El ámbito de reflexión denominable con mayor o menor acuerdo ética política construye discursos normativos orientadores de la actividad pública. Le interesa la explicación mesurada de lo que debe ser la política desde determinados criterios morales. Por ello, este campo de reflexión ha de distinguirse claramente de la ciencia política. De esta son característicos los juicios descriptivos que procuran dar razón de lo que acontece, de he-cho, en los diferentes niveles institucionales de un país, o de un sistema político. La economía y la sociología política, por ejemplo, aportan investigaciones pretendidamente asépticas de los comportamientos personales, institucionales y colectivos encuadrables en lo político. Por el contrario, la denominación de ética política expresa ya claramente el enfoque prescriptivo que se requiere para orientar las acciones de los diferentes sujetos implicados en decisiones políticas. Por ello, la reflexión filosófica en este campo habrá de centrarse en esclarecer cuáles son los presupuestos morales de mayor consistencia teórica, desde los que cabe guiar el comportamiento político, no sólo de los gobernantes, sino también, y en menor medida, de los ciudadanos gobernados. Las diferentes /éticas políticas de la historia han suscitado complejos problemas que atraviesan, con diferentes formulaciones y desde contextos distintos, siglos de pensamiento hasta nuestro presente. Ejemplo de algunas de estas nucleares cuestiones son: la tensión entre el elitismo y el igualitarismo (Platón), el diseño del mejor sistema de gobierno (Aristóteles), los conflictos entre el bien individual y el /bien común (santo Tomás), la obligación de obedecer a la /autoridad (Hobbes), la defensa de los derechos naturales desde el poder (Locke), los límites de la representación política (Rousseau), la /libertad individual contra el poder político-social (Stuart Mili), la base moral de la democracia (Tocqueville), la responsabilidad de los políticos (Weber)...

Nosotros nos vamos a centrar en dos dimensiones que, sin duda, engloban este ámbito de reflexión: por un lado, la vertiente de las más relevantes teorías éticas que se han ido constituyendo en el ámbito filosófico; y por otro lado, las complejas relaciones entre la ética y la 'política, entendiendo por ello la aceptación o el rechazo de criterios morales de la acción política. Ambos accesos a la ética política están apoyados por destacados pensadores, que le han ido dando un cariz significativo que han condicionado enfoques recientes.

I. LA VERTIENTE POLÍTICA DE LA ÉTICA.

Así pues, pronto o tarde, o indirectamente, en la obra de los grandes filósofos de la moral de todos los tiempos aparece siempre lo político, no como un sobreañadido artificial a la reflexión ética, sino como el preciso fruto de una semilla plantada en tierra fértil. Al pensar lo más personal del yo o sujeto moral (felicidad, libertad, racionalidad, valor, deber, virtud...), nos tropezamos siempre con los pronombres –seres– personales plurales. Y son estos, tan reales como carnales, quienes se presentan ante mi ser personal reflexivo y actuante, desencadenando el replanteamiento de las dimensiones y estructuras grupales, sociales y políticas en las que se desarrollan siempre las vidas singulares. No se puede hoy diseñar la /felicidad individual (éticas eudemonistas) sin contemplar la felicidad colectiva; ni plantear el problema moral de la libertad (éticas existencialistas), sin referencia a las libertades políticas; no cabe esclarecer los tipos de racionalidad práctica (éticas comunicativas) sin percatarse de los tipos de racionalidad que se manejan en las decisiones políticas, ni es posible esclarecer qué son los /valores y su jerarquía (ética axiológica), sin entrar en la discusión de los conflictos de valores que se suscitan en las sociedades democráticas pluralistas; ni tiene lugar un auténtico análisis de la experiencia personal del deber (éticas deontológicas), sin tener en cuenta los condicionamientos y las exigencias sociales de la conciencia del deber; y para hablar hoy de la /virtud (éticas aretológicas), es necesario referirse a los contextos sociales, políticos o profesionales en los que cabe asumir determinados hábitos de comportamiento. Por todo ello, la dimensión política es tan natural a la reflexión ética, como conveniente la valoración moral de toda práctica política.

II. LA VERTIENTE ÉTICA DE LA POLÍTICA.

1°) Principio de la receptividad: Todo político habrá de ser receptivo a las críticas y quejas de la ciudadanía, formuladas a través de diferentes procedimientos; uno de ellos, sin duda, los medios de comunicación. Las decisiones de los políticos, para que sean morales, habrán de tomarse teniendo en cuenta siempre la perspectiva de aquellos que serán los más afectados. El rechazo directo de las críticas que susciten las decisiones políticas nos muestra un comportamiento político escasamente receptivo a la voluntad ciudadana, y por ende, de dudosa validez moral.

2°) Principio de la trasparencia: Todo político habrá de actuar explicando siempre las intenciones con las que toma sus decisiones, sacando a la luz pública lo que se pretende conseguir con ellas, por qué se toman, cómo se van a llevar a término... No han de existir dobles intenciones en la vida política. Constituye una obligación moral de todo político decir siempre la verdad a la ciudadanía, no ocultar, tras mensajes ambiguos, intenciones inconfesables públicamente.

3°) Principio de la dignidad: Todo político habrá de actuar considerando a las personas implicadas en sus decisiones como fines en sí (Kant) y nunca como meros medios. La más grave inmoralidad en la que puede incurrir un político consiste en utilizar a las personas como instrumentos y objetos con los cuales conseguir otros fines, aunque sean fomentadores del bienestar social. Esta defensa de la ,dignidad de toda persona, a la que debe sujetarse cualquier acción política, implica la salvaguarda rigurosa y la promoción constante de los ,derechos humanos, consagrados en las constituciones democráticas. Argumentaciones y acciones políticas exculpadoras y violadoras de esos derechos, en las que subyace la legitimidad de servirse de personas (secuestradas, asesinadas, torturadas, extorsionadas...) para alcanzar otros fines considerados superiores, constituyen argumentaciones y acciones gravemente inmorales, además de claramente delictivas. Es este principio moral el que, desde el /cristianismo y la reflexión ética kantiana, mayor fuerza moralizadora de la práctica política comporta, además de sostenerse en una sólida base filosófica, que lo convierte en la piedra angular sobre la que se apoya todo el edificio político-jurídico de nuestra cultura democrática, tal como la enmarca la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

4°) Principio de los fines universales: Todo político habrá de actuar distinguiendo con suma claridad lo que son intereses personales o partidistas, de lo que constituyen en verdad fines universales de una comunidad o una nación. Lo cual significa que aquellas argumentaciones, decisiones o acciones políticas con las que se procura beneficiar, por ejemplo electoralmente o económicamente, a un partido político, son inmorales, aunque no sean por supuesto ilegales; y no digamos si se presentan a la ciudadanía, como suele suceder, revestidas de un aparente interés general, las que se sabe claramente que son meras estratagemas para aumentar votos o beneficiar a personas particulares.

5°) Principio de servicialidad: En todo sistema de gobierno hay quienes viven, como decía Weber, de la política y quienes viven para la política. Los primeros se introducen en la vida pública y anhelan los cargos políticos como medios para acrecentar sus arcas particulares; mientras que estos últimos son quienes se entregan a la vida política como servidores de una causa, ven en el acceso al poder un medio para servir a la ciudadanía, no muestran apego sospechoso al cargo, y expresan con hechos una concepción transitoria de la actividad política. Una referencia para medir la altura moral de un político cabe encontrarla en este espíritu servicial del poder. Por el contrario, una clara muestra de la inmoralidad política queda patente en todos aquellos que se sirven del poder para enriquecerse o enriquecer a los suyos.

6°) Principio de la responsabilidad: La mayoría de los políticos, cuando acusan a otros lo hacen por «falta de responsabilidad», y cuando se alaban a sí mismos es por haber actuado «por responsabilidad». Conviene distinguir entre responsabilidad moral, política y penal. Aunque simplificando, la última la delimitan los jueces, la segunda los parlamentarios o partidos, y la primera, además de estos, la ciudadanía y los medios de opinión. Es evidente que actuar moralmente en política es actuar con responsabilidad. Sin embargo, no resulta del todo evidente qué significa con exactitud la 'responsabilidad en la vida política. Se podrían distinguir, al menos, tres sentidos, todos ellos complementarios: a) responder a los ciudadanos y sus representantes, a través de las instituciones democráticas, de todo aquello de lo que se solicite explicación o justificación; b) asumir como propios los comportamientos ilegales o gravemente inmorales de los altos cargos subordinados, sin delegar en otros o excusarse en la traición de los hombres de confianza; c) tomar decisiones, como decía Weber, calculando siempre sus consecuencias previsibles para una comunidad o nación. Si el principio de la dignidad de la persona lo percibimos como el más elevado moralmente, el principio de la responsabilidad muestra mayores dificultades para ser delimitado con claridad; es el más manoseado y, por eso mismo, tergiversado por la mayoría de los políticos.

La ética política, vista desde la vertiente moral inherente a la actividad pública, a nuestro juicio habrá de centrarse, entre otros, en dos amplios objetivos: Por un lado, en la búsqueda teórica de variados principios éticos, que emanarán principalmente de la filosofía moral y política. Desde ellos se ha de ofrecer una concepción integral y dignificadora de la persona, una justificación y revisión de los derechos humanos, y una mayor legitimación moral del sistema democrático. Por otro lado, la ética política también tendrá que ser capaz de considerar con penetración orientadora tales principios, cotejándolos con las dinámicas de la vida pública, a fin de comprobar si esta se deja o no valorar por ellos. Con ambos objetivos la ética política podría contribuir modestamente a la revitalización moral del sistema democrático y, por ende, a una mejor defensa de la dignidad de la persona, siempre amenazada por la vorágine del poder.