LICITUD MORAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA

 DEMANDA DE NULIDAD MATRIMONIAL

por Carlos J. Errázuriz M.

1. Naturaleza de la cuestión

Como se advierte claramente en el título de esta relación, el problema que se me ha pedido tratar es de naturaleza estrictamente moral. No se me ha solicitado que adopte la perspectiva jurídica, relativa a la justicia o injusticia de la presentación de una demanda de nulidad matrimonial. En cambio, he sido invitado a situarme en el plano moral, en el cual la pregunta decisiva se refiere a lo que es bueno sic et simpliciter para el sujeto que actúa. En ese plano moral ciertamente es muy relevante el problema de la justicia, considerado en su vertiente ética, pero es preciso ir más allá, pues, como es sabido y veremos más adelante, no todo ejercicio de un derecho de libertad es moralmente bueno.

Tratándose de una cuestión moral, parece obvio que debiera ser estudiada por los moralistas. El jurista —incluido el canonista—, en cuanto tal, carece de competencia para ocuparse del tema. En efecto, no pueden ni deben mezclarse los objetos formales de la ciencia jurídica y de la ciencia moral. Todavía recuerdo cómo en 1984 Pedro Lombardía, sabedor de que mi primer trabajo académico versaba sobre un aspecto de las relaciones entre derecho y moral[1], y de que pretendía dedicarme al derecho canónico, me puso en guardia ante la posible tentación de confundir los dos ámbitos. Es más: ciertamente en el período anterior al Concilio Vaticano II el contacto entre la ciencia canónica y la teología moral fue muy amplio y profundo, mas todo pareciera indicar que esa experiencia, no del todo feliz para ninguna de las partes, debe considerarse ya superada[2].

Sin embargo, como siempre sucede, no puede absolutizarse el rechazo de esa experiencia, de la que cabe rescatar aspectos valiosos. Ante todo, no debe olvidarse la relevancia moral de las cuestiones jurídico-canónicas, la cual se pone mucho más fácilmente de manifiesto cuando se enfoca el derecho canónico en la óptica de lo que es justo en la Iglesia. Enseguida, conviene advertir que el estudio de la moralidad en el ámbito jurídico-canónico requiere un suficiente conocimiento de tal ámbito, lo que presupone un interés por él. Pienso que en la actualidad, y tal vez como explicable consecuencia pendular después del exceso opuesto, las cuestiones canónicas atraen demasiado poco a los moralistas, por lo que, a modo de suplencia y siempre con el empeño de evitar la conmixtión de planos, creo que los canonistas han de hacer presente el aspecto moral del objeto de la propia disciplina. Lo requiere el bien de los fieles interesados y el bien de toda la Iglesia. De otro modo, es fácil que las cuestiones morales relativas al derecho canónico acaben siendo tierra de nadie.

2. La aparente irrelevancia práctica del problema: observaciones críticas

A primera vista, y dejando por el momento al margen los casos de fraude, pareciera que la cuestión de la licitud moral de la demanda de nulidad no ofrecería en sí misma ninguna dificultad especial. En efecto, si la declaración de nulidad matrimonial constituye una solución pastoral para matrimonios en crisis, sobre todo cuando una de las partes ha emprendido ya una nueva unión con otra persona, el hecho de recurrir a esa solución, siempre naturalmente con arreglo a las exigencias de la verdad objetiva, no debería suscitar una particular cuestión moral. Debe tenerse en cuenta que han sido eliminadas las limitaciones jurídicas existentes en el pasado para la acción de nulidad por parte del cónyuge no católico o culpable de la misma nulidad[3], limitaciones que por lo demás podían ser objeto de excepciones en el caso de los no católicos o, en la otra hipótesis, ser indirectamente superadas por la vía de la denuncia al Ordinario o al promotor de justicia. Por tanto, el mismo ordenamiento canónico deja expedito el camino para que cualquier cónyuge se pueda dirigir a los tribunales eclesiásticos para solicitar la declaración de la nulidad de su matrimonio. Plantearse un ulterior problema moral no tendría sentido, sobre todo porque el discernimiento de la validez o nulidad del matrimonio es normalmente una cuestión compleja, que requiere conocimientos especializados. También por este motivo la Iglesia, al encomendar el asunto a la decisión de los tribunales eclesiásticos, decide que sea utilizado un medio particularmente útil para lograr el conocimiento de la verdad, cual es el proceso. Problematizar la solución a la que se llegue, una vez agotadas las posibilidades que la normativa procesal canónica contempla, implicaría alentar una cierta desconfianza ante el obrar de los órganos judiciales en la Iglesia, los cuales ejercen la sagrada potestad en nombre de la Iglesia y, en última instancia, de Dios mismo. En definitiva, vendría a ponerse en tela de juicio la misma confianza en la Iglesia. Ciertamente existe el deber moral de estudiar bien el problema antes de presentarlo en sede judicial, y sobre todo se deben evitar las falsas expectativas que pueden crearse en los cónyuges cuando se les asegura que la demanda será acogida, sin tener en cuenta que el juicio de los tribunales pueden ser contrario[4]. En cambio, considerar que el mismo acto de presentar la demanda plantea un problema de conciencia, sería una inútil problematización.

No cabe duda de que el planteamiento descrito corresponde al que de hecho hoy impera en amplia medida. Sin embargo, algunas observaciones críticas resultan necesarias. Hay por lo menos tres aspectos que esa visión no parece valorar suficientemente.

En primer lugar, debe ponderarse el mismo hecho de que, salvo en los casos de nulidad ya divulgada en la que el promotor de justicia puede también «impugnar el matrimonio» (cfr. can. 1674, 2º) o en los supuestos de una eventual declaración de nulidad post mortem de uno o ambos cónyuges (cfr. can. 1675 § 1), la acción de nulidad queda reservada exclusivamente a la iniciativa de los mismos cónyuges[5]. Este derecho, en el sentido amplio del término, se extiende obviamente a todo el curso del proceso: dejando a salvo todas las facultades especiales del tribunal en los procesos de nulidad matrimonial, es importante no perder nunca de vista que, en el actual ordenamiento jurídico de la Iglesia, lo normal es que la nulidad se pida, se discuta, se pruebe y se declare a petición de uno o ambos cónyuges. Por lo tanto, el poner en marcha un proceso de esta clase constituye ciertamente una decisión que, dada la trascendencia de la materia, implica no sólo un derecho de libertad de los cónyuges, sino también una grave y personal responsabilidad de ellos.

El ejercicio de la acción no es un mero trámite formal, una firma puesta en un papel que desencadena un procedimiento del que los órganos judiciales eclesiásticos serían los únicos responsables. Interponer una demanda de nulidad es concurrir de modo determinante con la propia libertad a dar vida a un proceso del que se es verdaderamente parte. De todos son bien conocidos los efectos de problematización del vínculo que el simple inicio de una causa matrimonial provoca, no sólo para los interesados, sino también para quienes les están más cerca. El trámite y la firma corresponden a un paso personal que no puede ser realizado sin un adecuado discernimiento en conciencia acerca de los motivos que lo justifican. Banalizar ese paso, lo mismo que todos los demás que conducen a una sentencia ejecutoria, puede esconder una mentalidad que infravalora la iniciativa y responsabilidad de los fieles laicos. Todo mal entendido paternalismo en este ámbito, como si las partes fueran mero objeto y no también sujeto del proceso de nulidad, no se aviene en absoluto con la misma estructura fundamental de la vía eclesial actualmente existente para que se declare la nulidad de un matrimonio.

En segundo término, los cánones sobre el proceso de nulidad contienen referencias muy significativas a la convalidación del matrimonio. La competencia del promotor de justicia para ejercer la acción no sólo está condicionada por el hecho de que la nulidad esté divulgada, sino que también se requiere que no sea posible o conveniente convalidar el matrimonio (cfr. can. 1674, 2º). Por su parte, el can. 1676, ampliando lo prescrito por el can. 1965 del CIC-17, establece que «Antes de aceptar una causa y siempre que vea alguna esperanza de éxito, el juez empleará medios pastorales para inducir a los cónyuges si es posible a convalidar su matrimonio y a restablecer la convivencia conyugal».

Es verdad que no se contempla ninguna restricción relativa a la posibilidad de convalidación en la norma sobre la titularidad de la acción de nulidad por parte de los cónyuges (cfr. can. 1674, 1º). Sin embargo, la limitación puesta para el promotor de justicia, y el deber del juez, muestran la existencia de un nexo entre acción de nulidad y posibilidad de convalidar. Los esposos no tienen una obligación jurídicamente exigible en tal sentido, pero de allí no se deduce que moralmente la cuestión sea irrelevante. Es más, desde esta perspectiva ellos son los primeros responsables de que la nulidad sea solicitada y declarada sólo cuando no exista otra solución que permita evitar los inconvenientes de la nulidad. El bien de la convalidación y del restablecimiento de la convivencia constituyen una llamada a la conciencia de los cónyuges, que sólo puede ser responsablemente desoída cuando existan razones proporcionalmente graves. El correspondiente juicio prudencial de la parte actora no puede ni debe ser objeto de ningún control jurídico: sería pretender adentrarse en un juicio personalísimo, en el que cada uno es insustituible. Pero otra cosa muy distinta sería ignorar la existencia y la importancia de tal juicio, precisamente en la perspectiva moral en la que nos estamos moviendo. Al respecto hay que señalar la obligación, jurídica y moral, de los consultorios matrimoniales, de los pastores de almas, de los abogados, etc., a quienes un cónyuge que atraviesa un momento de crisis matrimonial pide consejo, de ayudarle a superar dicha crisis, de explicarle el sentido cristiano de la indisolubilidad del matrimonio y de hacerle comprender, como última solución, el sentido de la facultad de solicitar la nulidad del vínculo. El ejercicio de dicha facultad presupone, sin anticipar la decisión de los tribunales, que dicho cónyuge, convenientemente asesorado por un experto, entrevea la posibilidad de que su matrimonio no haya sido válido.

En tercer lugar, conviene precisar en qué medida los fieles han de confiar en lo obrado por los tribunales de la Iglesia. No cabe duda de la relevancia de esa confianza, presupuesto necesario de cualquier recurso a un órgano de justicia, y especialmente necesaria cuando una causa en cierto modo tiene que ver con el ámbito de las propias convicciones religiosas. El bien de la paz de la conciencia es justamente invocado con frecuencia como determinante para someter las causas matrimoniales a la jurisdicción eclesiástica. Lo que se espera es precisamente una plena congruencia entre la doctrina cristiana sobre el matrimonio y la familia confiada a la Iglesia y a su magisterio auténtico, y la resolución judicial de los casos concretos. Si se tienen en cuenta los medios de toda índole actualmente previstos en la Iglesia para asegurar un justo proceso, todo pareciera confirmar esa confianza que los fieles razonablemente depositan en los procesos canónicos de nulidad.

Sin embargo, no ha de olvidarse que la misma institución del proceso presupone y encauza una contribución crítica al descubrimiento, prueba y discusión de la verdad por parte de los directamente interesados. No se trata de inútil problematización ni menos de desconfianza radical, sino de una confianza que, precisamente cuando es madura, lleva a la parte a aportar cuanto pueda en orden a que se declare lo verdaderamente justo.

A la vez, la situación actual en materia de causas de nulidad matrimonial impone encontrar un justo equilibrio en el planteamiento de la confianza en los tribunales eclesiásticos. Lanzar a la opinión pública acusaciones globales e indeterminadas, como si las sentencias de nulidad fueran generalmente injustas, es a su vez claramente injusto, no sólo porque ofende la recta actuación de tantos jueces, sino porque pone en crisis cualquier certeza en este ámbito, fomentando lo que denominábamos una desconfianza radical. Además, fácilmente ese tipo de actitudes de poco ponderada crítica se revelan de hecho contraproducentes, en cuanto motivan comprensibles reacciones de defensa apasionada y irrestricta de toda la actividad judicial de la Iglesia. Pienso que, entre estos dos extremos, el justo medio se halle en el tono de los discursos de Pablo VI y de Juan Pablo II en este ámbito, sobre todo con ocasión de la inauguración anual del año judicial de la Rota Romana. Son discursos que dejan traslucir siempre una actitud de confianza y de estímulo, pero que jamás ocultan las preocupaciones de fondo de los papas en esta materia. Considero innecesario recordar en detalle esos textos, por lo demás bien conocidos. Sólo añadiría que la misma magnitud y complejidad de la tarea —repensar la verdad de siempre sobre el matrimonio y la familia en un contexto cultural y vital profundamente diverso como es el de hoy— explica, aunque jamás justifica, la existencia de algunas actitudes que, sin juzgar sus intenciones, terminan relativizando esa misma verdad de siempre, con el afán de acomodarse a ese nuevo contexto. No están aquí en juego cuestiones de puro derecho positivo, ni tampoco simples opiniones relativas a problemas discutibles: el gran reto dice relación nada menos que con la comprensión y el respeto jurídico de la misma esencia del matrimonio.

3. Presupuestos principales de la bondad moral de la presentación de la demanda de nulidad por parte de los cónyuges

3.1. La verosimilitud de la nulidad matrimonial

La demanda de nulidad del matrimonio, como cualquier demanda judicial, ha de poseer el clásicamente llamado fumus boni iuris. De ahí que pueda no admitirse el escrito de demanda si de él «se deduce con certeza que la petición carece de todo fundamento y que no cabe esperar que del proceso aparezca fundamento alguno» (can. 1505 § 2, 4º).

Este requisito del fumus boni iuris es una exigencia jurídica y a la vez moral del ejercicio de la acción por parte del cónyuge actor. La nulidad cuya declaración se pide ha de ser verosímil, lo que implica una referencia esencial a la verdad de la validez o nulidad del matrimonio en cuestión. Esto puede parecer obvio, e indudablemente lo es, pero no por ello es menos relevante a la hora de plantear correctamente la ética de las acciones de nulidad. Si éstas se enfocan como intentos de lograr un planteamiento convincente para que, en todo caso, se alcance el objetivo de “eliminar” un vínculo matrimonial, es evidente que se distorsiona la misma estructura esencial de la acción de nulidad, al independizarse respecto a su fundamento en la realidad.

En este sentido, caben intentos de manipulación fraudulenta de la verdad, con afirmaciones y medios de prueba que desfiguran los mismos hechos de la causa. Esta actitud obviamente entraña siempre una gravedad particular, tanto jurídica como moral, porque supone ceder a una pura instrumentalización del proceso en aras de un interés propio, contradiciendo con la propia conducta la misma esencia de la vía procesal en cuanto medio para llegar a la verdad de lo justo. Mas las tentativas de obtener una nulidad pueden discurrir por un cauce que no recurre a ningún engaño en la presentación de los hechos, y que no obstante también encierra una lógica contraria al principio de verdad, no ya del proceso en general, sino específicamente del matrimonio como realidad constituida de una vez para siempre, y por tanto de la lógica esencial que rige el proceso de nulidad matrimonial[6]. Si esta característica del matrimonio, equivalente a la propiedad esencial de la indisolubilidad, no se acepta, el sofisticado y complejo sistema sustancial y procesal de la Iglesia sobre las nulidades queda privado de sentido. Viene a ser un sistema que se usa según los propios intereses, y al cual se rinde un obsequio meramente aparente, pues falta una real identificación con su auténtico espíritu. La manipulación ya no concierne los hechos y su prueba, sino su interpretación jurídica, de modo que los capítulos de nulidad son objeto de una radical instrumentalización, en la que ciertamente se continúa jugando con la supuesta verdad de la existencia del matrimonio, pero en aras de un objetivo que no por inconfesado es menos evidente: hacer posible que se declare en cualquier caso la nulidad que se demanda, por la vía que se demuestre más eficaz. De este modo, los capítulos de nulidad se conciben y se miden en términos de eficacia en dar lugar a una sentencia favorable, no en términos de verdad.

Sin adentrarse más en la descripción de este fenómeno, por lo demás muy conocido y denunciado en estos años, conviene ahora insistir en la profunda inmoralidad objetiva que implica. Digo «objetiva» para dejar a salvo las conciencias de quienes intervienen, y en especial de los mismos cónyuges, que muchas veces pueden ser sobre todo víctimas de esa mentalidad. Pero debe tenerse presente la facilidad con la que los esposos pueden ser inducidos a adoptar esta mentalidad: sin duda les resulta sumamente atractivo y halagüeño cuanto pueda concurrir a resolver su situación matrimonial y familiar, tanto más si se hace con el decoro de lo legal y de lo justo dentro de la Iglesia. No puede olvidarse el daño personal y social que produce el recurso a las nulidades con independencia de su verosimilitud. Lo que resulta comprometido es la misma percepción del matrimonio en cuanto unión jurídica para siempre, ya que con la nulidad se podría en cualquier caso legitimar el paso a otra unión cuando la anterior hubiera fracasado. Se acaba negando así en la práctica la misma esencia del matrimonio, reducido a simple hecho vital de convivencia y amor efectivo, desprovisto de todo vínculo[7]. El vínculo pareciera no ser más que un mero reconocimiento formal por parte de la autoridad, que podría darse o retirarse según lo requirieran las vicisitudes de la convivencia. A su vez, puesto en tela de juicio el matrimonio mismo, toda la moralidad familiar resulta afectada en su misma base: la educación de los hijos en el seno del matrimonio sería a lo sumo un ideal, subordinado a las pretensiones de “autorrealización” de los padres; la ilicitud de toda relación sexual extraconyugal, y con ella toda la moral de la castidad, queda desprovista de un fundamento intrínseco en la naturaleza de las personas; etc.

La exigencia de verosimilitud comporta que las partes estén animadas por un espíritu de profunda sinceridad. Esta actitud transparente surge espontánea si existe el convencimiento de que sólo en la verdad se encuentra el auténtico bien de las personas, lo único que en definitiva les interesa. Cualquier manipulación de la verdad juega en contra de su mismo bien o, lo que es idéntico, de su felicidad como personas; puede parecer que resuelve problemas, pero en realidad los agrava, al fomentar una mentalidad que huye de la verdad.

Naturalmente para presentar una demanda, no hace falta que el cónyuge posea certeza acerca de la nulidad de su matrimonio. Por lo demás, esa certeza, aunque obligue en conciencia a quien la posee a evitar los comportamientos específicamente conyugales, nunca es suficiente para poder contraer lícitamente una nueva unión, aunque sea compartida por ambos esposos: por la misma naturaleza social y eclesial del matrimonio, se requiere siempre un reconocimiento de la nulidad por parte de la autoridad[8]. La complejidad intrínseca de muchas cuestiones sobre la validez o nulidad del matrimonio, sumada a la dificultad de emitir juicios objetivos sobre asuntos en los que están en juego intereses personales tan fuertes y profundos, llevan a concluir que sólo puede exigirse moralmente a la persona una convicción seria, en conciencia, acerca de la verosimilitud de la nulidad, o sea acerca de la existencia de motivos plausibles de invalidez del propio matrimonio. Esa convicción es lo que sostiene todo el impulso procesal: se argumenta, discute y prueba lo que se estima verosímil. Cuando no existe o deja de haber verosimilitud, hay obligación jurídica y moral de no acudir al proceso o de abandonarlo.

Cabría aquí echar mano de la dicotomía entre los aspectos in facto y los in iure, para sostener que la responsabilidad de la parte se limitaría al in facto. Basta que no mienta ni engañe. De lo demás ya deberían ocuparse el demandado —si se opone a la nulidad—, el defensor del vínculo, y sobre todo el tribunal mismo. Podría recordarse a este propósito el tradicional axioma da mihi factum, dabo tibi ius.

Se trata de un planteamiento simplista. Al interponer la acción es inevitable tomar una postura sobre el ius. Dejar las cuestiones de derecho a los jueces significaría pretender no participar en la responsabilidad de la declaración de lo justo. Por cierto, esas cuestiones de derecho no son meras disputas especializadas ajenas a la capacidad y al interés de los no iniciados; en su sustancia son cuestiones que afectan nada menos que a la existencia o inexistencia del propio matrimonio. Desentenderse de ellas sería sólo un pretexto para dejarse llevar por la actitud que relativiza el problema mismo de la existencia del vínculo.

Como es evidente, un particular relieve ético debe atribuirse aquí a la actuación profesional del abogado. La apreciación de la verosimilitud, y más aún el enfoque de todo el accionar procesal de acuerdo con el principio de defensa de lo que en conciencia parece verdadero, caen plenamente en su ámbito de responsabilidad. Ni que decir tiene que, prescindiendo de la cuestión propiamente jurídica, es moralmente reprobable la práctica de «crear» títulos de competencia contemplados por la ley, en favor de tribunales que se prevé darán sentencias más favorables a la demanda de nulidad (cfr. can. 1488 § 2). En este caso es ante todo inmoral la manipulación de la ley canónica, mediante conductas ciertamente reales (como la de constituir un cuasidomicilio: cfr. can. 1673, 2º), pero que intencionalmente no responden al verdadero sentido de la acción (en el caso del cuasidomicilio, habitar en un lugar) en la que se funda la atribución de la competencia, sino sólo pretenden construir artificialmente un título de competencia. Sin embargo, lo más grave es el fin con el que dicha manipulación se realiza, puesto que la verdad de la justicia, objetivo institucional y fin común de todos los participantes en el proceso —cada uno de acuerdo con su función—, queda sustituida por un juego en el que cada uno busca hacer prevalecer su propio interés, o peor aún por un planteamiento en el que existe una finalidad común, de las partes y del tribunal, de signo contrario a esa verdad[9].

Sin embargo, sería equivocado pensar que la responsabilidad del abogado elimina la de la parte, sobre quien recae siempre la decisión última acerca de la suerte de la acción procesal. La virtud de la prudencia exige que las partes, en una cuestión tan importante y delicada como ésta, se aconsejen bien para poder recurrir a abogados no sólo técnicamente competentes, sino imbuidos de los principios de fondo de la Iglesia acerca del matrimonio. Para que esta orientación pueda ser efectiva, interesa mucho difundir en la Iglesia, sobre todo entre los pastores de almas y entre aquellos que se dedican a la pastoral familiar, pero también entre todos los fieles — cada uno en la medida de sus posibilidades —, un conocimiento adecuado de las cuestiones jurídico-matrimoniales. Obviamente no se trata de un conocimiento especializado, sino de un conocimiento serio de los principios fundamentales en este campo[10].

Se podría objetar que de esta manera se atribuye la responsabilidad moral sobre el problema de la nulidad a las mismas partes —asesoradas por los expertos que ellas elijan—, con todo lo de subjetivo que puede haber en su juicio y actuación. ¿No sería mejor que, puesto que de la declaración de nulidad se seguiría el efecto benéfico de regularizar una situación matrimonial, se dejara simplemente el examen de la cuestión al tribunal de la Iglesia? Si esta objeción se llevara a sus últimas consecuencias, no tendría sentido ni la acción ni el proceso de nulidad: todo quedaría en manos de una decisión de la autoridad que tampoco sería propiamente judicial. La pregunta esencial que debe entonces formularse no es de índole prudencial, o sea acerca de si con ese sistema se favorecerían o se obstaculizarían las declaraciones de nulidad. El problema decisivo es otro: ¿es justo o injusto un planteamiento de las declaraciones de nulidad que prescinda de la acción y del proceso?[11].

Problematizar la validez de una unión es obviamente una cuestión siempre delicada, llena de peligros, por lo que creo que nadie propugnaría actualmente un sistema de iniciativa popular u oficial (salvo en los casos, actualmente previstos, de acción por parte del promotor de justicia cuando la nulidad está ya divulgada). Por tanto, la necesidad de una petición de parte quedaría en pie de todos modos. Ahora bien, ¿es lícito formular esa petición en cualquier caso? Admitir que, sin la presencia de un fundamento verosímil, una instancia eclesial, públicamente habilitada al efecto, pueda entrar a indagar acerca de la existencia de un matrimonio, encierra una inversión radical del principio según el cual en cualquier orden social hay que atenerse a las apariencias, mientras no se aduzcan argumentos sólidos en contra. No puede olvidarse que el hecho de indagar acerca de la existencia de un matrimonio no es neutro: la problematización pública de la validez del vínculo sólo se justifica si hay razones proporcionadas. De ahí la necesidad de pasar a través de la petición de parte. Y esa petición concierne el propio matrimonio, que comporta derechos y deberes personales de los cónyuges, ante todo su misma situación jurídica radical de casados. Examinar y resolver acerca de la nulidad al margen de los mismos cónyuges, prescindir de la acción y del proceso en este campo, sería tanto como negar que el matrimonio es una situación que integra el patrimonio jurídico más personal de una persona; sería, por consiguiente, claramente injusto. Evidentemente sería todo menos que pastoral el pretender que el matrimonio de los cristianos se apartara de la estructura jurídica esencial del matrimonio instituido por Dios al principio para toda la humanidad.

3.2. La imposibilidad o no conveniencia de la convalidación

A mi juicio, un segundo presupuesto de la licitud moral de la presentación de la demanda de nulidad por parte de un cónyuge dice relación con la imposibilidad o no conveniencia de la convalidación del respectivo matrimonio. Ciertamente, a diferencia de lo previsto para la acción del promotor de justicia (cfr. can. 1674, 2º), la acción de los cónyuges no está jurídicamente condicionada por ninguna consideración de la eventual convalidación (cfr. can. 1674, 1º). Pero de allí no se sigue que tal consideración carezca de importancia moral.

De entrada, debe tenerse presente que la sola existencia de un derecho, y la posibilidad de ejercitar la correspondiente acción, no autorizan a concluir que cualquier ejercicio de tal acción sea moralmente bueno. Las exigencias morales van más allá de la sola justicia: la caridad puede requerir que se renuncie a lo que, en el plano de la justicia, se mantiene como una posibilidad socialmente incontestable. La misma legislación canónica, al reconocer el derecho del cónyuge que ha sido ofendido por el adulterio de su comparte para romper la convivencia conyugal, le recomienda encarecidamente que le perdone y continúe la vida matrimonial, «movido por la caridad cristiana y teniendo presente el bien de la familia» (can. 1152 § 1); y en todo caso considera digno de alabanza al cónyuge inocente que admite al otro a la vida conyugal, renunciando al derecho de separarse (cfr. can. 1155).

En el caso que nos ocupa, es claro que la normativa canónica procura activamente promover la convalidación. Es significativo que llegue a privar de la acción al promotor de justicia cuando esa posibilidad aparezca conveniente. Por otra parte, bien conocido es el ya recordado texto del can. 1676, que muestra hasta dónde se extiende la pastoralidad de la función del juez eclesiástico en estas causas: el horizonte de la posible convalidación y del restablecimiento de la convivencia conyugal debe estar siempre presente en todo el curso del proceso de nulidad, también como un deber primordial del juez.

Aunque sin un carácter de deber jurídico, la misma invitación a buscar la convalidación vale ante todo para las mismas partes, como una cuestión insoslayable de conciencia. No se trata de una mera posibilidad moralmente neutra, que podría seguirse o descartarse según el propio gusto o sentimiento. En la convalidación existe un bien posible, que la persona debe ante todo ponderar seriamente. La razón de ese bien es la misma por la que la tradición canónica procura favorecer la convalidación: en una unión ya iniciada y convalidable, estructuralmente abierta a convertirse en unión propiamente conyugal, aunque no exista aún matrimonio, hay una realidad incoada cuya plena realización en la verdad y en el bien pasa a través de la celebración del matrimonio. La perspectiva desde la que han de enfocarse las situaciones matrimoniales irregulares, sin negar ni relativizar su irregularidad, ha de tener presente la razón de bien —ciertamente mezclado con un verdadero mal, pero auténtico bien— que en ellas existe[12]. Esa razón de bien, que incluye el bien de las mismas partes, el de los hijos ya habidos o por venir, el de la sociedad civil y el de la Iglesia, impulsa a los interesados y a la autoridad eclesiástica a procurar la regularización.

 
Echar irresponsablemente por tierra esas realidades imperfectas, amparándose en que no son verdadero matrimonio, sería razonar con una lógica sólo aparentemente matrimonial, puesto que en el fondo favorecería la falta de seriedad y responsabilidad en las relaciones entre el varón y la mujer en orden a casarse y constituir así una familia. En efecto, respecto a una relación entre un hombre y una mujer en cuanto tales que no es matrimonio, un enfoque adecuado no se limita a poner de manifiesto la ausencia del vínculo, sino que constata y favorece todo cuanto en esa relación pueda haber de ordenable al matrimonio. En esto reside la seriedad del verdadero noviazgo como preparación del matrimonio. En cuanto a las situaciones irregulares, su intrínseca carencia del bien del matrimonio, no puede llevar a concluir indiscriminadamente que han de cesar. En ocasiones ciertamente la única solución posible será el cese de la convivencia[13]. Pero siempre que sea viable el llegar a constituir un matrimonio, los aspectos imperfectos ya existentes han de ser vistos en su valor positivo, o sea en cuanto objetivamente tienden a alcanzar su realización adecuada en el matrimonio.

Al tomar la decisión relativa a la convalidación, debe evitarse todo enfoque individualista, que resulta inadecuado para valorar moralmente cualquier acción humana, pero que en este caso contradice además la naturaleza propia de la cuestión. El cónyuge no hallará su bien personal si falsea el problema, como si se tratara de una opción que pudiera ser tomada en función de cualquier tipo de cálculos egoístas. Es precisamente su bien personal el que requiere considerar atentamente el bien de la otra parte y, muy especialmente, el bien de la prole ya existente. Lo exige la relacionalidad de la persona, que no puede realizarse plenamente si no es mediante el don sincero de sí misma[14]. Aunque del bien de la otra parte y de los hijos no pueda nacer en sentido propio un derecho al matrimonio, ya que éste supone la decisión libre de ambas partes, se trata de un bien que debe ser objeto de cuidadosa ponderación, y que ha de motivar eventualmente la generosidad, con la ayuda de la gracia, para instaurar libre y responsablemente un verdadero matrimonio.

Al ponderar el bien del posible matrimonio mediante la convalidación, naturalmente hay que tener en cuenta también las razones que legítimamente pueden apartar de esa opción, y que pueden llegar a hacerla desaconsejable e incluso dañina. Ante una situación de fracaso en la convivencia entre las partes, que les ha llevado a una separación ya consolidada, resultará habitualmente problemática la vía de la convalidación. Con razón se temerá que puedan resurgir los mismos problemas que condujeron a la ruptura de hecho, y lo que es más grave, que reaparezcan cuando ya se ha contraído verdadero matrimonio, poniendo en peligro el éxito de la vida matrimonial. Sin embargo, esto no significa que se pueda renunciar a priori a considerar la posibilidad de la convalidación, siempre pero sobre todo cuando las partes no han iniciado una nueva convivencia con otras personas. En efecto, aunque la experiencia del fracaso deba ser tenida muy en cuenta, no debe enfocarse con una lógica de irreversibilidad, que olvida el sentido positivo —de crecimiento en el amor— que pueden tener las mismas dificultades y errores en la convivencia. Puede ocurrir que, a través de esa experiencia, las personas maduren y descubran la realidad del matrimonio: la convalidación expresará entonces no el remover un obstáculo formal o legal, sino el decir que sí por vez primera al otro en cuanto cónyuge. En cualquier caso, el valor moral de la convalidación no se basa nunca en razones extrínsecas —como si simplemente se tratara de llenar de contenido una forma que interesa mantener—, sino en el bien de las mismas personas interesadas, para los cuales llegar a casarse, cuando es posible y conveniente, constituye ciertamente algo bueno.

Quizá estamos demasiado influidos por una consideración unilateral de la declaración de nulidad como bien pastoral que permite regularizar una unión sucesiva, y con ello devolver la paz de la conciencia y la plena participación en los sacramentos a los fieles interesados. Ciertamente tal declaración, siempre que se adecúe a la verdad sobre el matrimonio y sobre el caso singular, comporta un auténtico bien, en la medida en que elimina una apariencia matrimonial que impedía ejercitar libremente de nuevo el derecho de casarse, y permite a la persona superar el por desgracia frecuente problema de conciencia en que se había puesto al emprender una nueva unión —irregular— sin esperar la declaración de nulidad. No obstante, conviene no perder de vista que ese bien de la declaración de nulidad existe en estricta correlación con un mal, como lo es siempre en cuanto tal la misma nulidad (no su declaración). Aparte de todas sus consecuencias dañinas para las personas y la sociedad, el mal esencial de la nulidad consiste simplemente en el hecho de que a la unión nula le falte algún elemento para que se dé el bien en que consiste el mismo matrimonio. Ante el mal de la nulidad, naturalmente puede y debe procederse con la solución de su declaración, pero esta respuesta no es la única y ni siquiera la principal que cabe formular para evitar ese mal. Por un lado, es preciso tratar de prevenirlo, y probablemente en este frente hay mucho por hacer en la Iglesia. Un sistema matrimonial que vea multiplicarse las nulidades, y el desconcierto social que deriva de la prácticamente inevitable confusión de la nulidad con el divorcio, ha de preguntarse ante todo qué medios pone para lograr que las personas verdaderamente se casen. Por otro lado, la nulidad puede evitarse por otro camino: el de la convalidación, logrando que la unión llegue a perfeccionarse en el bien, cuando ella responda al bien de todos los interesados. El valor máximamente pastoral de esta solución es evidente: cualquiera con algo de experiencia en este campo conoce las alegrías de esta vía positiva, ligadas normalmente a una conversión global de las personas.

La exigencia moral de convalidar la unión si es posible y conveniente puede tal vez resultar chocante para quien considere y valore la libertad de la que toda persona humana, y los fieles en particular, gozan respecto al consentimiento matrimonial. En realidad, no hay dificultad en concebir la obligación moral de celebrar libremente un matrimonio. La tradición canónica y moral de la Iglesia ha reconocido siempre la posibilidad de la promesa de matrimonio, si bien, como lo recoge el can. 1062 § 2, ha considerado que no es jurídicamente exigible[15]. No existe acción para pedir la celebración del matrimonio; tan sólo puede reclamarse el eventual resarcimiento de daños. Por tanto, aunque el matrimonio prometido no sea un derecho de ninguna de las partes, ni sea por tanto algo que les es debido y que pueden exigir, ello no impide reconocer la existencia de una verdadera obligación moral derivada del valor de la misma promesa, salvo que se den circunstancias sobrevenidas que justifiquen su incumplimiento. En este caso, el derecho de las partes se limita a la indemnización de los daños que hayan sufrido, puesto que el contraer o no matrimonio es un derecho personalísimo de libertad, respecto al cual no cabe participación de otra persona.

De modo análogo, existe una obligación moral, aunque no jurídicamente exigible, de convalidar el matrimonio cuando así lo exige el bien de las personas interesadas, ante todo de los mismos posibles cónyuges. Fácilmente se echa de ver que estamos ante una de esas obligaciones morales cuya determinación en el caso concreto requiere una apreciación prudencial que sólo el directamente interesado está en condiciones de realizar. Para evitar estériles rigorismos, como los que en épocas pasadas se dieron en torno a deberes parecidos, como el de seguir la vocación sacerdotal o religiosa[16], conviene insistir en que la existencia de una obligación concreta deberá ser determinada por la conciencia, bien formada y aconsejada, del interesado. En ello no hay ningún subjetivismo, sino simplemente la constatación del hecho de que en este caso la apertura a la objetividad de la verdad y el bien no da lugar a una regla absoluta (como la de amar siempre a Dios y al prójimo, o la de evitar lo intrínsecamente malo), por lo que se necesita esa determinación prudencial que sólo los interesados están en condiciones de realizar. Naturalmente esto no significa que tenga menos importancia la ayuda espiritual a las personas que se hallan en esta situación: en cierto sentido, precisamente por la naturaleza de la decisión que deben adoptar, se hallan aún más especialmente necesitadas de esa ayuda.

El seguimiento de lo que vean en conciencia, después de la adecuada ponderación y petición de consejo, deberá ser expresión de la libre aceptación de un bien, aunque éste tenga aspectos arduos; evitando el riesgo de la pasiva aceptación de una exigencia concebida de modo extrínseco. Aun cuando el «no me queda más remedio que casarme» no implica de suyo invalidez de la unión así contraída, es evidente que conlleva una actitud muy peligrosa para el éxito de la vida matrimonial. Actitud, dicho sea de paso, que de haberse dado requeriría a su vez un esfuerzo y una ayuda para ser superada, procurando que el matrimonio realmente celebrado alcance una plena realización existencial. No basta aquel mínimo de amor conyugal que es consustancial al darse y aceptarse mutuamente como marido y mujer, y que en el fondo equivale al consentimiento necesario para la validez: es preciso que la convalidación y toda la vida matrimonial consiguiente sean un crescendo en el amor conyugal.

Cuando existe el deber moral de convalidar, ha de tenerse presente que, precisamente por estar ligado al caso concreto, es susceptible de una amplia gama de intensidades. Hay aquí también siempre una cuestión de finura en la captación del bien y de generosidad en su realización (lo que, en el plano sobrenatural, implica generosidad en la correspondencia a la gracia). También por esto la valoración moral de estas decisiones no puede encerrarse en la neta dicotomía de lo bueno y de lo malo. Estamos en el campo del libre actuar positivo, en el que cabe el más o menos bueno o malo.

La intensidad de esa exigencia moral de convalidación alcanza niveles máximos, en los que difícilmente subsisten dudas fundadas en contrario, cuando uno o ambos cónyuges piden la nulidad, después de años de vida matrimonial pacífica y normal, apoyándose en causas externas a la voluntad matrimonial (por ejemplo, un impedimento dispensable y de escasa importancia, o un defecto en la forma canónica), o en pretendidos defectos o vicios del consentimiento que —de haber existido— es claro que de hecho fueron subsanados por una voluntad matrimonial verdadera. Son casos en los que ciertamente sería deseable, a mi juicio, un mecanismo que permitiera la convalidación automática e impidiera la posibilidad de la declaración de la nulidad. Mientras ésta no exista, me parece indudable que la obligatoriedad moral de la convalidación toca aquí el máximo de determinación. Recurrir a esos problemas del pasado, de hecho ya superados en el presente, aparece como un formalismo de dudosa racionalidad. No me atrevo a afirmar derechamente una irracionalidad de tales leyes irritantes, pues atribuyo mucha importancia a la certeza social sobre la existencia del matrimonio. No obstante, estimo que muy raramente el recurso a estos «resquicios» podrá estar moralmente justificado: no pasarán de ser el hábil aprovechamiento de una ley discutible para no perseverar en la acogida de un matrimonio al que sólo faltaba un requisito extrínseco de reconocimiento.

La exigencia de convalidación cubre un espectro mucho más amplio, naturalmente con decreciente intensidad, pero con una fuerza substancialmente idéntica —la del bien del matrimonio y la familia—, sólo que progresivamente atenuada por otras razones legítimas que impiden realmente alcanzar dicho bien. Piénsese, por ejemplo, en los casos de incapacidad o de simulación en los que es posible que las personas consigan la capacidad o descubran y acojan en su vida la verdad esencial del matrimonio. Se pone aquí de manifiesto un amplio campo de acción pastoral, que demuestra la importancia de un acompañamiento propiamente espiritual de los fieles en estas circunstancias. El asesoramiento del abogado es indispensable desde la perspectiva de lo que en justicia puede hacerse; psicólogos y psiquiatras pueden ayudar mucho a la solución de los problemas humanos subyacentes. Pero siempre hace falta una instancia que sintonice con la cuestión definitiva, del bien moral integral de las personas. Sin duda los sacerdotes tienen una responsabilidad ministerial única en esto, tanto dentro como fuera del sacramento de la penitencia. Sin embargo, también los laicos, y muy especialmente los esposos cristianos más maduros, pueden y deben dar un auténtico acompañamiento espiritual a quienes atraviesen este tipo de crisis. En todas estas instancias, incluida obviamente la forense, debe hacerse presente cuanto hemos considerado acerca del bien de la convalidación, de modo adecuado a cada una de esas instancias, a veces simplemente como una invitación a considerar el asunto a una luz más alta y a recurrir a quien pueda ayudar en ese plano superior.

Me hago cargo de que mis reflexiones pueden parecer a algunos demasiado idealistas, casi utópicas. Con frecuencia la actitud ante las crisis matrimoniales tiende hoy sobre todo a encontrar salidas que consoliden una ruptura inevitable. Prevalece pronto el cansancio y la resignación, y la presión, a veces inconsciente, de la mentalidad divorcista, que sufren los mismos tribunales eclesiásticos, como ha señalado en diversas ocasiones Juan Pablo II[17]. En cambio, pienso que hace falta una buena dosis de «optimismo matrimonial» para afrontar mejor estas situaciones: el optimismo cristiano de la gracia sobrenatural y de sus efectos de restauración y elevación de todo bien humano.

Este artículo ha sido publicado en "Ius Canonicum", 41 (2001), pp. 169-189