otras, excepto en la medida en que las energías productivas sean en general estimuladas por el sentido de necesidad y urgencia, En una palabra, la guerra modificará la dirección del esfuerzo posbélico, cambiará el equilibrio industrial, la estructura de la industria. Y con el tiempo, esto tendrá también sus consecuencias; se producirá una nueva distribución de la demanda cuando se hayan satisfecho las necesidades acumuladas de casas y otros bienes duraderos. Entonces estas industrias temporalmente favorecidas tendrán que decaer en cierto grado para permitir elevarse a otras que atiendan a distintas necesidades.
Es importante no olvidar, por último, que no sólo se registrarán cambios de la demanda de posguerra comparada con la de preguerra. La demanda no se limitará a desplazarse de una a otra mercancía, sino que en la mayoría de los países se producirá una reducción en su totalidad.
Ello es inevitable si se considera que demanda y oferta son sólo dos caras de una misma moneda; son la misma cosa vista desde ángulos distintos. La oferta crea demanda porque en el fondo es demanda. La oferta de lo que se tiene es de hecho lo que puede ofrecerse a cambio de lo que se necesita. En este sentido, la oferta de trigo por parte del agricultor constituye su demanda de automóviles y otras mercancías. La oferta de automóviles representa la demanda de trigo y otras mercancías por parte de la industria automovilística. Todo ello es inherente a la moderna división del trabajo y a la economía de cambio.
Este hecho fundamental pasa en verdad inadvertido para la mayoría de la gente, incluso para algunos economistas de brillante reputación, por efecto de ciertas complicaciones tales como el pago de salarios y la forma indirecta en que se llevan a cabo virtualmente, mediante el dinero, todos los cambios modernos. John Stuart Mill y otros escritores clásicos, aunque en ocasiones no supieran apreciar exactamente las complejas consecuencias que provoca el uso del dinero, vieron al menos, a través del velo monetario, las realidades que ocultaba. En ese sentido aventajaron a muchos de los críticos actuales, a los que el mecanismo monetario confunde más que ayuda. La simple inflación, es decir, la mera emisión de más dinero, con la consecuencia de salarios y precios más elevados, puede aparecer como creación de mayor demanda. Pero en términos de producción real e intercambio de mercancías efectivas no lo es. No obstante, un descenso en la demanda de posguerra puede permanecer oculto a mucha gente en razón a las ilusiones que provocan los mayores salarios, sobradamente rebasados por el incremento de los precios.
La demanda posbélica en muchos países, repitámoslo, disminuirá en valor absoluto en relación con la de la preguerra porque la oferta posbélica habrá disminuido. Esto resulta evidente en Alemania y Japón, donde decenas de grandes ciudades quedaron arrasadas. Es decir, que la cosa aparece lo suficientemente clara cuando formulamos un ejemplo extremado. Si Inglaterra hubiese perdido todas sus grandes ciudades con ocasión de la guerra, en lugar de haber sufrido sus consecuencias sólo en un grado reducido; si sus instalaciones industriales hubiesen quedado arrasadas y la casi totalidad de su capital acumulado y bienes de consumo aniquilados, de tal suerte que su población se hubiera visto reducida al nivel económico de los chinos, pocos se atreverían a hablar de demanda acumulada y diferida a causa de la guerra. Sería obvio que el poder adquisitivo habría quedado disminuido en igual medida que la capacidad productiva. Una inflación monetaria desenfrenada, al multiplicar por mil. el nivel de precios, podría indudablemente elevar las cifras de la «renta nacional» en términos monetarios respecto a las de la preguerra; pero los que sobre tal supuesto pensaran, con error notorio, ser más ricos que antes, demostrarían su incapacidad para entender una argumentación lógica. Sin embargo, los mismos principios son aplicables tanto a una pequeña destrucción bélica como a otra de vastas proporciones.
Pueden darse, sin embargo, e n compensación, otros factores positivos. Los adelantos técnicos y su perfeccionamiento durante la contienda, por ejemplo, pueden incrementar en mayor o menor grado la productividad individual o nacional. La destrucción bélica desviará ciertamente la demanda posbélica de unos cauces a otros. Y un cierto número de personas continuará engañándose indefinidamente al imaginar que goza de verdadero bienestar económico a través de aumentos de salarios y precios originados por un exceso de papel moneda. Pero la idea de que pueda alcanzarse una auténtica prosperidad mediante una «demanda supletoria» de bienes destruidos o no creados durante la guerra constituye evidentemente un sofisma.
3. LAS OBRAS PUBLICAS INCREMENTAN LAS CARGAS FISCALES
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No existe en el mundo actual creencia más arraigada y contagiosa que la provocada por las inversiones estatales. Surge por doquier, como la panacea de nuestras congojas económicas. ¿Se halla parcialmente estancada la industria privada? Todo puede normalizarse mediante la inversión estatal. ¿Existe paro? Sin duda alguna ha sido provocado por el «insuficiente poder adquisitivo de los particulares». E1 remedio es fácil. Basta que el Gobierno gaste lo necesario para superar la «deficiencia».
Existe abundante literatura basada en tal sofisma que, como a menudo ocurre con doctrinas semejantes se ha convertido en parte de una intrincada red de falacias que se sustentan mutuamente. No podemos detenernos ahora en el examen de toda la red; más adelante analizaremos algunas de sus ramificaciones. Pero sí que vamos a adentrarnos en el estudio del sofisma matriz, del que la progenie de errores deriva, el hilo maestro de la red.
Todo lo que obtenemos, aparte de los dones gratuitos con que nos obsequia la naturaleza, ha de ser pagado de una u otra manera. Sin embargo, el mundo está lleno de seudoeconomistas cargados de proyectos para conseguir algo por nada. Aseguran que el Gobierno puede gastar y gastar sin acudir a la imposición fiscal; que puede acumular deudas que jamás saldará puesto que «nos las debemos a nosotros mismos». Más adelante volveremos; sobre tan sorprendente doctrina. Por el momento, mucho me temo que hayamos de ponernos dogmáticos para afirmar que tan plácidos sueños condujeron siempre a la bancarrota nacional o a una desenfrenada inflación. Ahora nos limitaremos a señalar que cuantos gastos realizan los gobiernos son satisfechos mediante la correspondiente exacción fiscal; que aplazar el vencimiento sólo sirve para agravar el problema, y en fin, que la propia inflación no es más que una manera particularmente viciosa de tributar.
A1 dejar para ulterior examen la maraña de sofismas íntimamente relacionados con la deuda pública y la inflación crónicas, habremos de dejar bien sentado a través de este capítulo que de una manera inmediata o remota cada dólar que el Gobierno gasta procede inexcusablemente de un dólar obtenido a través del impuesto. Cuando consideramos la cuestión de esta manera, los supuestos milagros de las inversiones estatales aparecen a una luz muy distinta. Una cierta cantidad de gasto público es indispensable para cumplir las funciones esenciales del Gobierno. Cierto número de obras públicas —calles, carreteras, puentes y túneles, arsenales y astilleros, edificios para los cuerpos legislativos, la policía y los bomberos— son necesarias para atender los servicios públicos indispensables. Tales obras públicas, útiles por sí mismas y por tanto necesarias, no conciernen a nuestro estudio. Aquí me refiero a las obras públicas consideradas como medio de «combatir el pato» o de proporcionar a la comunidad una riqueza de la que en otro caso se habría carecido.
Se ha construido un puente. Si se ha hecho así para atender una insistente demanda pública; si se resuelve un problema de tráfico o de transporte de otro modo insoluble; si, en una palabra, incluso es más necesario que las cosas en que los contribuyentes hubiesen gastado su dinero de no habérselo detraído mediante la exacción fiscal, nada cabe objetar. Ahora bien, un puente que se construye primordialmente «para proporcionar trabajo» es de una clase muy distinta. Cuando el facilitar empleo se convierte en finalidad, la necesidad pasa a ser una cuestión secundaria. Los «proyectos» han de insertarse, y en lugar de pensar sólo dónde deben construirse los puentes, los burócratas empiezan por preguntarse dónde pueden ser construidos. ¿Descúbrense plausibles razones para que el nuevo puente una Este con Oeste? Inmediatamente se convierte en una necesidad absoluta y los que se permitan formular la menor reserva son tachados de obstruccionistas y reaccionarios.
Una doble argumentación se formula en pro del puente: la primera se esgrime principalmente antes de su construcción; la segunda, cuando ya está terminado. Inicialmente se afirma que tal obra proporcionará trabajo. Facilitará, pongamos por caso, 500 jornales diarios durante un año, dándose a entender que tales jornales no hubiesen de otro modo existido.
Esto es lo que se advierte a primera vista. Pero si nos hallamos algo avezados en el ejercicio de considerar las consecuencias remotas sobre las inmediatas y no prescindimos de quienes son indirectamente afectados por el proyecto gubernamental para proteger a quienes se benefician de una manera directa, el cuadro ofrece perspectivas bien distintas. Es cierto que un grupo determinado de obreros encontrará colocación. Pero la obra ha sido satisfecha con dinero detraído mediante los impuestos. Por cada dólar gastado en el puente habrá un dólar menos en el bolsillo de los ,contribuyentes. Si el puente cuesta un millón de dólares, los contribuyentes habrán de abonar un millón de dólares, y se encontrarán sin una cantidad que de otro modo hubiesen empleado en las cosas que más necesitaban.
En su consecuencia, por cada jornal público creado con motivo de la construcción del puente, un jornal privado ha sido destruido en otra parte. Podemos ver a los hombres ocupados en la construcción del puente podemos observarles en el trabajo. E1 argumento del empleo usado por los inversores oficiales resulta así tangible y sin duda convencerá a la mayoría. Ahora bien, existen otras cosas que no vemos porque desgraciadamente se ha impedido que lleguen a existir. Son las realizaciones malogradas como consecuencia del millón de dólares arrebatado a los contribuyentes. En el mejor de los casos, el proyecto de puente habrá provocado una desviación de actividades. Más constructores de puentes y menos trabajadores en la industria del automóvil, radiotécnicos, obreros textiles o granjeros.
Pero estamos ya en el segundo argumento. El puente se halla terminado. Supongamos que se trata de un airoso puente y no de una obra antiestética. Ha surgido merced al poder mágico de los inversores estatales. ¿Qué habría sido de él si obstruccionistas y reaccionarios se hubiesen salido con la suya? No habría existido tal puente y el país hubiese sido más pobre, exactamente en tal medida.
Una vez más los jerarcas disponen de la dialéctica más eficaz para convencer a quien; s no ven más allá del alcance de sus ojos. Contemplan el puente. Pero si hubiesen aprendido a ponderar las consecuencias indirectas tanto como las directas, serían capaces de ver con los ojos de la imaginación las posibilidades malogradas. En efecto, contemplarían las casas que no se construyeron, los automóviles y radios que no se fabricaron, los vestidos y abrigo; que no se confeccionaron e incluso quizá los productos del campo que ni se vendieron ni llegaron a ser sembrados. Para ver tales cosas increadas se requiere un tipo de imaginación que pocas personas poseen. Acaso podamos pensar una vez en tales objetos inexistentes, pero no cabe tenerlos siempre presentes, como ocurre con el puente que a diario cruzamos. Lo ocurrido ha sido, sencillamente, que se ha creado una cosa a expensas de otras.
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E1 mismo razonamiento es aplicable, por supuesto, a cualquier otro tipo de obras públicas. Por ejemplo, a la construcción con fondos estatales de viviendas para personas económicamente más débiles. Lo que realmente sucede es que mediante la e exacción fiscal se obtiene de familias de ingresos más cuantiosos (y quizá también un poco de otras con no tan altos ingresos) recursos, obligándose a los grupos aludidos a subvencionar a familias modestas que en definitiva dispondrán de viviendas mejores por unos alquileres iguales o más bajos que los que venían satisfaciendo.
No pretendo analizar en este momento los argumentos alegados en pro y en contra de la construcción de viviendas por el Estado. He de limitarme a señalar el error que contienen dos de los argumentos que con mayor frecuencia se esgrimen en favor de tal género de construcciones. Uno es el de que tales edificaciones «proporcionan trabajo», y el segundo, que se crea una riqueza que en otro supuesto sería inexistente. Ambas argumentaciones son falaces por cuanto olvidan lo que los impuestos malogran. Las exacciones destinadas a la construcción de viviendas destruyen tantos jornales en otros sectores como crean en el de la vivienda. Igualmente son causa de que no se edifiquen viviendas por particulares, no se fabriquen lavadoras y frigoríficos y escaseen numerosas mercancías y servicios.
Es inconsistente el razonamiento que, por ejemplo, arguye, a modo de réplica, que dicha construcción oficial de viviendas no será financiada por la aportación de capitales ingentes, sino sencillamente mediante aportaciones anuales. Esto sólo significa que el costo se reparte entre varios años en lugar de concentrarse en uno. Implica igualmente que 'lo que se obtiene de los contribuyentes se reparte a lo largo de los años en lugar de concentrarse en un ejercicio. Tales sutilezas nada tienen que ver con la cuestión fundamental.
La gran ventaja psicológica de quienes abogan por la construcción de esta clase de viviendas radica en que se observa a los obreros trabajando en las mismas mientras se construyen y se contemplan las casas una vez terminadas. Las gentes viven en ellas y con orgullo las muestran a sus amistades. Nadie ve los jornales destruidos por los impuestos percibidos para la edificación de aquellas viviendas, como tampoco las mercancías y servicios que nunca llegaron a existir. Hace falta un gran esfuerzo mental renovado cada vez que se contemplan las casas y sus felices moradores para pensar en la riqueza increada. ¿:Es sorprendente que los partidarios de la construcción estatal de viviendas desprecien la argumentación contraria, cual si se tratara de un cúmulo de entelequias y de meras objeciones teóricas, en tanto señalan las viviendas construidas? Este modo de reaccionar es igual al de aquel personaje de Santa Juana, de Bernard Shaw, que cuando se le habla de la teoría de Pitágoras sobre la esfericidad de la tierra y su movimiento alrededor del sol, replica: «¡Qué majadería! ¿Pero es que no tiene ojos para ver»?
Análogo razonamiento hemos de aplicar, una vez más, a grandes proyectos como el Tennessee Valley Authority. En este caso, debido a sus ingentes dimensiones, el peligro de ilusión óptica es mayor que nunca. He aquí una gigantesca presa, Un formidable arco de acero y hormigón, «superior a todo lo que el capital privado hubiera podido construir», ídolo de fotógrafos, paraíso de socialistas y el símbolo más utilizado de los milagros de la construcción, la propiedad y la administración públicas. Han surgido gigantescos generadores y centrales. Toda una región ha sido elevada a un más alto nivel económico y cubierta por factorías e industrias que de otra forman no hubieran existido. Y todo ello se presenta, en los panegíricos de sus entusiastas, como claro logro económico sin contrapartida.
No es el caso de analizar ahora los méritos del TVA o los de otros proyectos públicos semejantes. Pero esta vez hace falta un especial esfuerzo de imaginación, que poca gente parece capaz de realizar, para considerar el debe del libro mayor. Si los impuestos obtenidos de los ciudadanos y empresas son invertidos en un lugar geográfico concreto, ¿qué tiene de sorprendente ni de milagroso que dicho lugar disfrute una mayor riqueza en comparación con el resto del país? No es lícito olvidar en tal supuesto que otras regiones serán por ello relativamente más pobres. De todas suertes, lo que «el capital privado no podía construir» lo ha sido, de hecho, por el capital privado; por aquel capital extraído mediante la exacción fiscal, o si se obtuvo mediante empréstitos, habrá de ser finalmente amortizado con cargo a impuestos que también en su día soportará el contribuyente. De nuevo hay que hacer un esfuerzo de imaginación para ver las centrales eléctricas y viviendas privadas, las máquinas de escribir y los aparatos de radio que nunca llegaron a cobrar realidad porque el capital necesario fue tomado a los ciudadanos de todo el país y dedicado a la construcción de la fotogénica Presa Norris.
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He escogido deliberadamente los ejemplos más favorables para la inversión estatal, es decir, los que con mayor frecuencia y fervor recomiendan los jerarcas y gozan de más cálida acogida por parte del público. He pasado por alto los centenares de descabellados proyectos que invariablemente se ejecutan persiguiendo como principal finalidad «proporcionar empleos» y «dar trabajo», aun cuando aparezca más o menos dudosa su práctica utilidad. Por lo demás, cuanto más ruinosa sea la obra, más elevado el coste de la mano de obra invertido, mejor cumplirá el propósito de proporcionar mayor empleo. En tales circunstancias, es poco probable que los proyectos madurados por los burócratas proporcionen la misma suma de riqueza y el mismo bienestar por dólar gastado que los que proporcionarían los propios contribuyentes si, en lugar de verse constreñidos a entregar parte de sus ingresos al Estado, los invirtieran con arreglo a sus deseos.
4. LOS IMPUESTOS DESALIENTAN LA PRODUCCIÓN
Existe todavía otro factor que contribuye a hacer improbable que la riqueza creada por la inversión estatal compense plenamente la riqueza destruida por los impuestos percibidos y destinados al pago de aquellas inversiones. No se trata simplemente, como a menudo se supone, de tomar algo del bolsillo derecho de la nación para ponerlo en el izquierdo. Los inversionistas estatales nos dicen, por ejemplo, que si la renta nacional asciende a 200.000.000.000 de dólares (siempre son generosos al fijar esta cifra), unos impuestos de 50.000.000.000 de dólares al año significa transferir tan sólo el 25 por 100 de fines privados a fines públicos. Esto es hablar como si el país fuera una gigantesca empresa mercantil y como si tales operaciones implicaran meros apuntes contables. Los inversores estatales olvidan que están tomando el dinero de A para entregarlo a B. Mejor dicho, lo saben muy bien; pero en tanto extensamente aluden a los beneficios que el proceso reporta a B y se refieren a las cosas maravillosas de que disfrutará y que no hubiera soñado si tal dinero no le hubiera sido entregado, pasan por alto las consecuencias que A habrá de soportar. Ven sólo a B y olvidan a A.
En el mundo moderno no se aplica a todas las gentes igual porcentaje de impuesto sobre los ingresos personales. La mayor carga fiscal recae sobre un sector limitado de los contribuyentes y dicha contribución sobre la renta ha de ser suplementada mediante otros tipos de imposición. Tales exacciones inevitablemente afectan a las acciones e incentivos de las personas que tienen que soportarlas. Cuando una empresa pierde cien centavos por cada dólar perdido y sólo se le permite conservar sesenta de cada dólar ganado; cuando no puede compensar sus años de pérdidas con sus años de ganancias, o no puede hacerlo adecuadamente, su línea de conducta queda perturbada. No intensifica su actividad mercantil, o si lo hace, sólo incrementa aquellas operaciones que implican un mínimo de riesgo. Aquellos que se percatan de esta realidad se retraen de iniciar nuevas empresas. De esta suerte, los empresarios establecidos no provocan la creación de nuevas fuentes de trabajo o lo hacen en grado mínimo; muchos deciden no convertirse en empresarios. E1 perfeccionamiento de la maquinaria y la renovación de los equipos industriales se produce a ritmo más lento, y el resultado, a la larga se traduce en impedir a los consumidores la adquisición de productos mejores y más baratos, con lo que disminuyen los salarios reales.
Un efecto semejante se produce cuando los ingresos personales son gravados en un 50, 60, 75 ó 90 por 100. Las gentes comienzan a preguntarse por qué tienen que trabajar seis, ocho o diez meses del año para el Gobierno y sólo seis, cuatro o dos meses para ellos mismos y sus familias. Si pierden el dólar completo cuando pierden, pero sólo pueden conservar una parte de él cuando lo ganan, llegan a la conclusión de que es una tontería arriesgar su capital. De esta suerte, el capital disponible decrece de modo alarmante.
Queda sujeto a imposición fiscal aun antes de ser acumulado. En definitiva, al capital capaz de impulsar la actividad mercantil privada se le impide, en primer lugar, existir, y el escaso que se acumula se ve desalentado para acometer nuevos negocios. El poder público engendra el paro que tanto deseaba evitar.
Una cierta carga fiscal es, naturalmente, indispensable para cumplir las funciones esenciales de todo Gobierno. Unos impuestos razonables, adecuados a estos fines, no interfieren seriamente la producción. Los servicios públicos que ofrecen a cambio y que, por lo demás, salvaguardan la producción misma, suponen más que suficiente compensación. Ahora bien, cuanto mayor sea el porcentaje de renta nacional que absorban las cargas fiscales, tanto mayor será la disuasión ejercida sobre la producción y la actividad privada. Cuando la carga total tributaria rebasa unos límites soportables, el problema de buscar nuevos impuestos que no desalienten y obstaculicen la producción resulta insoluble.
5. EL CRÉDITO ESTATAL PERTURBA LA PRODUCCIÓN
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La «ayuda» estatal a los negocios resulta tan temible a veces como su hostilidad. En especial, cuando —como a menudo ocurre— el supuesto estímulo adopta la forma de concesión directa de anticipos estatales reintegrables o bien el aval de préstamos privados.
La cuestión relacionada con el crédito estatal adquiere mayor complejidad si se presta la debida atención al hecho de que ineludiblemente implica el riesgo de provocar inflación.
La propuesta de esta naturaleza que con mayor frecuencia se presenta al Congreso se refiere a la concesión de más amplios créditos a los agricultores. A juicio de la mayoría de los miembros del Congreso, los agricultores no disponen nunca de suficiente crédito. E1 proporcionado por las compañías financieras privadas, sociedades de seguros o bancos rurales nunca les parece «adecuado». E1 Congreso descubre siempre sectores no amparados por las instituciones crediticias existentes, a pesar de las muchas que él mismo ha creado. Los agricultores pueden disfrutar de suficiente crédito a largo o corto plazo, pero al parecer escasea el crédito «intermedio», el tipo de intereses es excesivo o bien se formula la queja de que los préstamos privados sólo se conceden a agricultores ricos y sólidamente establecidos. Así, el legislador se dedica a amontonar sin tasa nuevas instituciones y variedades nuevas de préstamos agrícolas.
La confianza en todas estas medidas, como se verá, deriva de un doble espejismo. En primer lugar, el asunto se examina únicamente desde el punto de vista de los agricultores que solicitan crédito. Y aun así y todo, tan sólo se pondera adecuadamente la primera mitad de la transacción.
Ahora bien, cualquier empréstito, a juicio de todo beneficiario honesto, ha de ser, en definitiva, reintegrado. Todo crédito representa una deuda. Las propuestas encaminadas a prodigar los créditos implican, por consiguiente, un volumen mayor de deudas. Si al aludir a los primeros se empleara habitualmente el segundo apelativo, la petición aparecería menos tentadora.
No es necesario analizar ahora los préstamos normales concedidos a los agricultores a través de fuentes privadas. Consisten en hipotecas, aplazamientos en el pago del precio de adquisición de automóviles, frigoríficos, radios, tractores y otra maquinaria agrícola, y en créditos bancarios otorgados al agricultor en tanto recolecta, vende sus productos y percibe su importe. Nos concretaremos aquí al examen de los créditos concedidos a agricultores, bien directamente por alguna organización estatal o mediante su aval.
Tales anticipos son fundamentalmente de dos clases. Unos permiten al agricultor mantener su cosecha fuera del mercado. Existe un tipo de crédito especialmente peligroso, pero será más conveniente considerarlo más tarde, cuando estudiemos los controles gubernamentales sobre las mercancías. Los otros ponen a disposición del agricultor los fondos necesarios para la adquisición de capital, y a menudo incluso le permiten establecerse, capacitándole para comprar una granja, un par de mulas, un tractor o las tres cosas a un tiempo.
A primera vista, la justificación de tales préstamos puede parecer bien fundada. He aquí una familia pobre, se arguye, que carece de todo medio de vida. Es antieconómico obligarles a vivir de la caridad. Facilitémosles una granja, situémosles en condiciones de comerciar, hagamos de ellos ciudadanos productivos y respetables que contribuyan al incremento de la producción nacional y, finalmente, capaces de cancelar los préstamos con los productos cosechados. Supongamos a un granjero que por carecer de capital utiliza métodos primitivos de producción y no puede adquirir un tractor. Préstesele ese dinero; al aumentar su productividad podrá reintegrar el anticipo con los beneficios de una mayor cosecha. De este modo, aseguran, no sólo se consigue enriquecer y poner en marcha a un determinado agricultor, sino que al propio tiempo se enriquece la comunidad como consecuencia del aumento de la producción. Y el préstamo, concluye el razonamiento, cuesta al Gobierno y a los contribuyentes menos que nada, puesto que es «autoliquidable».
Pues bien, he aquí la función que precisamente ejerce a diario el crédito privado. Si alguien desea comprar una granja y sólo dispone, pongamos por caso, de la mitad o un tercio de su importe, un vecino o la Caja de Ahorros le facilita el resto mediante una hipoteca sobre la misma granja adquirida. Si desea adquirir un tractor, la propia empresa que los construye o una sociedad financiera le facilitará la compra pagando al contado el tercio de su importe y abonando el resto a plazos o con las economías que el propio tractor le ha de proporcionar.
Pero existe una importante diferencia entre los préstamos facilitados por los particulares y los que concede el Gobierno. E1 prestamista privado arriesga sus propios fondos (un banquero, ciertamente, arriesga fondos que otros le han confiado; pero si el dinero se pierde, responde con su propio capital o bien desaparece del mundo de los negocios). Cuando la gente arriesga su capital suele ser cuidadosa en investigar la adecuación de los bienes ofrecidos en garantía y la capacidad y honestidad del prestatario.
Si el Estado operase con arreglo a estas rigurosas normas, no habría razón que justificase su injerencia. ¿Qué utilidad habría en repetir lo que ya realizan las empresas privadas? Ahora bien, el Estado, casi invariablemente, opera sobre supuestos diferentes.a argumentación que justifica su injerencia se basa en que el poder público facilitará anticipos a quienes no lo conseguirían de los prestamistas privados Lo que equivale a decir que los prestamistas estatales asumirán con el dinero ajeno (del contribuyente) mayores riesgos que los prestamistas privados asumen con el suyo. En efecto, a menudo los apologistas de los primeros reconocen lealmente que el porcentaje de pérdidas ha de ser más elevado en los préstamos del Gobierno que en los privados. Sin embargo, arguyen que tales pérdidas quedará más que compensadas a causa del incremento de la producción derivado del esfuerzo de los prestatarios que cancelarán sus anticipos e incluso del de la mayoría de los que no pueden devolver los suyos.
El razonamiento parece convincente si sólo se tiene en cuenta a los que recibieron los fondos estatales, olvidando a aquellos otros a quienes la injerencia del Gobierno privó de la oportunidad de adquirir medios de producción. Porque es de notar que lo realmente prestado no es dinero, mero instrumento de cambio, sino bienes de capital (ya ha sido advertido el lector que se deja para más adelante el análisis de las complicaciones introducidas por una expansión inflacionaria del crédito). Lo que en realidad se presta, pongamos por caso, es la granja o el tractor. Ahora bien, el número de granjas disponibles es limitado y también lo es la fabricación de tractores (siempre y cuando no haya producción excesiva de tractores a expensas de otras fabricaciones). La granja o tractor que se presta a A no puede prestarse a B. La verdadera cuestión radica, por tanto, en determinar cuál de los dos, A o B, debe obtener la granja.
Ello nos conduce a ponderar los méritos respectivos de A y B y lo que cada uno contribuye o es capaz de contribuir a la producción. Supongamos que es A quien conseguiría la granja, de no haber surgido la injerencia estatal. E1 banquero local o sus vecinos le conocen y no ignoran su pasado. Desean hallar empleo para sus fondos. Saben que es un buen agricultor y un hombre honrado que cumple su palabra. Le consideran digno de crédito. Tal vez ha acumulado ya medios suficientes, a fuerza de trabajo, frugalidad y previsión, para pagar una cuarta parte del precio. Acuden a prestarle el resto y el interesado adquiere la granja.
Hállase muy difundida la extraña creencia, mantenida por todos los arbitristas monetarios, según la cual el crédito es algo que el banquero otorga. Por el contrario, el crédito es algo que el hombre tiene previa mente adquirido. Goza de crédito porque posee bienes de un valor monetario superior al préstamo que solicita o bien porque sus condiciones personales y su pasado se lo han proporcionado. Lo lleva consigo al Banco y por ello consigue el préstamo; el banquero no entrega dinero a cambio de nada. Se siente seguro de que le será devuelto y no hace sino cambiar una forma más líquida de capital o crédito por otra menos líquida. A veces se equivoca y entonces no sólo queda perjudicado el propio banquero, sino también toda la comunidad, puesto que no adquieren realidad los valores que el prestatario esperaba producir y se malgastan los recursos disponibles.
Parece lógico, pues, que sea A, que goza de crédito, a quien el banquero concede el préstamo. Pero el Gobierno interfiere la actividad crediticia con espíritu caritativo, porque, como ya vimos, está preocupado por la suerte de B. B no puede obtener ni hipoteca, ni préstamos de carácter privado por no gozar de crédito personal. No dispone de ahorros y su historial como agricultor no es de los más brillantes; tal vez, por el momento, vive del socorro estatal. ¿Por qué —dicen los partidarios del crédito público— no hacer de él un ciudadano útil y productivo, prestándole lo suficiente para que pueda adquirir una granja, una mula o un tractor?
En algún caso aislado puede que las cosas marchen bien. Pero es evidente que en general las personas seleccionadas con arreglo al criterio oficial ofrecerán riesgos mayores que las que han sido seleccionadas según las normas de las instituciones privadas. Con los préstamos así facilitados se perderá más dinero; habrá un porcentaje mucho más elevado de insolventes; serán menos eficaces y se malgastarán más recursos. Sin embargo, los beneficiarios del crédito estatal obtendrán sus granjas y tractores a expensas de quienes de otro modo habrían disfrutado del crédito privado. Porque A tiene una granja, B se verá privado de ella. La exclusión de B puede obedecer a diversas causas, todas ellas Íntimamente relacionadas con la actuación del Gobierno: puede haberse provocado una elevación en el tipo de interés como resultado de la injerencia estatal en el campo crediticio o bien un aumento en el precio de la granjas; o sencillamente pudiera ser que la granja adquirida por A fuese la única disponible, por no encontrarse en la comarca, por el momento, otra en venta. En cualquier caso el crédito gubernamental no ha provocado un incremento de riqueza común, sino todo lo contrario, toda vez que el capital real disponible (consistente en granjas, tractores y otros bienes de producción) ha sido puesto a disposición de los prestatarios menos eficientes en vez de ir a parar a manos de los más capaces y dignos de confianza.
2.
El supuesto se ve aún más claro si dejando la agricultura pasamos a otras actividades. Se pretende con frecuencia que el Estado debe asumir los riesgos que son «demasiado grandes para la iniciativa privada». Esto significa que debe permitirse al Estado imponer al dinero de los contribuyentes riesgos que nadie está dispuesto a afrontar con el suyo.
Tal sistema produciría múltiples daños. Conduciría al favoritismo, a la concesión de créditos por amistad o por cohecho. Daría lugar a inevitables escándalos. Provocaría recriminaciones cuando el dinero del contribuyente desapareciera al fracasar las empresas en que hubiera sido invertido. Fortalecería las aspiraciones socialistas, toda vez que cabría con razón inquirir por qué si el Estado soporta el riesgo no ha de participar también en los beneficios. ¿Cómo justificar el hecho de que el contribuyente asuma los riesgos mientras el empresario privado goza de las ganancias? Sin embargo, esto es precisamente lo que se hace, como luego veremos, en el caso de los créditos agrícolas oficiales «a fondo perdido».
Pero de momento pasaremos por alto todos estos inconvenientes, concentrando la atención tan sólo en una de las consecuencias provocadas por tales anticipos. Es una realidad que dilapidan el capital disponible en planes ruinosos, o cuando menos dudosos, dejando que lo manipulen personas menos competentes o menos dignas de confianza que las que de otra suerte lo hubieran obtenido. La cuantía de capital existente en cualquier momento (a diferencia del papel moneda impreso) es limitada. Lo que se pone en manos de B no puede ser puesto en las de A.
Las gentes desean invertir su capital, pero siempre con cautela, puesto que aspiran a recuperarlo. Por ello la mayoría de quienes prestan dinero investigan cuidadosamente las circunstancias de cualquier solicitante antes de arriesgarlo. Sopesan las perspectivas de beneficios contra los riesgos de pérdidas. A veces se equivocan. Ahora bien, por razones obvias, incidirán en menor número de errores que los prestamistas estatales. E n primer lugar, el dinero o es suyo o les ha sido voluntariamente confiado. En el caso del crédito oficial, el dinero pertenece a otros, de quienes ha sido obtenido mediante impuestos, sin contar con su voluntad. El dinero privado no será invertido si no se tiene la seguridad de que ha de ser recuperado con intereses. Ello implica que los beneficiarios son, sin duda, capaces de producir aquellos bienes que el país realmente necesita. Por el contrario, el dinero oficial suele prestarse para alcanzar algún vago objetivo general, como por ejemplo, «proporcionar trabajo»; cuanto más ineficaz sea la obra —es decir, cuanto mayor sea el volumen de mano de obra requerido en relación con el valor del producto—, más altamente apreciada será la inversión.
Además, los banqueros particulares son seleccionados por la dura mecánica del mercado. En cuanto cometen grandes errores, pierden sus fondos y carecen en adelante de medios para prestar. Sólo cuando han tenido éxito en el pasado dispondrán de más dinero para prestar en el futuro. De este modo los prestamistas privados (excepto la proporción relativamente pequeña que haya heredado su capital) son rigurosamente seleccionados por el proceso de supervivencia de los más aptos y hábiles. Los prestamistas estatales son, en cambio, o personas que fueron aprobadas en las oposiciones a funcionarios civiles v saben resolver en teoría cuestiones hipotéticas, o personas capaces de dar las razones más ingeniosas en justificación de los créditos concedidos y las más plausibles explicaciones para evidenciar que no tienen culpa cuando se pierden. Pero el resultado final sigue siendo el mismo: los préstamos privados permiten utilizar los recursos y el capital existentes mucho mejor que los créditos estatales. Estos dilapidarán mucho más capital y recursos que los empréstitos privados. En una palabra, los anticipos estatales, en comparación con los privados, reducirán la producción en vez de aumentarla.
En resumen, la concesión de empréstitos estatales a individuos o proyectos privados se preocupa de B y olvida a A. Ve a las personas en cuyas manos se pone el capital, pero ignora a aquellas que de otro modo lo hubieran conseguido. Contempla el proyecto para el cual fueron concedidos los fondos; olvida los proyectos a los cuales, por ello, tal dinero se niega. Ve el beneficio inmediato para un sector mientras se desentiende de la pérdida experimentada por otros grupos y del quebranto irrogado, en definitiva, al conjunto de la comunidad.
Todo ello constituye nueva ilustración del sofisma consistente en ver sólo intereses especiales a corto plazo, olvidando el interés general de la colectividad a largo plazo.
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A1 iniciar este capítulo hicimos notar que la «ayuda» estatal a los negocios es a veces tan temible como la hostilidad del Gobierno. Esto es aplicable tanto a las subvenciones como a los empréstitos concedidos por el Estado. E1 Estado jamás presta o da algo a los ciudadanos que previamente no haya obtenido de ellos mismos. A menudo oímos a los partidarios del New Deal y otros políticos vanagloriarse de cómo el Gobierno americano, durante el año 1932 y aún más tarde, «subvencionó a la industria privada» a través de la Reconstruction Finance Corporation, la Home Owners Loan Corporation y otros organismos estatales. Ahora bien, el Estado no puede prestar a las empresas privadas una ayuda financiera que no detraiga, antes o después, de las mismas. Todos los fondos del Estado proceden de las exacciones fiscales. Y el crédito mismo del Estado, tantas veces proclamado, se basa en el supuesto de que las obligaciones que asume serán afrontadas en última instancia con el producto de los impuestos. Cuando el Gobierno subvenciona o concede anticipos, en realidad grava negocios privados prósperos para auxiliar ruinosos negocios privados. En determinadas circunstancias anormales tales medidas pueden hallar justificación en razonamientos cuya fuerza dialéctica no vamos ahora a examinar. Pero a la larga, tal manera de actuar del Gobierno no parece remuneradora desde el punto de vista de la totalidad del país y la experiencia así lo ha demostrado.
6. EL ODIO A LA MAQUINA
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Constituye uno de los errores económicos más corrientes la creencia de que las máquinas, en definitiva, crean desempleo. Mil veces destruido, ha resurgido siempre de sus propias cenizas con mayor fuerza y vigor. Cada vez que se produce un prolongado desempleo en masa, las máquinas vuelven a ser el blanco de todas las iras. Sobre este sofisma descansan todavía muchas prácticas sindicales que el público tolera, sea porque en el fondo considera que los sindicatos tienen razón, sea porque se halla demasiado confuso para poder apreciar claramente las causas de su error.
La creencia de que las máquinas provocan desempleo, cuando es sostenida con alguna consistencia lógica, llega a descabelladas conclusiones. Bajo tal supuesto, no sólo debe estarse causando desempleo hoy en ,día con cada perfeccionamiento técnico, sino que el hombre primitivo debió empezar a producirlo con sus primeros esfuerzos por liberarse de la necesidad y de la fatiga inútiles.
Sin ir tan lejos, volvamos a La Riqueza de las Naciones de Adam Smith, publicada en 1776 El primer capítulo de este notable libro se titula «De la división del trabajo», y en la segunda página del mismo nos dice el autor que un obrero no familiarizado con el empleo de maquinaria utilizada en la fabricación de alfileres «apenas podría hacer un alfiler por día e, indudablemente, no harta veinte», mientras que con el uso de esa maquinaria puede fabricar 4.800 alfileres diarios. Así pues, siguiendo el razonamiento, ya en la época de Adam Smith, las máquinas habrían desplazado de 240 a 4.800 productores de alfileres por cada uno que permaneció en su trabajo. Si las máquinas no hicieran otra cosa que privar al hombre de su trabajo, en la industria del alfiler existiría ya en aquella época un 99,98 por 100 de desempleo. ¿Podría darse un panorama más sombrío?
En efecto, pudo darse, pero esto fue así porque la Revolución Industrial estaba todavía en su infancia. Contemplemos algunos de sus aspectos e incidentes más destacados. Veamos, por ejemplo, lo que ocurrió en la industria de fabricación de medias. Conforme iban siendo instalados los nuevos telares, eran destruidos por los artesanos, que en un solo tumulto destrozaron más de mil; se incendiaron talleres y se amenazó a los inventores, quienes se vieron precisados a huir para salvar sus vidas, no quedando restablecido el orden hasta que intervino el ejército y fueron deportados o ahorcados los principales cabecillas.
Ahora bien, no debe olvidarse que, en la medida en que pensaban en su propio futuro inmediato e incluso más lejano, la oposición de los revoltosos a la máquina era racional. William Felkin nos dice en su Historia de la industria de géneros de punto fabricados a máquina (1867), que la mayor parte de los 50.000 obreros ingleses empleados en la fabricación de medias, y sus familias, tardaron más de cuarenta años en sobreponerse al hambre y la miseria a que les llevó la introducción de la máquina. Pero en cuanto a la creencia de los amotinados de que la máquina habría de estar desplazando continuamente obreros; se equivocaban, ya que antes de que finalizase el siglo XIX la industria de fabricación de medias empleaba, por lo menos, cien obreros por cada uno de los empleados a comienzos del siglo.
Arkwright inventó en 1760 su maquinaria para el hilado del algodón. En aquella época se ha calculado que existían en Inglaterra 5.200 hilanderos que utilizaban tornos de hilar y 2.700 tejedores; en conjunto, 7.900 personas dedicadas a la producción de textiles de algodón. La introducción de la invención de Arknvright encontró oposición, por estimarse amenazaba el medio de vida de los obreros, y la resistencia tuvo que ser vencida por la fuerza. Sin embargo, en 1787, veintisiete años después de aparecido el invento, una investigación parlamentaria mostró que el número de personas empleadas en el hilado y tejido de algodón había ascendido de 7.900 a 320.000, o sea un incremento del 4.400 por 100.
Si el lector consulta el libro Cambios económicos recientes, de David A. Wells, publicado en 1889, hallará algunos pasajes que, dejando a un lado fechas y cifras absolutas, pudieran haber sido escritos por cualquiera de nuestros actuales tecnófobos, valga el vocablo. Citaremos algunos:
Durante los diez años transcurridos entre 1870 y 1880 inclusive, la Marina mercante británica incrementó su actividad, sólo en cuanto a registros y despachos extranjeros, hasta la cifra de 22.000.000 de toneladas... Sin embargo, el número de hombres ocupados en esta gran actividad había disminuido en 1880, en comparación con 1870, en cantidad aproximada de 3.000 (2.990 exactamente). ¿A qué fue debido? A la introducción de las grúas a vapor y elevadores de grano en muelles y desembarcaderos, al empleo de la fuerza de vapor, etcétera.
En 1873, el acero Bessemer, que no había sido objeto de medidas protectoras, costaba 80 dólares por tonelada en Inglaterra; en 1886 se fabricaba y vendía en el mismo país a menos de 20 dólares la tonelada.
Durante el mismo tiempo, la capacidad de producción anual de un convertidor Bessemer se había incrementado al cuádruplo, con ningún aumento, sino más bien ligera disminución, del trabajo invertido... La potencia de las máquinas de vapor existentes en funcionamiento en todo el mundo, en el año 1887, ha sido calculada por la Oficina de Estadística de Berlín como equivalente a la de 200.000.000 de caballos, lo que representa, aproximadamente, el esfuerzo conjunto de 1.000 millones de hombres; como mínimo, el triple de la población obrera del mundo.
Parece que esta última cifra debería haber hecho reflexionar al autor del libro induciéndole a preguntarse cómo es que aún quedaban empleos en el mundo en 1889, pero se limitaba a concluir, con moderado pesimismo, que «bajo tales circunstancias, la superproducción industrial... puede hacerse crónica».
Durante la depresión del año 1932 se reanudó, una vez más, la práctica de culpar del desempleo a las máquinas. En pocos meses se habían extendido por todo el país, como bosque en llamas, las doctrinas de un grupo que se denominaba a sí mismo los Tecnócratas. No cansaré al lector con la exposición de cifras fantásticas presentadas por este grupo, ni con las necesarias correcciones que muestran cuáles fueron los hechos reales. Baste con decir que los Tecnócratas volvieron al error, en toda su prístina pureza, de que las máquinas desplazan permanentemente a los hombres, con la sola particularidad de que en su ignorancia presentaban este error como nuevo y revolucionario descubrimiento. Fue simplemente una ilustración más del aforismo de Santayana, según el cual, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Los Tecnócratas fueron relegados finalmente al olvido entre fáciles ironías. Pero su doctrina, que les había precedido, persiste. Se refleja en centenares de normas y prácticas sindicales, encaminadas a hacer ineludible la intervención de mayor número de obreros en determinada tarea, dilatar su realización durante el mayor tiempo posible o simplemente obligar a los empresarios a mantener empleos inútiles, que se toleran e incluso aprueban gracias a la conclusión que a este respecto reina en la mentalidad pública.
Corwin Edwards, en su declaración ante el Comité Temporal de Economía Nacional, como testigo del Departamento de Justicia, citaba innumerables ejemplos de tales prácticas. En la ciudad de Nueva York se llegó a prohibir la instalación de equipo eléctrico que estuviese fabricado fuera del Estado, a menos que se desmontase y volviese a montar en la misma obra En Houston, Texas, los fontaneros titulados y el sindicato acordaron que la tubería prefabricada para la instalación sería colocada por los obreros de la unión sindical sólo en el caso de que se suprimiera uno de los extremos roscados, para ser roscada nuevamente en la obra Varias delegaciones locales del sindicato de pintores impusieron restricciones al uso de pistolas para pintar, en muchos casos destinadas meramente a proporcionar trabajo, aun a cambio de exigir el más lento proceso de aplicar la pintura a brocha. Una delegación local del sindicato de transportes exigía que cada camión que entrase en la zona metropolitana de Nueva York llevase un conductor local, además del propio conductor del vehículo. En varias ciudades, el sindicato de electricistas requería la presencia de un operario en cualquier construcción donde se precisase temporalmente de luz o energía, no siéndole permitido realizar trabajo alguno de montaje. Esta norma, según Mr. Edwards, «implica a menudo la contratación de un hombre que se pasa el día leyendo o haciendo solitarios y cuyo único cometido es maniobrar un interruptor al comienzo y al final de la jornada».
Podríanse citar prácticas análogas en muchas otras actividades. En los ferrocarriles, los sindicatos insisten en el empleo de fogoneros en tipos de locomotoras en las que no son necesarios sus servicios. En los teatros los sindicatos obligan al empleo de tramoyistas incluso en representaciones donde no se utiliza escenario alguno. El sindicato de músicos exige el empleo de músicos llamados «figurones» e incluso de orquestas completas en lugares en que sólo se interpretan discos de gramófono.
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Podrían acumularse montañas de cifras que demostraran cuán equivocados estaban los tecnófobos del pasado. Pero de nada serviría si no pusiéramos en claro por qué estaban equivocados. La estadística y la historia de nada valen a la economía si no van acompañadas de una básica comprensión deductiva de los hechos, lo que significa, en este caso, una clara evaluación del porqué tuvieron que ocurrir las pasadas consecuencias de la introducción de la maquinaria y otros dispositivos orientados a la mayor economía del trabajo. De lo contrario, los tecnófobos aducirán, como aseguran de hecho cuando se les hace resaltar los absurdos contenidos en las profecías de sus predecesores, que «puede que sea así en lo que se refiere al pasado, pero las condiciones actuales son fundamentalmente diferentes y es ahora cuando no podemos seguir perfeccionando las máquinas economizadoras del trabajo». En efecto, la señora Eleanor Roosevelt escribía en un periódico sindical, el 19 de septiembre de 1945: «Hemos llegado ya a un extremo en que los mecanismos economizadores de trabajo sólo son deseables cuando no desplazan al obrero de su puesto».
Si fuese realmente cierto que la introducción de la maquinaria es causa de creciente desempleo y miseria, las deducciones lógicas serían revolucionarias, no sólo en el aspecto técnico, sino también en lo que se refiere a nuestro concepto global de la civilización. No sólo tendríamos que considerar calamitoso todo futuro progreso técnico, sino que deberíamos contemplar con igual horror los progresos técnicos alcanzados en el pasado. Diariamente cada uno de nosotros se esfuerza en reducir en lo posible el trabajo que un determinado fin exige; todos procuramos simplificar nuestro trabajo y economizar los medios necesarios para alcanzar el objetivo deseado. Cualquier empresario, grande o pequeño, ansía constantemente conseguir realizar sus particulares objetivos con mayor economía y eficacia; es decir, ahorrando esfuerzo. Todo obrero inteligente procura reducir el esfuerzo que le exige la tarea encomendada. Los más ambiciosos entre nosotros tratan incansablemente de aumentar los resultados que puedan obtenerse en un número determinado de horas. Si obrasen con lógica y consecuencia, los tecnófobos deberían desechar todo este progreso e ingenio, no ya por inútil, sino por perjudicial. ¿Para qué transportar mercancías entre Nueva York y Chicago por ferrocarril cuando podrían emplearse muchísimos más hombres, por ejemplo, si las llevasen a hombros?
Teorías tan falsas como la señalada se articulan de manera lógica, pero causan gran perjuicio por el mero hecho de ser mantenidas. Tratemos, por consiguiente, de ver con exactitud lo que realmente sucede cuando se introducen en la producción máquinas y perfeccionamientos técnicos. Los detalles variarán en cada caso, según sean las condiciones particulares que prevalezcan en una industria o período determinados. Pero tomaremos un ejemplo que comprenda las circunstancias más generales.
Supongamos que un fabricante de telas tiene conocimiento de la existencia de una máquina capaz de confeccionar abrigos de caballero y señora, empleando tan sólo la mitad de la mano de obra que anteriormente se precisaba. Instala la maquinaria y despide a la mitad del personal.
Parece a primera vista que ha habido una evidente disminución de ocupación. Ahora bien, la propia máquina requirió mano de obra para ser fabricada; así, pues, como primera compensación aparece un trabajo que de otra forma no hubiese existido. El fabricante, sin embargo, sólo decide adoptar la maquinaria, si con ella consigue hacer mejores trajes por la mitad de traba]o, o el mismo tipo de traje a un costo menor. Suponiendo lo segundo, no es posible admitir que el trabajo invertido en la construcción de la maquinaria fuese tan considerable, en cuanto a volumen de salarios, como el que espera economizar a la larga el fabricante de telas al adoptar la maquinaria; de lo contrario no habría economía y la maquinaria no sería adquirida.
Vemos, por consiguiente, que todavía existe aparentemente una pérdida global de empleo, atribuible a la maquinaria. Sin embargo, debemos siempre tener presente la posibilidad real y efectiva de que el resultado final de la introducción de la maquinaria representa, a la larga, un aumento global de empleo, porque al adoptar la maquinaria, es tan sólo a largo plazo cuando el fabricante de telas espera, ordinariamente, ahorrar dinero, y puede se precisen varios años para que la maquinaria «se pague a sí misma».
Cuando el coste de la máquina ha quedado compensado por las economías que facilita, el fabricante de telas ve aumentar su beneficio (supondremos que se limita a vender sus abrigos al mismo precio que sus competidores, sin esforzarse por abaratarlos). En este punto puede parecer que se ha producido una pérdida neta de empleo, siendo el fabricante, el capitalista, el único beneficiario. Ahora bien, en estos beneficios extras radica precisamente el origen de subsiguientes ganancias sociales. E1 fabricante ha de emplear su beneficio extraordinario en una de estas tres formas y posiblemente empleará parte de aquél en las tres: 1) ampliación de sus instalaciones, con adquisición de nuevas máquinas para hacer un mayor número de abrigos; 2) inversión en cualquier otra industria, y 3) incremento de su propio consumo. Cualquiera de estas tres posibilidades ha de producir demanda de trabajo.
En otras palabras, como resultado de sus economías, el fabricante obtiene un beneficio que no tenía antes. Cada dólar ahorrado en salarios directos, por haber podido disminuir el importe de sus nóminas, ha de ir a parar indirectamente a los obreros que construyen la nueva máquina, a los trabajadores de otras industrias o a aquellos que intervienen en la construcción de una nueva casa o automóvil para el fabricante o en la confección de joyas y pieles para su esposa. En cualquier caso (a menos que sea un obtuso acaparador) proporciona indirectamente tantos empleos como directamente dejó de facilitar.
Pero no termina aquí la cosa. Si nuestro emprendedor industrial realiza grandes economías con respecto a sus competidores, o éstos imitarán su ejemplo o aquél empezará a ampliar sus negocios a expensas de aquéllos, con lo que se proporcionará, por lo tanto, más trabajo a los productores de las máquinas. Competencia y producción comenzarán entonces a reducir el precio de los abrigos. Ya no habrá tan grandes beneficios para los que adopten las nuevas máquinas; irán reduciéndose, al tiempo que desaparecen para aquellos fabricantes que todavía no hayan adquirido maquinaria. Las economías, en otras palabras, serán transferidas a los compradores de abrigos, es decir, a los consumidores.
Ahora bien, como los abrigos son más baratos, los comprará más gente, y aunque requiera menos mano de obra la confección de un mismo número de abrigos, éstos se producirán en mayor cantidad que antes. Si la demanda de abrigos es de las que los economistas llaman «elásticas», es decir, si un descenso en el precio determina una mayor cantidad de dinero invertida en abrigos, puede que en su confección se precisen todavía más operarios que los que eran necesarios antes de la aparición de las nuevas máquinas. Ya hemos visto que fue esto lo ocurrido realmente en el caso de las medias y otros productos textiles.
Pero el nuevo empleo no depende de la elasticidad de la demanda del producto particular de que se trate. Supongamos que aunque el precio de los abrigos quedase reducido casi a la mitad—descendiesen, por ejemplo, de 5 a 30 dólares—, no se vendiese ningún abrigo adicional. E1 resultado sería que al tiempo que los consumidores seguirían proveyéndose de nuevos abrigos en igual medida que antes, cada comprador dispondría ahora de 20 dólares con los que previamente no contaba. Gastará, por consiguiente, estos 20 dólares en cualquier otra cosa proporcionando así más empleos en otros sectores de la producción.
En resumen, las máquinas, los perfeccionamientos técnicos, las economías y la eficiencia, en definitiva, no dejan sin trabajo a los hombres.
3
No todos los descubrimientos e invenciones, por supuesto, consisten en máquinas «economizadoras de trabajo». Algunos, como los instrumentos de precisión, el nilón, la lucita, el contraplacado y toda clase de plásticos, mejoran simplemente la calidad de los productos. Otros, como el teléfono y el aeroplano, cumplen misiones que el hombre nunca hubiese podido realizar directamente sin su auxilio. Otros incluso hacen posible la existencia de objetos y servicios, tales como rayos X, aparatos de radio y caucho sintético, que de otra forma no existirían siquiera. Pero para el ejemplo anterior hemos escogido precisamente el tipo de máquina que ha sido blanco preferido de la moderna tecnofobia.
Es posible, desde luego, llegar a desorbitar la tesis de que las máquinas no desplazan en definitiva a los hombres de su trabajo. Se arguye a veces, por ejemplo, que las máquinas crean más empleos de los que sin ellas hubieran existido. En determinadas circunstancias esto puede ser verdad. Cabe, ciertamente, que surjan muchísimos más empleos en determinadas industrias. Las cifras del siglo XVIII para las industrias textiles representan un caso típico. Sus modernas contrapartidas no son, ciertamente, menos sorprendentes. 'En 1910 se hallaban empleadas 140.000 personas en los :Estados Unidos en la recién creada industria automovilística. En 1920, con el perfeccionamiento dei producto y la reducción de su costo, dicha industria empleaba 250.000 personas. En 1930, al continuar el perfeccionamiento y la reducción del costo, el número de empleados ascendió a 380.000. En 1940 había alanzado la cifra de 450.000. En 1940, la fabricación de frigoríficos eléctricos ocupaba a 35.000 obreros, y la de receptores de radio, a 60.000. Lo propio ha ocurrido en todas las industrias de reciente creación, a medida que se perfeccionaba el invento y se reducía el costo.
También puede afirmarse, en sentido absoluto, que las máquinas han aumentado enormemente el número de empleos. La población del mundo es hoy tres veces mayor que la de mediados del siglo XVIII, antes de que la Revolución Industrial se hubiese abierto camino. Es correcto atribuir a las máquinas este aumento de la población, pues sin ellas la naturaleza hubiese sido incapaz de mantener tan numerosa población. Puede afirmarse, en consecuencia, que de cada tres personas, dos debemos a las máquinas no sólo el empleo, sino también la vida.
No obstante, es erróneo suponer que la función o finalidad primordial de las máquinas sea crear empleos. Su verdadero objetivo es incrementar la producción, elevar el nivel de vida, aumentar el bienestar económico. En una economía primitiva no es difícil conseguir ocupación para todo el mundo. E1 empleo total —empleo total exhaustivo: continuo, abrumador, extenuante—es característico precisamente de las naciones industrialmente menos avanzadas. Donde ya existe verdadero empleo total, las nuevas máquinas, descubrimientos e inventos, en tanto no se produce, con el tiempo, un aumento de población, no pueden proporcionar mayor empleo. Es más probable que produzcan mayor desempleo (pero adviértase que ahora estamos hablando de desempleo voluntario y no involuntario) porque la gente puede permitirse el lujo de trabajar menos horas y los niños y personas de avanzada edad no se ven ya forzados a trabajar.
Lo que hacen las máquinas, repitámoslo, es incrementar la producción y elevar el nivel de vida. Esto se lleva a cabo en una de estas dos formas: abaratando los productos al consumidor (como en nuestro ejemplo de los abrigos) o aumentando los salarios, al incrementarse la productividad de los obreros. En otras palabras, o incrementan los salarios o, al reducir los precios, aumentan el volumen de artículos y servicios asequibles a un mismo salario. A veces consiguen ambas cosas. Lo que ocurra dependerá en buena parte de la política monetaria seguida en el país. Pero en cualquier caso, máquinas, invenciones y descubrimientos aumentan los salarios reales.
4
Antes de concluir este tema es conveniente hacer una advertencia. E1 gran mérito de los economistas clásicos fue precisamente considerar las consecuencias secundarias no inmediatas; preocuparse de los efectos de un programa o de una política económica determinada, a largo plazo y sobre toda la comunidad. Pero su defecto consistió en que al hacerlo así se olvidaban a veces de las repercusiones de tal programa en su aspecto inmediato y particularista. Con excesiva frecuencia se inclinaban a minimizar u olvidar por completo las consecuencias inmediatas sobre grupos especiales. Hemos visto, por ejemplo, que los tejedores ingleses sufrieron tragedias como resultado de la introducción de los nuevos telares para la fabricación de medias, una de las primeras invenciones de la Revolución Industrial.
Ahora bien, tales hechos y sus modernas contrapartidas han llevado a algunos autores al extremo opuesto de considerar solamente los efectos inmediatos sobre ciertos sectores. Fulano de Tal pierde su empleo por la introducción de alguna nueva máquina. «No pierdan de vista a Fulano de Tal», insisten esos autores «No se olviden nunca de Fulano de Tal». Sin embargo, lo que en realidad hacen es preocuparse solamente de Fulano de Tal, olvidando que Mengano acaba de obtener un empleo en la fabricación de la nueva máquina, Zutano, otro en el manejo de la misma, y Perengano puede adquirir ahora un abrigo por mitad del precio que solía costarle. Y por pensar solamente en Fulano de Tal acaban por erigirse en defensores de sistemas absurdos y reaccionarios.
Indudablemente, debemos tener presente a Fulano de Tal, que ha sido desplazado de su empleo por la nueva máquina. Quizá pueda obtener rápidamente otro empleo, incluso mejor. Pero tal vez haya dedicado muchos años de su vida a adquirir y perfeccionar una técnica especial que carece ahora de toda utilidad. Ha perdido los fondos invertidos en su autocapacitación técnica, como su antiguo empresario perdió, tal vez, su inversión en viejas máquinas y procedimientos que de pronto han quedado anticuados. Era un obrero especializado y cobraba como tal. Ahora se ha convertido otra vez, de la noche a la mañana, en obrero no especializado porque su vieja pericia de nada sirve ya. No podemos ni debemos olvidarle. Representa una de las tragedias personales que, según veremos, acompañan a casi todo progreso industrial y económico.
Preguntarnos qué solución debe buscársele —si debe abandonársele a su propio destino, concedérsele el derecho a una indemnización por despido o un subsidio por paro, acogerle al socorro estatal o enseñarle un nuevo oficio a expensas del Estado—nos llevaría más allá del tema que tratamos de dilucidar. La lección central es que debemos tratar de prever todas las consecuencias fundamentales de determinada política o programa económico, sus efectos inmediatos sobre grupos especiales y sus efectos remotos sobre todos los grupos.
Si hemos dedicado tan amplio espacio a este tema ha sido porque consideramos cruciales nuestras conclusiones respecto a los efectos de la nueva maquinaria, las invenciones y los descubrimientos, sobre el empleo, la producción y el bienestar. Si nos equivocamos al enunciarlas, pocos serán los temas económicos acerca de los cuales estemos en situación de acertar.
7. PLANES PARA LA MAS AMPLIA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
Me he referido ya a diversas prácticas sindicales encaminadas a proporcionar más empleo, haciendo necesaria la intervención de mayor número de personas en determinada tarea o, sencillamente, dilatando su realización durante el mayor tiempo posible. Tales prácticas y su pública tolerancia derivan del mismo sofisma fundamental que dio lugar al temor a las máquinas. E1 error radica en el convencimiento de que una forma más eficiente de hacer algo elimina empleos, con el obligado corolario de que una modalidad menos eficiente los crea.
Ligada a esta falacia aparece la creencia de que existe en el mundo una cantidad determinada de trabajo que si no podemos incrementar discurriendo procedimientos más absurdos de ejecución, podemos al menos intentar repartir entre el mayor número de gente posible.
Este error se oculta en la minuciosa subdivisión del trabajo sobre la que insisten los sindicatos; en las grandes ciudades y sobre todo en las industrias de la construcción, tal subdivisión se hace más tangible. No se permite a los albañiles emplear mampostería en una chimenea, trabajo que se considera exclusivo de los canteros. Un electricista no puede desmontar un panel y volverlo a instalar para hacer una conexión eléctrica, porque tal trabajo, por sencillo que sea, sólo debe ser efectuado por un carpintero. Un fontanero no puede levantar o reponer una baldosa para eliminar un escape de la ducha; esta tarea concierne a un alicatador.
Los sindicatos mantienen constantemente una furiosa batalla de huelgas «jurisdiccionales» para asegurarse la exclusiva de los trabajos de dudosa asignación. En una declaración recientemente preparada por los ferrocarriles americanos para el «Comité Fiscal y de Procedimiento Administrativo» aparecen innumerables ejemplos en los que la Junta de Regulación de los Ferrocarriles Nacionales había decidido que «todas y cada una de las tareas en el ferrocarril, por insignificantes que sean, tales como hablar por teléfono o montar o desmontar un interruptor, son de tal forma exclusivas de una clase determinada de empleados que si uno de otra clase, en el curso de sus normales obligaciones, realiza tales tareas, no sólo debe percibir por ello, con carácter extraordinario, el salario de un día, sino que, además, los miembros excedentes o en situación de paro de la especialidad destinada a efectuar la operación deben recibir el salario de un día por no haber sido llamados a realizarla».
Es verdad que algunos individuos pueden ser beneficiados a expensas de los demás por esta minuciosa y arbitraria subdivisión del trabajo, siempre que ello ocurra exclusivamente en sus respectivos gremios. Pero los que apoyan esta teoría como práctica general olvidan que su aplicación eleva siempre los costos de producción y que, en definitiva, reduce la demanda de trabajo y los bienes producidos. E1 propietario de una casa que se ve forzado a emplear dos hombres para realizar el trabajo de uno, proporciona, ciertamente, empleo a un obrero extra. Pero sus disponibilidades económicas quedan menguadas justamente en esa medida, mengua que le impedirá invertir igual cantidad en algo que ocuparía a algún otro operario. Como su cuarto de baño ha sido reparado a un costo doble del normal, decide no comprar un nuevo suéter, como pensaba. El «trabajo» no se ha incrementado, porque un día de empleo de un alicatador innecesario ha supuesto un día de desempleo de un productor de suéteres u operario de máquina. Sin embargo, el propietario de la casa ha resultado perjudicado, porque en lugar de tener reparada la ducha y haber adquirido el suéter, ha de resignarse sólo con lo primero. Y si consideramos el suéter como parte de la riqueza nacional, el país dispondrá de un suéter menos. Ello simboliza el resultado neto del esfuerzo encaminado a crear más trabajo mediante su arbitraria subdivisión.
esa medida, mengua que le impedirá invertir igual cantidad en algo que ocuparía a algún otro operario. Como su cuarto de baño ha sido reparado a un costo doble del normal, decide no comprar un nuevo suéter, como pensaba. El «trabajo» no se ha incrementado, porque un día de empleo de un alicatador innecesario ha supuesto un día de desempleo de un productor de suéteres u operario de máquina. Sin embargo, el propietario de la casa ha resultado perjudicado, porque en lugar de tener reparada la ducha y haber adquirido el suéter, ha de resignarse sólo con lo primero. Y si consideramos el suéter como parte de la riqueza nacional, el país dispondrá de un suéter menos. Ello simboliza el resultado neto del esfuerzo encaminado a crear más trabajo mediante su arbitraria subdivisión.
a la salud o a la eficacia en el trabajo. Se incluyó, en parte, con la esperanza de mejorar el ingreso semanal del trabajador, y en parte, con el objeto de desanimar al empresario a mantener regularmente obreros en el trabajo durante más de cuarenta horas semanales, para que de esta forma se viese obligado a emplear obreros adicionales. En el momento en que se escriben estas páginas existen numerosos proyectos para «impedir el desempleo» estableciendo la semana laboral de 30 horas.
¿Cuál es el efecto real de tales planes, ya sean impuestos por los sindicatos o por la ley? E1 problema se verá con más claridad si se consideran dos ejemplos. Supongamos, en primer lugar, que se reduce la semana laboral ordinaria de 40 a 30 horas, sin que se modifique el salario por hora. Contemplemos luego una reducción igual, pero con un incremento en el salario por hora tal que permita la misma paga semanal para los obreros ya empleados.
Consideremos el primer caso: la semana laboral queda reducida de 40 horas a 30, sin variación del salario hora. Si existe un considerable desempleo cuando este plan es puesto en ejecución, sin duda ha de proporcionar suficientes empleos adicionales. Sin embargo, no cabe esperar que lo haga en número suficiente para mantener inalterada la nómina y el número de hombres-hora, a menos que partamos del inverosímil supuesto de que en cada industria ha habido exactamente el mismo porcentaje de desempleo y que los nuevos hombres y mujeres empleados no sean menos eficaces en sus especiales tareas, por término medio, que los que ya estaban empleados. Pero admitámoslo a efectos del razonamiento. Supongamos que pueda cubrirse el número justo de obreros adicionales en cada especialidad y que los nuevos obreros no elevan los costos de producción. ¿Cuál será el resultado de reducir la semana laboral de 40 horas a 30 (sin incremento alguno en el salario hora)?
Aunque se empleen más obreros, cada uno trabajará menos horas y no se producirá, por consiguiente, un claro aumento en la relación hombres-horas Es poco probable que se origine aumento apreciable en la producción. El total de las nóminas y el «poder adquisitivo» no serán mayores. Lo ocurrido, aun bajo los supuestos más favorables (que raramente se cumplirán) será que los obreros previamente empleados subvencionarán de hecho a los obreros anteriormente desempleados, pues a fin de que los nuevos obreros puedan recibir tres cuartas partes del salario semanal que anteriormente recibían los antiguos, éstos, a su vez, sólo percibirán ahora también tres cuartas partes de los dólares que antes recibían semanalmente. Cierto que los antiguos obreros trabajarán ahora menos horas, pero la adquisición de un mayor ocio a tan alto precio, a buen seguro que no la han decidido por el beneficio que pueda representar; por el contrario, es un sacrificio hecho para proporcionar empleo a otros Los dirigentes de los sindicatos que piden la reducción de la semana laboral para «la más amplia distribución del trabajo» reconocen de ordinario lo expuesto, presentando sus propuestas en una forma que pretende conseguir para cada uno seguros beneficios sin pérdida de lo ya alcanzado. Redúzcase la semana laboral de 40 a 30 horas, nos dicen, para procurar más empleos; pero compénsese ese acortamiento incrementando el salario hora en un 33 por 100. Los obreros ya empleados recibirán, por ejemplo, 40 dólares semanales por término medio, a cambio de 40 horas de trabajo; a fin de que sigan percibiendo igual cantidad por sólo 30 horas de trabajo, debe aumentarse cl salario-hora en un promedio de 1,33 dólares.
¿Cuáles serían las consecuencias de semejante plan? la primera y más evidente sería la elevación de los costos de producción. Si suponemos que los obreros ganaban, cuando trabajaban 40 horas, menos de lo que permitían el nivel de los costos de producción, los precios y los beneficios, podrían haber logrado el incremento de] salario hora sin reducir la duración de la semana laboral. Podrían, en otras palabras, haber trabajado igual número de horas percibiendo su íntegro salario semanal aumentado en un tercio, en lugar de recibir, con su nueva semana de 30 horas, una cantidad semanal igual a la anterior. Pero si con la semana de 40 horas ganaban ya un salario tan elevado como el nivel de los costos de producción y precios hacia posible (y el mismo desempleo que tratan de suprimir puede ser signo de que ya obtenían incluso más que eso), entonces el incremento en los costos de producción, como resultado del 33 por 100 de incremento en el salario-hora, será mucho mayor de lo que puede soportar el existente régimen de precios, producción y costos.
Por consiguiente, el resultado de la elevación de salarios será un desempleo mucho mayor. Las empresas más débiles habrán de cerrar sus puertas y los obreros menos eficientes serán despedidos, reduciéndose la producción en todos los órdenes. Una elevación en los costos de producción y una reducción en la existencia tenderán a elevar los precios, con la consiguiente disminución del volumen de mercancías que podrán adquirir los obreros con igual número de dólares; por otra parte, el aumento del desempleo retraerá la demanda y ello provocará un descenso en los precios. E1 nivel que :finalmente alcancen dependerá de la política monetaria que se adopte. Pero si se persigue una política de inflación monetaria que permita el pago de los incrementos salarios-hora mediante una elevación de precios, ello representará simplemente una forma velada de reducir los salarios reales, que volverán a ser iguales a los de antes en cuanto a capacidad adquisitiva. E1 resultado sería, pues, el mismo que si la semana laboral se hubiese reducido sin aumento en el salario-hora, cuyas consecuencias ya hemos analizado.
En una palabra, los planes distributivos del trabajo se apoyan en la misma rara ilusión que venimos considerando desde el comienzo de la obra. Las gentes que defienden tales medidas piensan sólo en el empleo que proporcionarían a grupos o individuos aislados; no consideran cuál sería su efecto sobre toda la comunidad.
Se fundamentan también estos planes, como antes señalábamos, en la falsa creencia de que existe una cantidad fija de trabajo por realizar. No se concibe mayor desatino. No hay límite al trabajo por hacer, mientras haya necesidad o deseos humanos insatisfechos, que el trabajo pueda atender. En una moderna economía de intercambio se realizará más trabajo cuando los precios, costos y salarios se hallen en las mejores relaciones de reciprocidad. Más adelante veremos cuáles son dichas relaciones.
8. EL LICENCIAMIENTO DE SOLDADOS Y BURÓCRATAS
1
Cuando al finalizar las guerras se proyecta la desmovilización de las fuerzas armadas, surge siempre el temor de que no haya suficiente número de empleos y que, en consecuencia, se produzca paro. Es cierto que cuando se licencia a millones de hombres la industria privada necesita, posiblemente, cierto tiempo para proporcionarles nueva ocupación, aunque lo verdaderamente extraordinario es la rapidez, no la lentitud, con que en el pasado se ha conseguido llevar a cabo tal operación. E1 temor al paro aparece porque la gente enjuicia solamente un aspecto del proceso.
Préstese atención tan sólo a los soldados que se reintegran al mercado del trabajo. ¿De dónde va a salir el «poder adquisitivo» que permita emplearlos? Si admitimos que el presupuesto público va a ser equilibrado, la respuesta es bien sencilla. E1 Gobierno dejará de mantener a los soldados y permitirá a los contribuyentes disponer de los fondos que les eran detraídos anteriormente con aquel fin. Los contribuyentes dispondrán así de medios que les permitirán adquirir mayor número de mercancías. En otras palabras, el incremento experimentado por la demanda civil proporcionará trabajo al nuevo contingente laboral integrado por los soldados.
El caso es distinto si se hace frente al gasto militar con un presupuesto desequilibrado, es decir, mediante emisiones de Deuda Pública u otras formas de financiación deficitaria. Esto plantea una cuestión diferente: ]a relativa a la financiación deficitaria, que será examinada más adelante. De momento basta con aclarar que el tema de la financiación deficitaria carece de relevancia en orden al problema que ahora examinamos; si se juzga ventajoso un déficit presupuestario, nada impide su continuación mediante la reducción de los impuestos en las mismas sumas previamente destinadas al sostenimiento de los ejércitos en acción.
La desmovilización, una vez iniciada, transforma la situación económica anterior. Los soldados mantenidos previamente por la población civil no se convertirán en ciudadanos dependientes del socorro de sus conciudadanos. Por el contrario, pronto gozarán de autonomía económica. Si damos por supuesto que las necesidades de la defensa nacional no exigen la presencia de estos hombres por más tiempo en las fuerzas armadas, su retención en ellas equivaldría a dilapidar riqueza inútilmente. Constituirán un elemento improductivo. Los contribuyentes no obtendrán nada a cambio de su sostenimiento. Ahora, sin embargo, los contribuyentes transferirán los fondos liberados de gravamen a este nuevo elemento civil por su equivalente en bienes o servicios. La producción nacional total, la riqueza de todos, se verá acrecentada.
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E1 razonamiento es aplicable a los funcionarios públicos de la Administración del Estado, siempre que sean tan numerosos que los servicios que presten a la comunidad no guarden proporción razonable con los sueldos que perciban. Sin embargo, cuando se intenta reducir el número de funcionarios considerados superfluos es seguro que esta acción ha de ser protestada por «deflacionaria». ¿Vamos a suprimir la «capacidad de compra» de estos funcionarios? ¿Vamos a irrogar perjuicios a los caseros y comerciantes que dependen de ese poder adquisitivo? Con ello tan sólo se conseguirá disminuir la «renta nacional» y provocar o acentuar la tendencia a la depresión.
Una vez más, el sofisma consiste en prestar atención tan sólo a los efectos de esta acción sobre los funcionarios despedidos y los comerciantes que dependen directamente de ellos. Una vez más se olvida que si estos funcionarios pierden sus empleos, los particulares podrán retener el dinero con que venían contribuyendo para su sostenimiento. De nuevo se desatiende el aumento que se produciría en la renta y en el poder adquisitivo de los contribuyentes, equivalente cuando menos a la disminución de la renta y la capacidad de compra de los funcionarios despedidos. Si los comerciantes que abastecían a estos burócratas ven disminuidas sus ventas, otros comerciantes experimentarán un aumento equivalente en las suyas. La prosperidad de Washington decaerá; quizá no pueda sostener tantos negocios; pero otras ciudades verán aumentar los suyos.
Pero no es esto todo. La prosperidad del país no permanece invariable en el caso en que se hallaba con anterioridad al despido de los funcionarios considerados superfluos. Por el contrario, se produce una notable mejoría. Los antiguos funcionarios comenzarán a integrarse en la industria privada, como empleados o como empresarios, y el proceso de adaptación -será facilitado por el mayor volumen de dinero de que dispondrán los contribuyentes, tal como ocurría en el caso del licenciamiento de soldados. Los antiguos funcionarios deberán ofrecer a los empresarios privados —y en definitiva, a sus clientes— servicios equivalentes a los ingresos que sus nuevos empleos les proporcionan. Con ello dejarán de ser miembros inútiles de la comunidad y comenzarán a producir para ella.
Debo insistir de nuevo en que lo expuesto anteriormente no va dirigido contra los funcionarios públicos cuyos servicios son realmente necesarios. Los servicios de policía, incendios, sanidad, higiene municipal, los jueces, los legisladores, los ministros, etcétera, realizan una labor productiva tan necesaria a la comunidad como lo pueda ser la de aquellos miembros más destacados de la industria privada. En realidad, hacen posible que dicha industria pueda desenvolverse en un ambiente de legalidad, orden, libertad y paz. Pero su existencia se halla justificada por la utilidad de los servicios que prestan, no por el poder adquisitivo de que disponen por hallarse incluidos en las nóminas del Estado.
Analizado seriamente, el argumento de la «capacidad de compra» resulta ser una quimera. Podría igualmente aplicarse a los malhechores que nos despojan de nuestros bienes, quienes al apoderarse de nuestro dinero poseen mayor capacidad de compra. Con ella sostienen bares, restaurantes, clubes nocturnos, sastres y quizá incluso obreros de la industria automovilística. Pero por cada empleo que sus gastos proporcionan, nuestro propio gasto proporcionará un empleo menos, porque no dispondremos de la cantidad que nos fue sustraída. De igual forma, por cada empleo creado merced a los gastos de los funcionarios, los contribuyentes proporcionan un empleo menos. Cuando un ladrón nos despoja de nuestro dinero no adquirimos nada a cambio. Idéntica situación se da cuando somos desposeídos de nuestro dinero mediante impuestos destinados al sostenimiento de burócratas inútiles. Podremos considerarnos afortunados si éstos se limitan a ser unos indolentes holgazanes. En la actualidad es más probable que los veamos convertidos en activos reformistas dedicados afanosamente a quebrantar y desalentar la producción.
Cuando todo el argumento en favor de mantener en sus empleos un grupo de funcionarios queda reducido al de conservar su capacidad de compra, ha llegado, sin duda, el momento de prescindir de sus servicios.
9. EL FETICHISMO DEL «EMPLEO TOTAL»
E1 objetivo económico de las naciones, como el de los individuos, es lograr el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. Todo el progreso económico de la humanidad ha consistido en obtener mayor producción con el mismo trabajo. Tal impulso indujo al hombre a poner las cargas sobre el lomo de los mulos, en lugar de transportarlas sobre sus propias espaldas; le hizo inventar la rueda y el carro, el ferrocarril y el camión. Fue éste, en fin, el móvil que le animó a emplear su ingenio en el perfeccionamiento de un sinnúmero de mecanismos economizadores de trabajo.
Todo esto es tan elemental que resultaría ridículo exponerlo, a no ser porque constantemente lo olvidan quienes acuñan y hacen circular las nuevas consignas partidistas. Expresado en términos nacionales, este principio básico del razonamiento económico significa que nuestro objetivo primordial debe ser el elevar la producción al máximo. El empleo total—es decir, la ausencia de ocio involuntario—es una consecuencia necesaria de la realización de este objetivo. Pero la producción es fin; el empleo, únicamente el medio de conseguirla. No podemos prolongar indefinidamente un estado de pleno rendimiento de nuestra economía sin engendrar al propio tiempo empleo total. Por el contrario, podemos conseguir fácilmente «empleo total» sin haber alcanzado una producción plena.
Las tribus primitivas están desnudas, su alimentación y alojamiento son míseros, pero no padecen paro. China y la India son incomparablemente más pobres que nosotros, pero su principal dificultad económica nace de los primitivos métodos de producción utilizados (causa y efecto, a un mismo tiempo, de la escasez de capitales), no del paro. No hay nada más fácil de conseguir que el empleo total cuando, considerado como un fin, queda desligado del objetivo de la plena producción. Hitler proporcionó empleo total por medio de un gigantesco programa de armamento. La guerra hizo posible el empleo total en todos los países beligerantes. Los trabajadores-esclavos en Alemania disfrutaron de empleo total. Los presidiarios condenados a trabajos forzados disponen de empleo total. La violencia permite siempre proporcionar empleo total.
Sin embargo, nuestros legisladores no presentan al Congreso proyectos de ley sobre Producción Plena, sino sobre Empleo Total. Comisiones de hombres de negocios incluso recomiendan la constitución de una «Comisión Presidencial sobre el Empleo Total», nunca sobre Producción Plena, o, por lo menos, sobre Empleo Total y Producción Plena. Por doquier, los medios se erigen en fines, mientras los propios fines caen en el olvido.
Las cuestiones enlazadas con los problemas de los salarios y el paro son debatidas como si no guardasen relación con la productividad y el volumen total de bienes producidos. Partiendo del supuesto de que existe solamente una cantidad determinada de trabajo a realizar, llegan algunos a la conclusión de que la semana de treinta horas proporcionaría mayor número de empleos y sería preferible, por tanto, a la de cuarenta horas. Se toleran infinidad de prácticas sindicales encaminadas a extender el empleo, porque las gentes carecen de una visión clara de estos problemas. Si un Petrillo (1) amenaza con arruinar a una emisora de radio por no avenirse a dar empleo a doble número de músicos del que estime necesario, gozará del apoyo de un amplio sector del público por suponer que, en definitiva, sólo se trata de crear colocaciones. Durante la vigencia de la WPA (2) se consideraba indicio de talento en nuestros administradores el arbitrar proyectos que emplearan el mayor número de hombres en relación con el valor del trabajo realizado.
Si fuese posible la elección—que no lo es—sería preferible la producción máxima manteniendo parte de la población en involuntaria ociosidad mediante una caridad sin disfraces a proporcionar «empleo total», si para ello se precisa recurrir a tantos procedimientos encubiertos de distribución del trabajo, que finalmente la producción quede desorganizada.
El progreso de la civilización ha significado la reducción del número de personas empleadas, no su aumento. El continuo crecimiento de nuestra riqueza nacional nos ha permitido eliminar virtualmente el trabajo de los niños, liberar de la apremiante necesidad de trabajar a muchas personas de edad avanzada y hacer innecesario el que millones de mueres tengan que buscar colocación la proporción de la población norteamericana que precisa trabajar para subsistir es mucho menor, pongamos por caso, que la de China o Rusia. El verdadero problema no es si en el año X habrá tantos o cuantos millones de personas empleadas en América, sino cuál será el volumen total de nuestra producción en aquella época, y, en consecuencia, nuestro nivel de vida. El problema de la distribución de la riqueza, considerado como la cuestión del día, es más sencillo de resolver, después de todo, cuanto mayor sea el caudal de bienes a distribuir.
Podemos hacer más claro nuestro razonamiento si colocamos nuestro mayor énfasis en el lugar donde realmente corresponde: en una política económica que permita elevar la producción al máximo.
(1) James C. Petrillo, antiguo presidente de la Federación Americana de Músicos. (N. del T.)
(2) WPA: Works Progress Administration (Administración para el progreso de las Obras Públicas).