España, un debate pendiente, según el arzobispo de Pamplona
Por monseñor Fernando Sebastián Aguilar
PAMPLONA, lunes, 4 septiembre 2006 (ZENIT.org).-
Publicamos la carta dirigida por monseñor monseñor Fernando Sebastián Aguilar,
arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, con el título: «Un debate pendiente».
* * *
En España tenemos todavía pendiente un debate sereno y razonable sobre el
acomodo de la Iglesia y de los católicos en la sociedad democrática. Con
frecuencia, desde las filas del laicismo se nos atribuyen cosas que no son
verdaderas. A veces estas críticas nos vienen de cristianos ilustrados y hasta
de eclesiásticos relevantes.
Es frecuente oír o leer que la Iglesia española pretende imponer a la sociedad
entera sus normas y criterios morales, que los obispos actuamos con mentalidad
del nacionalcatolicismo, que no reconocemos la autonomía de las actividades
seculares ni la plena autoridad del gobierno y de las instituciones políticas en
el orden temporal, que la fe es enemiga de la ciencia y de la democracia. Cosas
tremendas.
Quien estudie los documentos de la Conferencia Episcopal y los pronunciamientos
de los Obispos, no puede acusarnos de tales barbaridades. La Conferencia
Episcopal Española, asimiló fielmente la doctrina del Concilio Vaticano II y
desde 1971 se situó resueltamente en perspectiva democrática. Nunca ha habido
retractación alguna de aquellas declaraciones sino más bien una clara y firme
continuidad. Las enseñanzas de Pablo VI, de Juan Pablo II y del Papa Benedicto
XVI en su encíclica «Deus caritas est» son perfectamente coherentes y los
obispos españoles hemos tratado de ajustar nuestras enseñanzas y decisiones a
las enseñanzas de los Papas.
También puede ser que detrás de ciertas críticas haya una manera de ver las
cosas no del todo verdadera. En ciertos escritos duramente críticos contra la
Jerarquía de la Iglesia española, se trasluce una visión de la autonomía de las
realidades temporales (ciencia, cultura, política) que prácticamente excluye la
visión religiosa de la vida. O por lo menos la restringe indebidamente. Para
ciertas mentalidades, el ordenamiento de la vida pública en una sociedad
democrática tiene que ser estrictamente laico. La razón aducida es «el debido
respeto a la libertad de todos». Se dice: «el gobierno tiene que gobernar para
todos y no solamente para los católicos». La verdad es que no hay ningún
peligro. Sería más oportuno decir: «el gobierno tiene que gobernar para todos,
también para los católicos».
En democracia hay que comenzar a pensar las realidades políticas desde la
libertad y los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos, para proteger sus
derechos y mejor alcanzar sus bienes (para garantizar lo que antes se llamaba el
«bien común»), se organizan políticamente y crean unas instituciones a las
cuales les conceden una autoridad que tendrá que estar siempre a su servicio y
bajo su control.
En esta perspectiva democrática, las leyes y las actuaciones del gobierno tienen
que favorecer el bien de todos, y deben estar al servicio del bien común de
todos sus ciudadanos, tanto creyentes como no creyentes. Sin prevenciones ni
discriminaciones. Esto, tan sencillo, no se cumple si el gobierno inspira su
actuación en una mentalidad laicista, desconociendo y a veces lesionando la
manera de pensar y de vivir de una parte importante de sus ciudadanos. Esto es
lo que propugnan los partidarios de un Estado que llaman laico, pero que en
realidad es laicista, puesto que impone para la sociedad entera una concepción
laica de la vida, “como si Dios no existiera”, es más, como si no existieran
ciudadanos religiosos que ven las cosas de otra manera y quieren vivir de otra
forma.
Este parcialismo laicista se ve claramente en la enseñanza pública. Se da por
supuesto que el Estado tiene autoridad plena para organizar la enseñanza pública
y que esta enseñanza, para no herir los derechos de nadie, tiene que ser laica.
Pero así se impone el laicismo a los jóvenes católicos, con lo cual no se
respetan sus derechos. Los católicos, creo que con buen sentido democrático,
decimos que la enseñanza pública tiene que ser como la quieran los padres de los
alumnos. Y decimos que el gobierno no debe organizar la enseñanza a su gusto,
sino al gusto de los padres que son los primeros responsables de la educación de
sus hijos y a cuyo servicio están las instituciones docentes. Enseñanza católica
para los católicos y enseñanza laica para los laicos. Con el mismo respeto y con
los mismos derechos. Esto es claro en los niveles primario y secundario. Y en
los niveles superiores la enseñanza oficial tiene que ser estrictamente objetiva
y no beligerante en materias religiosas, fiel a las exigencias del método
científico y respetuosa con el patrimonio cultural y espiritual de sus alumnos y
de la sociedad entera.
Los Obispos españoles sabemos bien que la Iglesia no tiene poderes para
organizar la sociedad civil según la recta razón. Ni los deseamos tampoco. No
intentamos atribuirnos ni reclamar una autoridad que no nos corresponde. Sin
embargo, si reclamamos el derecho a opinar sobre las realidades políticas desde
el punto de vista moral, para orientar en cada momento la conciencia de los
católicos y ofrecer nuestros puntos de vista a quien quiera tenerlos en cuenta
como una ayuda para la formación de su conciencia y el bien moral de la
sociedad. Queremos vivir en paz con todos. Estamos dispuestos a respetar las
opiniones de todos y a aceptar las leyes justas de las autoridades legítimas
como cualquier otro ciudadano, sin privilegios ni exenciones de ninguna clase.
Pero no estamos dispuestos a vernos excluidos de la democracia, ni a vivir bajo
la presión de unos modelos laicistas de la vida, ni a ser considerados como
ciudadanos de segunda.
No es ésta la letra ni el espíritu de la Constitución. Nos parece más
democrático que el gobierno, independientemente de las convicciones personales
de quienes lo componen, considere como parte del bien social que los ciudadanos
puedan ejercer libremente su libertad en materias religiosas, sin privilegiar ni
discriminar a nadie. En nombre de una ideología racionalista y laicista hay
quien pretende considerar a la fe y a la Iglesia como incompatible con la
democracia. Eso es condenar a media España al sometimiento o a la rebeldía. Las
ideologías siempre terminan legitimando el autoritarismo.
No ganamos nada con desautorizarnos mutuamente, desfigurando unos las posiciones
de los otros. No ganamos nada excluyendo de la ortodoxia democrática a media
sociedad española por sus ideas religiosas. Con un poco más de cultura y de
objetividad la izquierda española tendrá que reconocer que la vida religiosa de
los ciudadanos es un bien para sus personas y también para la sociedad. Partamos
del reconocimiento de la buena voluntad y del derecho de todos a vivir en paz y
libertad en una misma sociedad, sin preferencias ni discriminaciones,
reconociendo sin restricciones el ejercicio de la libertad religiosa de todos
como parte importante del bien común de una sociedad democrática. Será más
democrático, más respetuoso con nuestra identidad histórica y mucho mejor para
todos.
En nuestra sociedad hay otra grave cuestión pendiente. ¿Pueden los gobernantes
legislar en contra de la ley moral fundada en la razón y en la tradición
mayoritaria de la sociedad? En todas las sociedades hay un patrimonio moral
mayoritario, constituido mediante la aportación pacífica de las sucesivas
generaciones y de las mejores instituciones del país, que puede llamarse la
moral natural socialmente vigente en una sociedad. La cuestión es ¿puede un
gobierno legislar y actuar en contra de este patrimonio moral mayoritario de la
sociedad? ¿Tienen los legisladores autoridad para modificar y hasta contrariar
las convicciones morales de la mayoría de la población? Cierto que el patrimonio
cultural de una sociedad es algo dinámico, que cambia y progresa, o se
deteriora, al paso de los años. Pero esta movilidad del patrimonio cultural no
es tarea propia del gobierno, sino de las personas y las instituciones dedicadas
al pensamiento y al enriquecimiento cultural de la sociedad. Si el Estado
moderno, con los recursos que sólo él tiene, y dominando buena parte de los
medios de comunicación, se convierte en educador y mentalizador de la población,
queda muy poco espacio para la democracia. Eso es el inicio de todos los
autoritarismos.
Algunos se escandalizan de que los católicos estemos en contra de la nueva
asignatura «Educación para la Ciudadanía». La razón es muy sencilla, en el
programa de esta asignatura, tal como ahora lo conocemos, hay muchas cuestiones
morales, algunas muy importantes para la formación y el futuro de las personas,
como es el caso de la educación sexual y afectiva de niños y jóvenes que no
corresponden a la competencia del gobierno. Los padres católicos saben que esa
educación de sus hijos en las cuestiones morales les compete a ellos, no al
Estado, y saben que en las programaciones del gobierno aparecen ideas y teorías
muy contrarias a la concepción cristiana de la vida en la cual ellos quieren
educar a sus hijos. En vez de descalificarnos unos a otros, examinemos las cosas
serenamente y busquemos soluciones que no molesten a nadie, que no excluyan a
nadie, que no desprecien a nadie. No hagamos una democracia que valga solo para
un partido y sus amigos, dejando fuera a media España. La historia ya nos enseñó
que estos ensayos no traen nada bueno.
Pamplona, 1 de septiembre de 2006.
+ Fernando Sebastián Aguilar.
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela