Por Pbro. Alejandro W. Bunge
Apenas terminado el Concilio Vaticano II, una enorme cantidad de legislación posconciliar se fue encargando de actualizar la normativa canónica, conforme a las nuevas exigencias. La Iglesia surgió del Concilio con una conciencia renovada de su propia naturaleza y de su misión en las actuales circunstancias del mundo, y esto produjo necesariamente una actualización legislativa, que fue creciendo año tras año, y que culminó con la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico el 25 de enero de 1983, y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, el 18 de octubre de 1990[1].
Entre los asuntos tratados por los padres conciliares se encuentra el de la teología del episcopado. Se logró añadir así un capítulo importante a la enseñanza del concilio Vaticano I sobre el primado papal, que contenía la importante definición de la infalibilidad del magisterio del Romano Pontífice cuando, como Supremo Pastor y Doctor de todos los fieles, proclama por un acto definitivo la doctrina que debe sostenerse en materia de fe y costumbres[2].
El capítulo III de la Constitución dogmática Lumen gentium pone los fundamentos y asienta el marco para la discusión teológica que se inició, incluso antes de terminado el Concilio, en torno al alcance de la doctrina católica sobre el episcopado y su naturaleza colegial. Sin embargo, también en otros lugares, prácticamente en todos los documentos del Concilio, nos encontramos con valiosos aportes orientados a impulsar una renovada conciencia en la Iglesia sobre el ministerio episcopal.
Por esta razón, pocos años después de terminado el Concilio, la Santa Sede, a través de la Congregación para los Obispos, quiso reunir en un espléndido Directorio llamado Ecclesiae imago, todas las indicaciones del Concilio y de la primera legislación posconciliar sobre el ministerio episcopal, completándolas con algunas indicaciones sobre la figura moral, ascética y mística del Obispo. Lo hacía en una ajustada coherencia con la imagen de la Iglesia tal como la comprendió el Concilio, y lo presentaba a modo de vademecum para un fructuoso desempeño del ministerio pastoral de los Obispos[3].
Hoy, la imagen de la Iglesia delineada por el Concilio Vaticano II se ve enriquecida por la experiencia de todos estos años de aplicación constante de sus enseñanzas, y por sus últimos frutos: el Código de Derecho Canónico para la Iglesia latina y el Código de los Cánones para las Iglesias orientales[4], así como también, en otro orden, por el Catecismo de la Iglesia Católica[5].
Esto es motivo suficiente para que el Directorio para el ministerio pastoral de los Obispos sea actualizado, conforme a la legislación vigente. El presente trabajo no pretende ser más que un humilde aporte, a la luz del Código de Derecho Canónico, llamando la atención sobre las normas principales de la ley universal actualmente en vigor, que los Obispos deben observar en el desarrollo de su ministerio, en orden a lograr el mayor bien de sus fieles.
Debemos considerar, a modo todavía de prolegómeno de nuestro trabajo, cuál es la naturaleza canónica propia de un directorio, y a partir de allí señalar las características que estimamos más adecuadas para éste que nos ocupa.
El Concilio había decretado que se compusieran directorios, entre ellos uno sobre la cura de almas que deben realizar los Obispos, donde se propusieran métodos determinados para el más fácil y adecuado ejercicio de su ministerio[6].
Los directorios no han sido entendidos siempre de una manera uniforme por la doctrina. Pero sin embargo, sobre todo después del Concilio y a partir del impulso que el mismo les dio, tuvieron una gran importancia, siendo utilizados como instrumentos de carácter administrativo, con la finalidad de ayudar, con oportunas explicaciones y determinaciones más detalladas, a aplicar las leyes y a urgir su cumplimiento. Por esta razón, fue incluida una referencia a los mismos en el actual Código[7].
En la carta de Pablo VI al Cardenal Carlo Confalonieri, Prefecto de la Sagrada Congregación para los Obispos, de fecha 22/2/1973, agradeciéndole el cuidado y la sabiduría con la que se había elaborado Ecclesiae imago, el Papa se refiere a este documento no tanto como portador de "leyes y normas sobre nuevos y múltiples deberes, sino más bien consejos y exhortaciones que hagan más fácil el cumplimiento de las graves y complejas obligaciones propias del ministerio episcopal"[8]. Estas obligaciones surgen de las leyes canónicas que se ocupan, de un modo directo o indirecto, del ministerio episcopal.
A la hora de pensar una actualización del Directorio, será útil partir de la consideración de su naturaleza canónica. Aunque el actual Código de Derecho Canónico no se detenga a hacer estrictamente una definición de este instrumento administrativo[9], la ocasión en la que se refiere a los directorios es suficiente señal sobre cómo los entiende el legislador. Los directorios se mencionan como una especie dentro de los decretos generales ejecutivos. La finalidad de los directorios, que son actos de naturaleza administrativa, emanados de la potestad ejecutiva, consiste propiamente en determinar los modos que se deben observar en la aplicación de las leyes, o urgir su cumplimiento. Y en tanto son actos de la potestad ejecutiva, están siempre subordinados a las leyes, y no pueden derogarlas, sino que sus prescripciones carecen de fuerza obligatoria si son contrarias a las leyes[10].
De aquí podemos concluir que éste es el concepto de directorio que debe tenerse presente al realizar la actualización de Ecclesiae imago, ya que así es asumido por el Código (aunque no lo hace a través de una definición estricta, más propia de la doctrina que de la ley).
Por lo tanto, un directorio que pretenda ser una ayuda para el desarrollo del ministerio de los Obispos en las actuales circunstancias de la vida de la Iglesia, deberá tener en cuenta las normas canónicas que se refieren al mismo, ordenar sus temas de un modo útil para una consulta fácil y ordenada por parte de los Obispos, y determinar más detalladamente los modos con que los mismos deben aplicar la normativa canónica sobre su ministerio en las actuales circunstancias.
De esta manera podrá también superarse una limitación de Ecclesiae imago, que pudo deberse al momento de su promulgación, cuando todavía la Iglesia se encontraba en estado de "ebullición" legislativa, para acomodar las normas de los sagrados cánones a la renovación producida en el Concilio. Todo lo que en el Directorio se decía más allá de la disciplina vigente en el momento de su promulgación, debía ser "considerado como un conjunto de sugerencias más bien generales, consejos, ejemplos de carácter ciertamente pastoral, pero no preceptivo, que se proponen a la reflexión y al juicio prudente de los Obispos"[11]. Esto podía justificarse, ya que la renovación legislativa no se encontraba todavía concluida, sino en el apogeo de su marcha.
Pero hoy, en cambio, podemos decir que la norma necesaria para encauzar y guiar el ministerio episcopal está perfectamente clara. Es, en lo que se refiere a los Obispos de la Iglesia latina, el actual Código de Derecho Canónico, promulgado en el año 1983[12]. Es tal el volumen y la importancia de la normativa allí presente, que no resulta hoy fácil a los Obispos encontrar en el Código las normas que éste contiene y que ellos necesitan para su ministerio pastoral (salvo que cuenten con una específica formación canónica).
El Directorio, entonces, elaborado siempre dentro de los límites de su naturaleza canónica, que no le permite derogar las leyes ni prescribir nada contrario a las mismas, ya que si así lo hiciera, carecería de valor alguno[13], pero con la consigna de determinar "más detalladamente el modo que ha de observarse en la aplicación de la ley"[14] sobre el ministerio pastoral de los Obispos, se convertirá seguramente en el vademecum para un más fácil, adecuado y actualizado ejercicio del ministerio pastoral que quiso ser, y logró en gran medida en su momento, Ecclesiae imago[15].
Nos limitaremos aquí sólo a hacer algunas sugerencias sobre las modificaciones que correspondería realizar en el Directorio, para adecuarlo al Código. Dejamos de lado, por lo tanto, otras modificaciones que sería necesario proponer a la luz, por ejemplo, de las diversas Asambleas del Sínodo de los Obispos y las Exhortaciones Apostólicas que las han seguido, y el rico magisterio del actual Romano Pontífice sobre el ministerio episcopal.
Antes de avanzar sobre los detalles, es necesario fijar algunos criterios generales a tener en cuenta para actualizar el Directorio sobre el ministerio pastoral de los Obispos.
En primer lugar, es necesario dejar en claro que el Directorio se refiere principalmente al ministerio del Obispo diocesano. Sin embargo, no lo hace en forma exclusiva, ya que resulta también oportuno para los Obispos coadjutores y auxiliares, e incluso para los eméritos, que representan hoy casi una cuarta parte de los Obispos del mundo[16]. No hay que perder de vista que en muchos casos, a pesar de no ser ya titulares de un oficio al que han tenido que renunciar por razones de edad, estos Obispos prestan una eficaz colaboración al ministerio eclesial. Siempre se tendrá en cuenta que los Obispos coadjutores y auxiliares, como así también los eméritos, cumplen una tarea de colaboración con el Obispo diocesano, según las condiciones propias de su oficio y las letras de su nombramiento.
Además, deberá considerarse que muchos párrafos de documentos conciliares citados en Ecclesiae imago hoy se encuentran también, y a veces textualmente, en el Código. Por lo tanto, ya que el Directorio será un instrumento para ayudar a los Obispos a aplicar el Código, en esas ocasiones será preferible citar directamente el canon correspondiente, y sólo indirecta o secundariamente el párrafo del Concilio que le dio origen.
Habrá que prestar especial atención a todos los lugares del actual Directorio en los que se habla de los religiosos o de los institutos religiosos. En el Concilio todavía no se había llegado a la claridad terminológica que nos brinda hoy el Código. Cuando los documentos conciliares hablan de "religiosos" o de "vida religiosa", no están refiriéndose sólo a los miembros de los institutos religiosos en sentido estricto, sino también a los miembros de los institutos seculares y de las sociedades de vida en común sin votos[17]. Ecclesiae imago sigue este mismo criterio. Pero el Código permite una mayor precisión en los términos. En la expresión canónica "vida consagrada" se incluyen hoy los institutos seculares y los institutos religiosos, y los ermitaños o anacoretas. Además, se asemejan a estas formas de "vida consagrada" las sociedades de vida apostólica y el orden de las vírgenes[18]. Será conveniente, por lo tanto, que en el Directorio actualizado se utilicen las expresiones "vida consagrada" o "institutos de vida consagrada" en los lugares donde hoy se habla de "religiosos" o "institutos religiosos", salvo que en algún caso se justifique una expresión distinta.
Ecclesiae imago consta de cuatro partes. En la primera de ellas se ocupa, a lo largo de cinco capítulos, de los principios fundamentales acerca del ministerio y la vida de los Obispos. La segunda se refiere al ministerio de los Obispos en el ámbito de la Iglesia universal, y consta de tres capítulos. La tercera desarrolla el ministerio del Obispo en la Iglesia particular. Es la más extensa, como resulta fácilmente comprensible dada la finalidad del Directorio. Tiene dos secciones. La primera describe, a lo largo de seis capítulos, los diversos ministerios que cumple el Obispo en la Iglesia particular. La segunda sección presenta, en dos capítulos, las estructuras y los colaboradores con los que cuenta el Obispo en la Iglesia particular. La última parte se ocupa muy brevemente de la tarea de los Obispos al servicio del bien de varias Iglesias particulares en las Conferencias episcopales, y en los sínodos y Concilios particulares. Esta estructura del Directorio, como dice la misma Introducción, viene sugerida por el Concilio[19].
El orden de los temas es distinto en el Código. Primero se habla de las Iglesias particulares y de la autoridad constituida en ellas (título I), después de las agrupaciones de las Iglesias particulares (título II), y finalmente de la ordenación interna de las Iglesias particulares (título III)[20].
Parece más oportuno seguir el orden que utiliza hoy Ecclesiae imago, refiriéndose primero a las Iglesias particulares, tanto a la autoridad constituida en ellas como a su ordenación interna (títulos I y III del Código), y recién después a las agrupaciones de Iglesias particulares (título II del Código)[21].
Sin embargo, hay aspectos que deben ser completados. Baste señalar en este momento dos ejemplos, que luego desarrollaremos. En primer lugar, el Sínodo de los Obispos. No basta la breve referencia al Sínodo que actualmente hace el Directorio[22]. También será conveniente tener más en cuenta en la cuarta parte del Directorio la actual legislación sobre las agrupaciones de Iglesias particulares, y la correspondiente función de los Obispos en ellas, colaborando entre sí para el bien de varias Iglesias. Esto llevará a ocuparse más extensamente de las provincias y regiones eclesiásticas, de los concilios particulares y de las Conferencias episcopales, y de la importancia de la tarea de los Obispos en estas estructuras supradiocesanas[23].
Seguiremos a continuación el esquema del actual Directorio, señalando algunos puntos fundamentales que creemos se han de tener en cuenta en su actualización. No pretendemos hacer una lista exhaustiva de las modificaciones necesarias (hacer la misma equivaldría a realizar ya la actualización), sino sólo indicar aquellas que nos parecen más importantes a la luz del Código.
Esta parte comienza con un capítulo que nos presenta la naturaleza y la misión de la Iglesia como la medida y la prospectiva del ministerio y la vida del Obispo[24]. Aquí será útil tener en cuenta, además del rico magisterio conciliar ya citado, los pronunciamientos de Juan Pablo II sobre la comunión eclesial[25], así como otros importantes pronunciamientos de la Santa Sede sobre el tema[26]. De esta manera se podrá lograr una expresión actualizada y probablemente más sintética del tema. Bastaría centrar la atención en la Iglesia como signo e instrumento de la comunión[27], la naturaleza jerárquica de la comunión eclesial (sin separar ambos términos, sustantivo y adjetivo de esta expresión), y en su carácter escatológico. Por otra parte, se ganará en claridad presentando los objetivos de la Iglesia, misionero, ecuménico y "religioso" según Ecclesiae imago[28], como concreciones de su misión.
El capítulo II de esta parte define la misión del Obispo en la Iglesia[29]. Será necesario tener en cuenta las expresiones del Código que se refieren a la misma con una concisa y ajustada fórmula tomada del Concilio[30]. En especial, convendrá recordar que los Obispos reciben por la consagración episcopal, junto con la función de santificar, también las de enseñar y regir, aunque estas últimas, por su misma naturaleza, sólo pueden ser ejercidas estando en comunión jerárquica con todo el Colegio episcopal, es decir, su cabeza y sus miembros[31].
El capítulo III nos presenta las notas características del ministerio episcopal[32]. Comienza recordando que el Obispo es a la vez hermano y padre de los fieles. Vale la pena sugerir que en este tema se cite el célebre sermón de San Agustín sobre los pastores[33]. Por otra parte, la prerrogativa de los Obispos de enseñar con autoridad la Palabra de Dios requiere una referencia al Código, lo mismo las demás prerrogativas, cuyas referencias no pueden ser sólo textos del Concilio[34]. Al hacer mención de los colaboradores del Obispo se necesita, a nuestro parecer, distinguir a los presbíteros, colaboradores de un modo específico distinto al de los otros[35]. Por último, se puede señalar que la insistencia en el carácter únicamente espiritual y eclesial de la misión y la actividad del Obispo, ajeno a cualquier concepción y estructuras mundanas, parece más propia de un contexto socio-religioso ya superado[36].
El Directorio se ocupa de las virtudes del Obispo en el capítulo IV de esta parte[37]. Será útil tener en cuenta en este lugar las condiciones señaladas por el Código para la idoneidad de los candidatos al episcopado. Se requiere que la persona sea: "1º insigne por la firmeza de su fe, y buenas costumbres, piedad, celo por las almas, sabiduría, prudencia y virtudes humanas, y dotado de las demás cualidades que lo hagan apto para ejercer el oficio de que se trata; 2º de buena fama; 3º de al menos treinta y cinco años; 4º ordenado de presbítero al menos cinco años antes; 5º doctor o al menos licenciado en sagrada Escritura, teología o bien derecho canónico en un instituto de estudios superiores aprobado por la Sede Apostólica, o al menos verdaderamente experto en esas disciplinas"[38]. Todo el contenido de este capítulo deberá elaborarse conforme a esta legislación y a otros lugares del Código en los que, con ocasión de la descripción del ministerio del Obispo, se hace referencia a alguna de sus cualidades necesarias[39]. Cabría preguntarse, todavía dentro de este capítulo, si resulta oportuno explicitar aquí los criterios con los que se evalúan en la Santa Sede las condiciones de los posibles candidatos al episcopado. Esto ayudaría a los Obispos a preparar mejor el elenco de los sacerdotes considerados más aptos para el episcopado, que deben presentar al menos cada tres años, ya sea a través de las provincias eclesiásticas o la Conferencia episcopal[40].
El último capítulo de esta parte se ocupa del estilo en el ejercicio de la autoridad episcopal[41]. Aquí será necesario incluir algunas referencias a la legislación universal para señalar la fuente y el sentido propio de la autoridad episcopal[42] y la ley suprema y el canon inderogable en la comunidad eclesial[43].
La segunda parte del Directorio está dedicada al ministerio del Obispo en la Iglesia universal[44]. El primer capítulo describe el lugar del Obispo dentro de la comunión jerárquica de la Iglesia. La unión del Romano Pontífice con los Obispos, a semejanza de la de Pedro con los Apóstoles, así como la autoridad del Colegio de los Obispos, siempre en unión con el Romano Pontífice, su Cabeza, y nunca sin ella, deben presentarse con la mención de los cánones que tratan estos asuntos[45]. Por otra parte, la relación de la una y única Iglesia Católica con las Iglesias particulares debería referirse no sólo al texto conciliar tomado de San Cipriano, sino también a la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos puntos de la comunión[46].
La descripción de la potestad que goza cada Obispo en su diócesis[47] requiere tener en cuenta la nueva perspectiva vigente desde el Vaticano II y, más claramente todavía, desde la promulgación del nuevo Código. Porque está hoy legislativamente asentado el principio del reconocimiento general de la autoridad del Obispo, salvo en lo que, por derecho o por decreto del Sumo Pontífice, se reserva a la autoridad suprema o a otra autoridad eclesiástica[48]. Este principio invirtió la situación vigente desde el Concilio de Trento hasta el último Concilio. Hasta ese momento, a pesar de sostenerse con claridad que los Obispos están colocados por institución divina al frente de las Iglesias particulares[49], la regla general era la reserva al Romano Pontífice, a partir de la cual los Obispos recibían su potestad por concesión del mismo[50].
En cuanto al aporte que el Obispo realiza al bien de todo el Cuerpo Místico de Cristo gobernando bien la propia diócesis, y haciendo propios los grandes problemas que interesan a la Iglesia universal[51], será necesario hacer referencia a la responsabilidad que compromete al Obispo en la defensa de la unidad de la Iglesia universal, obligándolo a promover la disciplina que es común a toda la Iglesia y a exigir el cumplimiento de todas las leyes eclesiásticas en su diócesis[52], a la solicitud peculiar que le corresponde en la obra misional, llevándolo a suscitar, fomentar y sostener iniciativas misionales en la propia Iglesia particular[53], y a la obligación de fomentar y promover el movimiento ecuménico[54].
El capítulo II trata sobre la colaboración del Obispo con el Romano Pontífice[55]. Deberían incorporarse aquí las prescripciones del Código que afirman que el Romano Pontífice ejerce su oficio propio siempre en comunión con los demás Obispos y con toda la Iglesia e incluso a veces, según las necesidades de la Iglesia, lo hace en modo colegial con todos los Obispos[56]. También que los Obispos adhieren con religioso obsequio al magisterio aún ordinario del Papa[57].
El Directorio señala que, en el ejercicio de su oficio, los Obispos colaboran con el Romano Pontífice de muchas maneras, la principal de las cuales consiste en el buen gobierno de la Iglesia particular que se le ha confiado, y en el recto uso de sus potestades y facultades. Podemos encontrar en el Código, al menos en forma genérica, una referencia a esta colaboración[58].
La mención que hace el Código de la acogida respetuosa que los Obispos deben a los documentos emanados por los diversos dicasterios de la Curia Romana será ocasión para incorporar las prescripciones de la Constitución Apostólica que hoy rige su funcionamiento, sobre su relación con los Obispos[59].
La referencia que se hace en este lugar del Directorio a la colaboración del Obispo con el Sínodo de los Obispos, en el contexto de la colaboración con el Romano Pontífice, deberá mencionar el posterior desarrollo del tema en el contexto de la colaboración del Obispo con el Colegio episcopal, que en un cierto modo es representado por el Sínodo[60].
Los temas del informe quinquenal y la visita ad limina apostolorum, contemplados en este lugar del Directorio bajo la óptica de la colaboración de los Obispos con el Papa, también deben ser actualizados con las instancias legislativas que hoy los rigen[61].
Los Obispos también deben colaborar con la Sede Apostólica en la evangelización de los pueblos, recuerda el Directorio. Son numerosas las referencias al Código que servirían para enriquecer este párrafo, ya sea con indicaciones de carácter general[62], o con otras de carácter más específico, como las Obras Misionales Pontificias o las contribuciones económicas a la Santa Sede[63].
También la colaboración del Obispo con las Iglesias perseguidas puede referirse al Código. Este le señala que, fuera del caso de verdadera necesidad de la Iglesia particular propia, no niegue la licencia de traslado a los clérigos que él sepa que están preparados y estime son aptos para acudir a regiones que sufren grave escasez de clero, a fin de desempeñar allí el ministerio sagrado[64], y que colabore con las iniciativas ecuménicas[65].
El capítulo III desarrolla la colaboración del Obispo con el Colegio episcopal[66]. Es conveniente comenzar, como se hace, con la referencia a la sucesión apostólica, que ubica a los Apóstoles como los modelos y maestros de los Obispos[67]. Sin embargo, en cuanto al ejercicio de la colegialidad, no será suficiente referirse a la forma solemne en el Concilio Ecuménico[68]. Convendrá también detallar la posibilidad de su ejercicio con los Obispos dispersos por el mundo, y otros modos que puedan ser determinados y promovidos por el Romano Pontífice[69].
La colaboración del Obispo con el Sínodo de los Obispos merece ser tratada, como ya hemos dicho más arriba, con más detalle que el que hoy presenta el Directorio[70]. Nadie puede dudar de la importancia de este organismo nacido en el Concilio. Esto se pone claramente en evidencia por su ubicación en el Código. Ocupa el primer lugar, inmediatamente después del Colegio episcopal, entre los organismos que ayudan al Romano Pontífice al ejercicio de su ministerio sobre la Iglesia universal[71]. Convendrá, entonces, señalar con más detalle las diversas formas de participación del Obispo en el Sínodo, ya sea que le corresponda asistir, o dar su parecer, a través del Conferencia episcopal o personalmente, durante la preparación previa de los diversos tipos de Asambleas, generales (ordinarias o extraordinarias) y especiales[72].
Por último, las relaciones recíprocas de los Obispos, tratadas en este lugar del Directorio, no pueden dejar de hacer referencia a la cuarta parte del mismo, donde se desarrollarán con más detalle, conforme a las normas canónicas que encuentran su fuente en la misma cita conciliar de este párrafo[73].
Esta es la parte más extensa del Directorio. Se justifica, ya que los Obispos realizan principalmente su ministerio como principios y fundamentos visibles de la unidad al frente de las Iglesias particulares que les corresponde presidir.
En la primera sección se ocupa de los diversos ministerios del Obispo. En la segunda, de las estructuras diocesanas y de los colaboradores del Obispo en su ministerio pastoral.
Como ya dijimos, el criterio seguido en el Código para describir la potestad el Obispo diocesano es novedoso. Le corresponde al Obispo en su diócesis toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que es necesaria para el ejercicio de la función pastoral, con excepción de aquellas materias en las que la autoridad del Papa haya hecho una reserva, para sí o para otros[74]. A partir de este criterio, el Código precisa la potestad que corresponde al Obispo diocesano describiendo su función pastoral. Comienza enumerando las personas confiadas al cuidado del Obispo, sigue desarrollando su función pastoral conforme a la clásica división en los tria munera, y concluye señalando algunos de sus deberes particulares[75]. Este principio de reconocimiento general de potestad ordinaria e inmediata, que encuentra su medida en la función pastoral encargada al Obispo diocesano, es de capital importancia, porque, detalladas las funciones que le corresponden, habrá quedado también precisada en el Directorio la potestad del Obispo diocesano.
Por otra parte, aquí es donde corresponde hacer más incorporaciones de las determinaciones que ha tomado el Código sobre el ministerio pastoral del Obispo diocesano. También será útil incorporar las que se refieren al oficio propio del Ordinario del lugar, que le corresponden al Obispo[76].
Todas estas son razones por las que creemos conveniente reorganizar toda esta sección del Directorio siguiendo el orden del Código, que permite presentar de una manera más ordenada la descripción del ministerio episcopal en la Iglesia particular.
Un primer capítulo deberá ocuparse de las personas confiadas al cuidado pastoral del Obispo[77]. Conforme al Código, se comenzará señalando la necesaria solicitud del Obispo por todos los fieles que se encuentran, aunque sea sólo ocasionalmente, en su territorio, incluidos aquellos que, por las condiciones de su vida, no pueden disfrutar suficientemente de la atención pastoral ordinaria, así como también por aquéllos que se hayan apartado de la práctica de la religión, o pertenecen a un rito oriental, o a una Iglesia que no está en plena comunión con la católica, y por los no bautizados. La solicitud del Obispo por cada una de estas personas se concretará en actitudes pastorales distintas, pero no podrá desentenderse de ninguna de ellas[78].
Será interesante preceder las observaciones del Directorio sobre la solicitud por todos los fieles con una mención de las obligaciones y derechos de los mismos, que el Obispo deberá tener en cuenta, para observar y hacer observar a través de su ministerio[79]. El Obispo también deberá contemplar en su ministerio las obligaciones y los derechos de los fieles laicos, y desde esta óptica el Directorio deberá afrontar sus indicaciones sobre las relaciones del Obispo con ellos[80].
Una peculiar solicitud corresponde al Obispo respecto de los presbíteros[81]. Para indicarle al Obispo los caminos del desarrollo de esta solicitud peculiar, será especialmente importante tener en cuenta todas las prescripciones sobre la incardinación o adscripción de los clérigos, sus obligaciones y derechos y sobre la pérdida del estado clerical[82]. Habrá que considerar en forma especial aquellos cánones que indican alguna función del Obispo respecto del cumplimiento de las obligaciones o el ejercicio de los derechos de los clérigos, tanto en el terreno de la incardinación, excardinación o traslado temporal, como sobre el cuidado de su santidad[83].
En cuanto a la relación del Obispo con los religiosos, hay que tener en cuenta, como ya dijimos, que los documentos conciliares, y también el actual Directorio, hablan de "religiosos" o de "vida religiosa" refiriéndose no sólo a los miembros de los institutos religiosos en sentido estricto, sino también a los miembros de los institutos seculares y de las sociedades de vida en común sin votos. Hoy no puede dejar de tenerse en cuenta la claridad terminológica aportada por el Código, que nos permite hablar de la vida consagrada, ubicando dentro de ella a los institutos religiosos, los institutos seculares y la vida anacorética y eremítica, y considerando en forma semejante a las sociedades de vida apostólica y al orden de las vírgenes[84]. Por lo tanto, habrá que ordenar según estos criterios el contenido correspondiente del Directorio[85], teniendo además en cuenta las numerosas intervenciones que el Código señala al Obispo o al Ordinario del lugar en la vida y organización de los consagrados y en su misión o tarea apostólica[86].
El siguiente capítulo debería abarcar el ministerio del Obispo como maestro de la fe en su Iglesia particular[87]. También aquí convendrá hacer una reestructuración de todo el contenido conforme al Código. Debería comenzarse con una introducción, en la que se asentaran los principios generales de la función magisterial del Obispo, maestro auténtico de la fe, y el elenco de sus colaboradores, presbíteros, miembros de institutos de vida consagrada y laicos, junto con la función de vigilancia que tiene sobre ellos[88]. Después se podrá avanzar con detalle en los diversos aspectos de este ministerio, en cuatro apartados que se correspondan con los cuatro primeros títulos del Libro III de Código: el ministerio de la palabra divina, la actividad misionera de la Iglesia, la educación católica y los instrumentos de comunicación social, especialmente los libros.
En el apartado dedicado al ministerio de la palabra divina se ubicarán en primer lugar las obligaciones y los derechos del Obispo en orden a la predicación de la Palabra de Dios, tanto la que realiza en forma personal (para la que resultan muy útiles las actuales indicaciones del Directorio), como la que realizan otros bajo su autoridad en el propio territorio. En particular, deberá señalarse el derecho que corresponde al Obispo de predicar la Palabra de Dios en todo lugar, su obligación de proveer para que a todos les llegue el anuncio del Evangelio y las normas con las que debe ordenar el ejercicio de la predicación en su diócesis[89]. Dentro del mismo apartado se señalarán las responsabilidades del Obispo sobre la actividad catequética en su diócesis, las normas que sobre ella debe dar, la preparación de Catecismos y la formación de los catequistas. También los temas del catecumenado y la catequesis de los bautizados cuando niños[90].
Otro apartado se ocupará de la actividad misionera y de lo que en ella toca al Obispo: la solicitud por la tarea misional, que lo lleva a fomentar y sostener iniciativas misioneras en su propia Iglesia particular, y las especiales responsabilidades que le tocan al Obispo diocesano en tierras de misión[91].
El tercer apartado se dedicará a la tarea y la responsabilidad del Obispo sobre la educación católica en su diócesis. En primer lugar la que se realiza en las escuelas[92]. Además, la educación católica en las Universidades y demás institutos católicos de estudios superiores. Se dirá que el Obispo debe velar especialmente por la observancia de la doctrina católica y por la cura pastoral de los estudiantes universitarios, incluso aquellos de Universidades no católicas[93], ocuparse de enviar alumnos a las Universidades y facultades eclesiásticas, conforme a las necesidades de su Iglesia particular, y de que se funden en su territorio, en la medida de lo posible, institutos superiores de ciencias religiosas[94].
Un último apartado se ocupará de la tarea y la responsabilidad del Obispo en el uso de los medios de comunicación social, y especialmente los libros, para el anuncio del Evangelio. Será necesario referirse, por una parte, a la función de vigilancia que corresponde al Obispo, pero también al uso que debe hacer de estos medios para que la Palabra de Dios se anuncie a todos los hombres[95].
A continuación se ubicará el capítulo que nos presenta al Obispo como pontífice del culto y principal dispensador de los misterios de Dios en su diócesis y como moderador, promotor y custodio de toda la vida litúrgica en la Iglesia a él encomendada[96].
Partiendo de las actuales disposiciones del Directorio[97], este capítulo necesitará una profunda reestructuración, para incluir todas las normas del Código. Se podrá así descender de los principios generales del ejercicio de este ministerio episcopal a los detalles de la enorme tarea legislativa y ejecutiva que las normas universales encargan hoy al Obispo en orden a un eficaz desenvolvimiento del ministerio de la santificación.
Un primer apartado de este capítulo podrá dedicarse, como actualmente, al Obispo y la oración[98]. Allí será útil referirse no sólo a la importancia capital de la oración del Obispo, sino también a los modos de oración que el Código le propone, a su obligación de aplicar la Misa por el pueblo que le ha sido encomendado todos los domingos y fiestas de precepto en su región, y a la posibilidad y conveniencia de contar con su capilla privada, en la que se puede celebrar la Eucaristía[99].
El segundo apartado de este capítulo, dedicado al Obispo y la sagrada liturgia, deberá incorporar toda la actual riqueza normativa sobre la tarea del Obispo en la función de santificar de la Iglesia. Comenzará con una introducción, en la que habrá que referirse al lugar que le toca al Obispo diocesano en la ordenación de la liturgia, celebración pública de la Iglesia, en su diócesis. También se ubicará en esta introducción las referencias a la celebración de la Eucaristía y de los pontificales del Obispo en la Iglesia Catedral y en los otros templos de la diócesis. A partir de allí convendrá señalar la función del Obispo en la práctica de los diversos sacramentos, siguiendo para ello el orden en el que los presenta el Código[100].
Sobre el bautismo, habrá que señalar, entre otras cosas, que al Obispo diocesano y a sus vicarios generales o episcopales con jurisdicción en el asunto les corresponde autorizar o mandar que haya pila bautismal en otras iglesias u oratorios, además de la iglesia parroquial, y establecer una norma distinta a la universal que impide la celebración habitual de los bautismos en los hospitales. También que, como ministro que es del Bautismo, el Obispo debe celebrarlo, al menos en algunas ocasiones, por ejemplo el bautismo de adultos mayores de 14 años. Podría verse la oportunidad de sugerir al Obispo la celebración de algún bautismo de adultos en la vigilia pascual, conforme a lo que la misma liturgia de esa noche señala. Se recordará que el Obispo puede establecer una edad distinta a los 16 años para los padrinos de los bautismos, y él o sus vicarios generales o episcopales con jurisdicción en el asunto pueden destinar para la celebración de los bautismos, cuando está ausente o impedido el ministro ordinario, a un catequista o a otro fiel[101].
En lo que hace a la confirmación, se dirá que al Obispo le corresponde consagrar el crisma para la confirmación, que es el ministro ordinario de este sacramento, que por esta razón debe administrarlo por sí mismo o cuidar que lo administre otro Obispo en su diócesis, o conceder la facultad de hacerlo a uno o varios presbíteros determinados. Además, que deberá procurar que se administre este sacramento a los súbditos que lo pidan razonablemente. Por otra parte, deberá recordarse que, dentro de su territorio, el Obispo administra lícitamente este sacramento no sólo a sus súbditos, sino también a cualquiera que se encuentre en él y no cuente con una prohibición del Ordinario propio. En cambio, cuando se trate de administrar la confirmación en una diócesis ajena, el Obispo debe cuidar de contar con la licencia al menos presunta del Obispo diocesano del lugar. Finalmente, deberá señalarse que el Obispo diocesano puede mandar que las confirmaciones celebradas se anoten en un libro que deberá guardarse en los archivos parroquiales[102].
Hablando de la Eucaristía, se recordará que es el Obispo, o un presbítero bajo su autoridad, el que preside su celebración. También que el Obispo o sus vicarios generales o episcopales con jurisdicción en el asunto pueden conceder a los sacerdotes que, a causa de su escasez, alguno celebre dos Misas en el día, y hasta tres en los días de precepto, cuando lo exigen las necesidades de los fieles; que pueden dar licencia a un sacerdote enfermo para que celebre la Misa sentado, con asistencia de pueblo, o dar licencia para que un sacerdote celebre la Eucaristía en el templo de una Iglesia o comunidad eclesial que no está en plena comunión con la Iglesia católica. El Obispo diocesano, se recordará, puede reservar la Eucaristía en su capilla privada, y él o sus vicarios generales o episcopales con jurisdicción en el asunto pueden dar licencia para que se reserve en otras iglesias, oratorios o capillas. A él le corresponde dar normas sobre la reserva de la Eucaristía en las casas o llevarla en los viajes, sobre la exposición del Santísimo Sacramento y sobre las procesiones eucarísticas. Que deberá fijar, junto con los demás Obispos de la provincia eclesiástica, el estipendio que debe ofrecerse por la celebración y aplicación de la Misa. Y que él personalmente, o a través de sus vicarios generales o episcopales con jurisdicción en el asunto, deberá vigilar por el debido cumplimiento de las cargas de Misas[103].
Sobre el sacramento de la penitencia deberá indicarse que corresponde al Obispo diocesano juzgar si se dan las condiciones de necesidad grave que, fuera del caso de peligro de muerte, permiten dar la absolución a varios penitentes a la vez sin la previa confesión individual. También que todo Obispo tiene ipso iure la facultad de recibir confesiones en todo el mundo, y que la usan lícitamente en cualquier parte, salvo que el Obispo diocesano en una caso particular se oponga. Finalmente, deberá señalarse que el Obispo diocesano y sus vicarios generales o episcopales con jurisdicción en el asunto son competentes para otorgar a cualquier presbítero la facultad de recibir confesiones de cualesquiera fieles[104].
Respecto a la unción de los enfermos, se señalará que el Obispo (o quienes en derecho se le equiparan, y en caso de necesidad cualquier presbítero) debe bendecir el óleo para este sacramento. Y deberá recordarse al Obispo diocesano que debe dar prescripciones sobre la celebración común de la unción a varios enfermos al mismo tiempo, que estén adecuadamente preparados y debidamente dispuestos. Esto servirá para evitar algunos abusos, hoy no poco frecuentes, como cuando se realiza una invitación generalizada a los fieles que pasan una determinada edad a recibir este sacramento en una celebración común, sin verificar si el fiel cumple la condición necesaria: por enfermedad o por vejez, in periculo incipit versari[105].
En canto al orden sagrado, debe señalarse que el Obispo es el ministro de este sacramento. Podría ser oportuno recordar que no debe ordenar a otro Obispo si no le consta el debido mandato pontificio, bajo pena de excomunión latae sententiae. Asimismo, que al ordenar un nuevo Obispo, se deberá cuidar que los consagrantes sean al menos tres[106].
Deberán tenerse en cuenta todas las prescripciones sobre la ordenación de diáconos y presbíteros. En primer lugar, que el Obispo propio debe ordenar personalmente de diáconos o de presbíteros a sus súbditos, a menos que se encuentre legítimamente impedido. En ese caso, dará letras dimisorias para que otro Obispo lo haga. Obispo propio es, para la ordenación de diáconos, el de la diócesis del domicilio del que va a ser ordenado, o el de la Iglesia a la que ha decidido dedicarse. Para la ordenación presbiteral, el Obispo propio es el del lugar de incardinación[107].
Se recordará que todo Obispo necesita licencia del Obispo diocesano para ordenar fuera de su jurisdicción, y que el Obispo que ordena diáconos o presbíteros en virtud de letras dimisorias recibidas, debe constatar antes la autenticidad de las mismas. Que antes de ordenar a un propio súbdito o de dar dimisorias para que otro lo haga, el Obispo debe juzgar, conforme a las pruebas que prescribe el derecho, que el candidato reúne las cualidades debidas, que no está afectado por irregularidades, que ha cumplido con los requisitos previos a la ordenación, que constan los documentos necesarios, que se han realizado los escrutinios señalados por la ley universal y que la ordenación será útil para el ministerio de la Iglesia y que, si ordena un súbdito propio destinado al servicio de otra diócesis, consta que el ordenando quedará adscrito a ella. En cuanto a los diáconos destinados al presbiterado, deberá decirse que sólo por una causa canónica podrá el Obispo diocesano prohibir su ordenación presbiteral; y que deberá fijar el tiempo durante el cual ejercerán la cura pastoral los diáconos, una vez terminados los estudios, antes de la ordenación presbiteral[108].
Sobre el sacramento del matrimonio, deberá indicarse que corresponde al Obispo diocesano y a sus vicarios generales o episcopales con jurisdicción en el asunto procurar que se organice debidamente su preparación, celebración y atención pastoral[109].
Se señalará también que el Obispo diocesano o sus vicarios generales o episcopales con jurisdicción en el asunto son los que pueden dar la licencia para asistir a los matrimonios en los casos especiales previstos por la ley universal, o para contraer matrimonio bajo condición de pasado o de presente, o para contraer matrimonios mixtos, y para dispensar la forma canónica o para permitir que los matrimonios se celebren fuera de la iglesia parroquial. Asimismo, se recordará que, existiendo una causa grave, pueden permitir que la celebración del matrimonio se realice en secreto. También que pueden permitir, en la celebración de matrimonios con disolución del vínculo anterior en virtud del privilegio paulino, que la interpelación a la parte no bautizada se haga antes del bautismo, e incluso que se suprima, si constan al menos sumariamente las razones por las que no pudo hacerse o que muestren que hubiera sido inútil hacerla. Y que pueden autorizar la separación de los cónyuges, cuando se encuentra en peligro grave, espiritual o corporal, uno de ellos o la prole[110].
Deberá mencionarse que el Obispo diocesano y sus vicarios generales o episcopales con jurisdicción en el asunto tienen la facultad de celebrar válidamente los matrimonios en todo el territorio de la diócesis, ya sea de los propios súbditos o de otros, con tal que al menos uno de los contrayentes sea de rito latino. También que pueden delegar a otros sacerdotes o diáconos, en forma general o especial, para que celebren los matrimonios[111].
Se recordará que el Obispo diocesano, si cuenta con el voto favorable de la Conferencia episcopal, y después de obtener la licencia de la Santa Sede, puede delegar a laicos para que asistan a los matrimonios. Que puede dar prescripciones especiales, teniendo en cuenta las que haya dado la Conferencia episcopal, sobre el modo de anotar en los libros parroquiales los matrimonios celebrados. Y que puede conceder la sanación en la raíz de los matrimonios que han resultado nulos a causa de un impedimento o por defecto de forma[112].
El tercer apartado se ocupará de los ejercicios de piedad. Se retomarán las actuales prescripciones del Directorio, para enriquecerlas con los aportes que hace el Código. Se recordará que corresponde al Obispo diocesano, junto con sus vicarios generales o episcopales con jurisdicción en el asunto, velar para que las oraciones y las prácticas piadosas y sagradas de los fieles estén en plena conformidad con las normas de la iglesia[113].
En el mismo apartado se ubicarán las prescripciones sobre la celebración de los sacramentales. Deberá mencionarse que el Obispo diocesano o sus vicarios generales o episcopales con jurisdicción en el asunto juzgarán si es oportuno que, conforme a los libros litúrgicos, los laicos puedan administrar algunos. Que las consagraciones y las dedicaciones son propias de los Obispos. Que las dedicaciones de lugares corresponden al Obispo diocesano, aunque puede encomendarlas a otro Obispo o, en casos excepcionales, a un presbítero. Que la bendición de las iglesias corresponde al Obispo diocesano, mientras que otros lugares pueden ser bendecidos por el Ordinario, y ambos pueden delegar la bendición en otro presbítero. Que hace falta licencia peculiar y expresa del Obispo diocesano o de sus vicarios generales o episcopales con jurisdicción en el asunto para realizar exorcismos sobre los posesos, licencia que sólo debe concederse a presbíteros piadosos, doctos, prudentes y con integridad de vida[114].
En lo que hace a las exequias, deberá mencionarse que las del Obispo diocesano deben realizarse en la Iglesia Catedral, salvo que él hubiera elegido otra cosa. Que él o sus vicarios generales o episcopales con jurisdicción en el asunto pueden permitir que se celebren exequias de niños que sus padres deseaban bautizar, pero que murieron antes del bautismo. Y que también ellos son los que pueden resolver sobre la posibilidad de realizar las exequias en los casos dudosos respecto a las prohibiciones de la norma universal. Finalmente, también se indicará que el Obispo diocesano y sus vicarios generales o episcopales con jurisdicción en el asunto pueden dispensar de los votos privados a sus súbditos y a los peregrinos[115].
Será necesario agregar un nuevo apartado dentro de este capítulo, dedicado a las tareas del Obispo respecto de los lugares y tiempos sagrados.
En cuanto a los lugares sagrados, se dirá que el Obispo diocesano y sus vicarios generales o episcopales con jurisdicción en el asunto podrán permitir, en casos concretos, que los lugares sagrados se destinen a usos distintos al culto, la piedad y la religión. También que ellos son los que deben juzgar qué actos gravemente injuriosos realizados con escándalo de los fieles constituyen una violación de un lugar sagrado. Se mencionará la necesidad de un consentimiento expreso dado por escrito por el Obispo diocesano, después de oír al consejo presbiteral y a los rectores de las iglesias vecinas, para edificar una iglesia dentro de su territorio. También se recordará que el Obispo diocesano es el que puede decidir la reducción de una iglesia de su territorio al uso profano. Que él y sus vicarios generales o episcopales con jurisdicción en el asunto pueden dar las licencias necesarias para establecer oratorios y prescribir sobre las celebraciones que se pueden realizar en ellos, conforme a las normas litúrgicas, y dar licencias para construir capillas privadas y para que en ellas se celebre la Misa u otras funciones sagradas. Que a ellos mismos les corresponde aprobar los santuarios diocesanos y sus estatutos, y juzgar sobre la conveniencia de bendecir los cementerios de personas jurídicas distintas a las parroquias y los institutos religiosos. Convendrá recordar que los Obispos diocesanos, incluso los eméritos, pueden ser enterrados en su propia iglesia[116].
Sobre los tiempos sagrados, deberá señalarse que el Obispo diocesano puede fijar días de fiesta o de penitencia peculiares para su diócesis o lugares, pero sólo a modo de acto. También que el Obispo diocesano puede dar prescripciones especiales en cuanto a la dispensa que el párroco puede conceder, en casos particulares, a la obligación de guardar un día de fiesta o de penitencia o su conmutación por otras obras piadosas. Finalmente, se recordará que el Obispo diocesano puede dar prescripciones sobre la liturgia de la Palabra, a celebrarse en la iglesia parroquial o en otro lugar sagrado, cuando falta el ministro sagrado o por otra causa grave resulta imposible la participación de los fieles en la celebración eucarística[117].
El cuarto capítulo de esta parte constará de dos apartados. El primero de ellos se ocupará de los principios generales del gobierno pastoral, con las modificaciones que sugiere la legislación vigente[118]. El segundo estará dedicado al ejercicio de la potestad de régimen[119]. En cambio, vemos conveniente trasladar a la segunda sección del Directorio el último capítulo de esta sección del actual, dedicado al sínodo diocesano y a la visita pastoral[120].
Este apartado, que recogerá las sabias prescripciones del actual Directorio, podrá poner su punto de apoyo en el Código, que invita al Obispo a mostrarse solícito con todos los fieles, e incluso con todos los que se encuentran en su territorio, aunque no pertenezcan a la Iglesia[121]. Sin embargo, los números referidos a la pastoral orgánica se ubicarán con mayor coherencia dentro del siguiente capítulo, en un apartado que tratará sobre el apostolado y la pastoral orgánica[122].
Como ya hemos dicho repetidamente, cada Obispo diocesano, lo mismo que los otros que presiden otras comunidades de fieles semejantes mientras no conste otra cosa por la naturaleza del asunto o por prescripción del derecho, tiene dentro del territorio de su diócesis toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio de su función pastoral. Sólo quedan fuera de esa potestad las causas que, por el derecho o bien por decreto del Sumo Pontífice, se hayan reservado a la autoridad suprema de la Iglesia o bien a otra autoridad eclesiástica[123]. De allí que corresponda al Obispo diocesano gobernar la Iglesia particular que se le ha encomendado, con potestad legislativa, ejecutiva y judicial, según las normas del derecho[124]. Siguiendo estas normas, se dirá que el Obispo diocesano debe ejercer siempre personalmente la potestad legislativa, que no podrá ser delegada. Que la potestad ejecutiva, en cambio, la ejerce o bien personalmente o bien por medio de los vicarios generales o episcopales. Y que la potestad judicial la ejerce ya sea personalmente o por medio de un vicario judicial y los jueces, aunque este último será el modo habitual de hacerlo, siempre conforme a las normas del derecho[125]. Creemos que es conveniente detallar a continuación las prescripciones sobre el ejercicio de la potestad de régimen legislativa, ejecutiva y judicial del Obispo.
Habrá que empezar con la potestad legislativa. Se recordará, en primer lugar, que el Obispo tiene la obligación de defender la unidad de la Iglesia universal, y por esta razón está obligado a promover la disciplina que es común a toda la Iglesia, y por tanto debe exigir en su diócesis el cumplimiento de todas las leyes eclesiásticas, además de vigilar para que no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, especialmente acerca del ministerio de la palabra, la celebración de los sacramentos y sacramentales, el culto de Dios y de los Santos, y la administración de los bienes[126].
Sin embargo, no se debe olvidar que en muchas oportunidades la misma ley universal prevé que cada Obispo en su diócesis, o junto a sus hermanos en la Conferencia episcopal, puede legislar de una manera distinta a la norma común. Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que el Código actual no ha pretendido descender a todos los detalles normativos con la ley universal, sino que ha dejado muchos campos abiertos a la normativa particular. Y finalmente que, aún en los asuntos en los que no se ha previsto explícitamente la posibilidad de una norma particular, el Obispo diocesano siempre tiene la potestad de proveerla, con tal que no contradiga las prescripciones de la ley universal.
Para que la norma universal pueda concretarse efectivamente en el mayor bien de los fieles, necesita ser complementada con la legislación particular, ya sea la que ha sido confiada a las Conferencias episcopales o la que puede esperarse del Obispo diocesano. Por esta razón, creemos que es sumamente necesario que el Directorio presente los lugares en los que el Código prescribe, sugiere o supone una ley particular de carácter diocesano, para que los Obispos encuentren así un punto de referencia claro para ejercer eficazmente su función de gobierno indelegable en el campo legislativo.
Sin pretender dar una lista exhaustiva, y siguiendo el orden del Código, digamos que, en el campo de las personas jurídicas de la Iglesia, el Obispo diocesano puede dar prescripciones sobre la representación de las personas jurídicas públicas en su diócesis, y sobre el modo de convocarse a un colegio o grupo de personas que debe dar su consejo para que el Superior realice ciertos actos[127]. En el terreno de los oficios eclesiásticos, puede definir las obligaciones y los derechos propios de un oficio que él constituye, y determinar las condiciones de idoneidad necesarias para recibir determinados oficios en su diócesis[128].
En cuanto a la formación de los clérigos, el Obispo diocesano puede determinar por razones graves, cambiando la norma universal, que los diáconos permanentes célibes se formen sin residir al menos tres años en una casa particular, y puede imponer un tributo en la diócesis, para solventar las necesidades del Seminario[129]. En el campo de las obligaciones y derechos de los clérigos y del ejercicio de su ministerio, dará prescripciones sobre la mutua colaboración, sobre la obligación de asistir a los retiros espirituales, sobre la observancia del celibato, sobre la formación permanente del clero, sobre el tiempo que se le permite a un clérigo sin oficio residencial ausentarse de la diócesis, sobre el tiempo de vacaciones de los clérigos a quienes no viene fijado por el derecho universal, sobre aquellas cosas de las que tienen que abstenerse los clérigos porque desdicen de su estado, y sobre el modo de aplicarse a los diáconos permanentes algunas prescripciones de la norma universal[130].
En cuanto a la estructuración y el funcionamiento de la Curia diocesana, el Obispo puede determinar el modo en el que sus miembros harán la promesa de desempeñar fielmente su tarea y los límites dentro de los cuales deberán guardar secreto, puede establecer cuáles serán las funciones del Canciller, y deberá establecer las normas que han de seguirse para examinar o sacar de su sitio las actas y documentos contenidos en los archivos de las iglesias catedrales, colegiatas, parroquiales y del archivo histórico de la diócesis[131].
Refiriéndose a los consejos de la diócesis, el Obispo deberá aprobar los estatutos del consejo presbiteral, estableciendo entre otras cosas el tiempo por el cual son nombrados sus miembros, y deberá determinar el modo de designar los miembros del consejo pastoral si éste existe en la diócesis, fijando también el tiempo por el que son designados. También deberá establecer, cuando sea necesario, normas fijas en las cuales se combinen debidamente las obligaciones pastorales del párroco y las funciones propias del cabildo de canónigos de una iglesia que sea a la vez parroquial y capitular[132].
En el ámbito de la disciplina parroquial, el Obispo podrá prescribir especiales cualidades requeridas para que un presbítero sea designado párroco en su diócesis, podrá establecer el modo que ha de seguirse cuando el Ordinario del lugar ponga en posesión de su oficio a un párroco, y, después de oír al consejo presbiteral, podrá dar prescripciones mediante las cuales se provea al destino de las ofrendas recibidas con ocasión de la realización de las funciones parroquiales y sobre la remuneración de los clérigos que las realizan. También le corresponde establecer las normas mediante las cuales, durante la ausencia del párroco, se provea a la atención de la parroquia por medio de un sacerdote dotado de las debidas facultades. Deberá dar prescripciones sobre la conservación de los libros parroquiales más antiguos. Si considera oportuno, después de oír al consejo presbiteral, que exista un consejo pastoral en cada parroquia, deberá establecer las normas por las que se rigen. Del mismo modo, deberás fijar las normas por las que se rigen los consejos de asuntos económicos de las parroquias. Deberá determinar también a qué párroco le toca asumir una parroquia que queda vacante o cuyo párroco se encuentra impedido cuando no hay vicario parroquial, y hasta que se nombre el administrador parroquial. Finalmente, deberá determinar con más detalle a través de los estatutos diocesanos, y teniendo en cuenta el derecho universal, cuáles son las obligaciones y los derechos de los vicarios parroquiales[133].
También corresponden al Obispo diocesano algunas determinaciones legislativas con relación a los vicarios foráneos o decanos y a los capellanes. La norma universal prevé que el Obispo diocesano nombra los decanos después de oír, según su prudente juicio, a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el respectivo decanato, pero se le permite al mismo Obispo diocesano determinar un modo diverso para realizar estos nombramientos. También debe fijar el tiempo determinado por el que son nombrados los decanos, y puede agregarles otras facultades a las obligaciones y derechos que les señala el derecho universal, y determinar sobre la visita del decano a las parroquias de su distrito. Debe determinar qué funciones o qué parte de la cura pastoral les corresponde a los capellanes en su diócesis, y qué facultades tienen, además de aquellas que les fija el derecho universal[134].
Dentro ya del ejercicio de la función de enseñar de la Iglesia, el Obispo diocesano deberá establecer normas prácticas, teniendo en cuenta las prescripciones dadas por la autoridad suprema de la Iglesia, para promover la unidad y fomentar el movimiento ecuménico en su territorio. Respecto al ministerio de la palabra divina, el Obispo diocesano deberá dar prescripciones sobre aquellas predicaciones, llamadas ejercicios espirituales y misiones sagradas, u otras formas adaptadas a las necesidades, que deben organizar los párrocos en ciertas épocas. Deberá también dar normas sobre el ejercicio de la predicación y sobre la catequesis en su diócesis. Y en el campo de la educación católica, le compete dictar prescripciones sobre la organización general de las escuelas católicas, válidas también incluso para las fundadas o dirigidas por miembros de institutos religiosos, salvando siempre su autonomía en cuanto al régimen interno de esas escuelas[135].
Dentro del ámbito de la función de santificar corresponden al Obispo diocesano múltiples tareas legislativas. Le compete, en primer lugar, dar normas en materia litúrgica, dentro de los límites de su competencia, válidas para todos dentro de su territorio, y normas sobre la debida evangelización y preparación catequética de los que piden la recepción de los sacramentos[136].
Respecto del bautismo el Obispo diocesano podrá establecer una norma distinta a la universal, que prohibe la celebración de este sacramento en los hospitales, salvo en caso de necesidad o cuando lo exige otra razón pastoral. Y podrá establecer una edad distinta de los 16 años, necesaria por derecho universal, para los padrinos. En cuanto a las confirmaciones, puede prescribir que las mismas se anoten en un libro que se ha de conservar en el archivo de cada parroquia. El Obispo diocesano deberá dar prescripciones que todos deben cumplir sobre la conservación de la Eucaristía consigo o llevarla en los viajes cuando lo urge una necesidad. Deberá dar normas sobre la exposición solemne del Santísimo Sacramento en las iglesias u oratorios en los que está concedida su reservación, lo mismo que sobre la realización de la exposición y reserva sin bendición hecha por el acólito, ministro extraordinario de la comunión u otro encargado por el Ordinario del lugar, y normas sobre las procesiones eucarísticas, mediante las cuales se provea a la participación en ellas y a su realización digna. Y para terminar con los sacramentos, el Obispo diocesano deberá prescribir sobre el modo de anotar los matrimonios en los registros parroquiales, si no lo ha hecho la Conferencia episcopal[137].
El Obispo diocesano podrá también determinar en qué iglesia se celebrarán los funerales si la muerte ocurre fuera de la propia parroquia y no se traslada a ella el cadáver ni se ha elegido legítimamente una iglesia para el funeral, cambiando la prescripción de la norma universal, que señala como lugar de las exequias la iglesia de la parroquia donde ocurrió la muerte. Y dará normas sobre la anotación de los entierros en los libros parroquiales de difuntos. Asimismo, corresponde que dé normas oportunas sobre la disciplina que debe observarse en los cementerios, sobre todo en lo que atañe a la protección y fomento de su carácter sagrado[138].
En el terreno de la administración de los bienes es amplia la legislación que se espera del Obispo diocesano. Aunque la administración de los bienes eclesiásticos corresponde a aquél que de manera inmediata rige a la persona a la que pertenecen esos bienes, el Obispo diocesano puede determinar en forma distinta. Compete también al Obispo diocesano, oído el consejo de asuntos económicos, determinar los actos que exceden el fin y el modo de la administración ordinaria respecto de las personas que le están sujetas, cuando no lo dicen los estatutos propios. Puede hacer que la viva recomendación del Código a los administradores para que hagan cada año un presupuesto de las entradas y salidas sea en su diócesis una obligación, y determinar más detalladamente el modo de presentarlo. El Obispo diocesano dará normas sobre la rendición de cuentas que los administradores deben hacer a los fieles acerca de los bienes que éstos ofrendan a la Iglesia. Le corresponde fijar el período de tiempo por el que pesa sobre una persona jurídica pública la carga de celebrar Misas y cumplir otras funciones eclesiásticas determinadas, por las rentas anuales de una fundación pía no autónoma que ha recibido, y fijar las condiciones que se agreguen a las de la ley universal sobre la constitución y aceptación de fundaciones pías[139].
Entramos por último en la esfera penal y procesal. El Obispo diocesano puede promulgar leyes penales, con las que se conmine con penas convenientes la violación de una ley divina o eclesiástica, siempre dentro de los límites de su competencia territorial o personal, o añadir otras penas a las ya fijadas por una ley universal para un delito. Cuando crea necesario promulgar leyes penales procurará, en la medida de lo posible, que sean uniformes a las de las otras diócesis de la misma estado o región. Pude también, mediante ley particular, establecer otras circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes del dolo y de la culpa penal, además de las previstas en la ley universal; y puede hacerlo tanto como norma general cuanto para un delito en particular[140]. El Obispo diocesano establecerá normas sobre la condena de las partes al pago de las costas judiciales o a su compensación, sobre los honorarios de los procuradores, abogados, peritos e intérpretes y sobre la indemnización de testigos, sobre la concesión de patrocinio gratuito o disminución de costas, sobre el resarcimiento de daño que debe aquél que no sólo perdió en el juicio, sino que litigó temerariamente, y sobre el depósito de dinero o garantía que se ha de prestar para el pago de costas y el resarcimiento de daños, así como también sobre los gastos y honorarios que deberá pagarse a los peritos de las causas judiciales, conforme a la ecuánime decisión del juez. Puede establecer con una norma particular que las causas sobre los efectos meramente civiles del matrimonio pueden ser conocidas y decididas por el juez eclesiástico cuando se plantean de manera incidental y accesoria, en vez de pertenecer al magistrado civil[141].
También en lo que se refiere a la potestad ejecutiva será de gran utilidad recoger en el Directorio las prescripciones del Código que señalan al Obispo diocesano cómo ejercerla conforme a derecho. Convendrá comenzar presentando de una manera sencilla la finalidad y la estructura legal de los principales instrumentos con los que cuenta el Obispo diocesano para el ejercicio de su potestad ejecutiva, como son los decretos generales ejecutorios, las instrucciones, los decretos y preceptos singulares, los rescriptos, los privilegios, las dispensas y la delegación de la potestad ejecutiva[142].
Teniendo en cuenta que el Obispo diocesano ejerce la potestad ejecutiva en su diócesis o bien personalmente o bien por medio de los vicarios generales o episcopales, conforme a la norma del derecho, será necesario recordar que es inválida la gracia que, habiendo sido denegada por un vicario general o episcopal, es posteriormente obtenida del Obispo diocesano, sin hacer mención de aquella negativa; y que no puede conseguirse válidamente de un vicario general o episcopal una gracia denegada por el Obispo diocesano sin el consentimiento de éste, ni siquiera haciendo mención de la negativa[143]. Igualmente, se recordará que el Obispo diocesano puede prorrogar los rescriptos concedidos por la Sede Apostólica que hayan expirado, por una sola vez y con justa causa, y no por más de tres meses. También que el Obispo diocesano, cuando estime que ello redunda en bien espiritual de los fieles, puede dispensarlos de las leyes disciplinares, tanto universal