«Nota técnica» de la Santa Sede sobre la reforma
agraria y el desarrollo rural
Distribuido en la Conferencia Internacional
organizada en Porto Alegre por la FAO
CIUDAD DEL VATICANO, sábado, 1 abril 2006 (ZENIT.org).-Con
motivo de la Conferencia Internacional sobre la reforma agraria y el desarrollo
rural, organizada por la FAO del 7 al 10 de marzo en Porto Alegre (Brasil), la
Santa Sede preparó una «Nota técnica», cuyo texto presentamos a continuación.
* * *
1. La Conferencia Internacional sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural
que la FAO, en colaboración con el gobierno de Brasil, ha convocado en Porto
Alegre, es una ocasión para una reflexión atenta sobre la situación del mundo
rural y para responder con respuestas adecuadas al ansia de justicia y al deseo
de desarrollo de todos aquellos que viven en él. Frente a nosotros se presentan
temas importantes para la familia humana que, por lo mismo, también interpelan
directamente a la Santa Sede y a la Iglesia católica que, conforme a su
naturaleza y misión, se sienten llamadas a sostener la causa del hombre en
cualquier circunstancia.
Los responsables de los Estados, de las Organizaciones Internacionales y de las
organizaciones que son expresión de la sociedad civil tienen la oportunidad de
examinar los compromisos asumidos anteriormente y las actuaciones que de ellos
han dimanado y, al mismo tiempo, de proponer orientación para el futuro de más
de 900 millones de personas que, representando a las tres cuartas partes de la
población pobre del mundo, viven en zonas rurales en situaciones de pobreza
extrema (1). Un futuro que se presenta siempre más incierto, como indican las
informaciones sometidas a la consideración de la Conferencia, y que, por ello,
requiere la intervención necesaria, sea mediante la acción de cada uno de los
países o a través de las diversas iniciativas ofrecidas por la cooperación
internacional.
No sólo se trata de robustecer la solidaridad internacional, para afrontar de
modo consciente los grandes desafíos planteados por el objetivo del desarrollo
de los pueblos y, dentro de este, por la tarea específica de garantizar a la
humanidad una seguridad alimentaria efectiva, sino que también se trata de dar
respuestas válidas a los anhelos de los trabajadores de la tierra, pequeños
campesinos, artesanos, y sus familias, que viven y trabajan en el mundo rural.
Se ha de evitar el riesgo de considerar el mundo rural una realidad secundaria
o, aún más, olvidada, favoreciendo de esta forma la pérdida de aquellos
elementos de orden social, económico y espiritual que lo caracterizan.
2. La situación del mundo rural de hoy evidencia cómo el intercambio global, el
uso de las técnicas modernas y los constantes progresos de la investigación,
permiten rápidos aumentos de la producción como también de los índices de
desarrollo humano. Se trata de una realidad que no puede dejarse de lado o
rechazarse, sino que debe acogerse y valorarse de modo positivo, de forma que se
reconozca como un instrumento de la creación ofrecido a la familia humana, y no
como un elemento que altera el orden natural. «Es preciso reconocer que el
progreso técnico, aun siendo necesario, no lo es todo. Sólo es verdadero
progreso el que salvaguarda íntegramente la dignidad del ser humano y permite a
cada pueblo compartir sus recursos espirituales y materiales en beneficio de
todos» (2).
La cuestión está conectada directamente con los temas tratados por la
Conferencia, de modo especial cuando, frente al ideal del destino común de los
bienes, éstos, por el contrario, se concentran en las manos de unos pocos,
excluyendo a cuantos no están en posición de poderlos gozar, que se ven
limitados en sus aspiraciones más íntimas e incluso privados de la condición
esencial de la dignidad. Al considerar las numerosas cuestiones ligadas a la
reforma agraria y al desarrollo rural resulta, de hecho, oportuno el inmutable
principio de que «Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de
todos los hombres y pueblos» (3), como criterio inspirador y participativo de un
orden social y económico capaz de implicar y motivar a cada miembro de la
familia humana. En base al mismo, la Doctrina Social de la Iglesia ha remarcado
en numerosas ocasiones la condena del latifundio como intrínsecamente ilegítimo
(4).
Este criterio asume mayor importancia al pensar en la distribución desigual de
los bienes dentro de un mismo país, que determina, sobre todo en las áreas
rurales de los países en vías de desarrollo, condiciones de vida lejanas de la
satisfacción de las necesidades básicas. En el mundo rural, las situaciones de
miseria, de explotación, de falta de acceso al mercado, de descontento social,
se vuelven más marcadas cuando quienes trabajan la tierra carecen de garantías
de tutela. De hecho, están sometidos a precarias condiciones de vida, puesto que
su trabajo está condicionado por las situaciones climáticas y naturales
adversas, como también por el hecho de no poder disponer de recursos con los que
afrontar la escasez o la pérdida de las cosechas, con el consiguiente abandono
gradual de las actividades agrícolas, con la ilusión, muchas veces engañosa, de
encontrar en las áreas urbanas mejores respuestas a las condiciones de pobreza.
Sobre tal situación de precariedad de las zonas rurales de los países en vías de
desarrollo incide también el sostenimiento generalizado, por parte de los países
con un bienestar más avanzado, a la producción agrícola, al comercio de los
productos de la tierra y al consumo de alimentos. Introducir correcciones a esta
situación también implica hacer un llamamiento a un concepto concreto de
justicia, capaz de hacerse realidad en políticas, reglas, normas y acciones
solidarias.
3. Hay otro elemento que condiciona el futuro de las zonas rurales y tiene que
ver con la responsabilidad de las generaciones actuales con respecto a la
conservación y protección de la naturaleza y de sus recursos, así como de los
distintos ecosistemas que pertenecen al mundo rural (agrícola, forestal, de la
fauna, hídrico, atmosférico). Con frecuencia, la falta de una correcta relación
entre la tierra y quien la cultiva, la incertidumbre en el título de propiedad o
en la posesión, la imposibilidad de acceder a un crédito, como también otras
situaciones que tienen que ver con los pequeños agricultores, son causa de una
excesiva explotación de los recursos naturales sin otro objetivo que el
rendimiento inmediato. Y todo esto a costa de la fertilidad futura de los
terrenos, del respeto de los ciclos de las estaciones y de la conservación de
las superficies cultivables para el uso de las generaciones futuras.
La experiencia madurada hasta la fecha muestra, sin embargo, que el solo
criterio de la sostenibilidad ambiental, puesto en el centro de las estrategias
de desarrollo en los últimos decenios, no podrá constituir una respuesta eficaz
si no se funda sobre una auténtica ecología humana que, exigiendo la
responsabilidad del ser humano hacia sí mismo, el prójimo, la creación y el
Creador, sea capaz de reconocer que «el hombre es, ante todo, un ser que busca
la verdad y se esfuerza por vivirla y profundizarla en un diálogo continuo que
implica a las generaciones pasadas y futuras» (5).
4. «La primera estructura fundamental a favor de la «ecología humana» es la
familia, en cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y
el bien; aprende qué quiere decir amar y ser amado, y por consiguiente qué
quiere decir en concreto ser una persona.» (6). También en las zonas rurales,
una enraizada y sana concepción de las relaciones humanas entiende la
importancia de la familia: la familia rural está de hecho «llamada a gestionar
con su trabajo la pequeña empresa familiar, pero también a transmitir la idea de
relaciones basadas en el intercambio de conocimientos recíprocos, valores, ayuda
pronta y respeto». (7)
Esto significa que si la familia encuentra obstáculos o no es capaz de asumir su
función, es la comunidad rural en su conjunto la que sufre graves y penosas
consecuencias: es lo que ocurre cuando la concepción del matrimonio y de la vida
familiar se separa de los orden de valores propio de ella, o en las relaciones
del núcleo familiar se insinúan o prevalecen consideraciones de carácter
egoísta, hedonista o simplemente materialista.
Una aplicación correcta de tal realidad a las exigencias del desarrollo rural
exige que se reconozca que la familia, como otras agregaciones y formaciones
sociales primarias, precede al aparato institucional estatal y ha de respetarse
y valorarse debidamente en su esencia y en su organización del régimen de
propiedad, de la actividad productiva y del uso de las técnicas de trabajo.
Examinando la imagen que una autentica realidad de familia puede imprimir al
orden social, volvemos a encontrar una aplicación de aquel principio de
subsidiariedad que la Comunidad internacional considera un instrumento regulador
de toda relación y, por tanto, recurrente en la definición de las formas
institucionales y de las leyes económicas. A través de la subsidiariedad los
mismos poderes públicos, desde el ámbito local hasta la más amplia dimensión
internacional, pueden actuar verdaderamente en el desarrollo de las zonas
rurales, teniendo a la vez en mente el bien común, sabiendo, no obstante, que
sólo podrá llevarse a la práctica si se presta atención de forma
proporcionalmente más intensa a cuantos se encuentran en situación de mayor
necesidad. Los campesinos sin tierra y los pequeños agricultores son, en este
sentido, los primeros que deben recibir atención en el cuadro de los programas
orgánicos de cooperación, fundados en la asociación con la sociedad civil local,
y que garantizan un desarrollo concreto que sepa valorar su misma realidad
social, cultural, religiosa, económica e institucional.
5. La reflexión exigida a los Estados que toman parte en la Conferencia
comprende, entre otros temas, la cuestión de la propiedad de la tierra, elemento
de importancia fundamental en las políticas económicas y agrarias de forma que
se promueva, de modo eficaz, el desarrollo rural y, al mismo tiempo, se
garantice la justicia social, la estabilidad política y la coexistencia
pacífica. De hecho, como han puesto de relieve numerosos análisis económicos, ya
se sabe que la falta de capacidad para acceder a la tierra es una de las
principales causas de la pobreza rural.
Se trata de una compleja realidad que suele exigir reformas agrarias orgánicas
que no pueden reducirse a una simple repartición y asignación de la tierra, sino
que han de insertarse en estrategias de desarrollo rural que, además de prever
las inversiones necesarias en infraestructuras públicas y servicios sociales,
consideren las peticiones del sector agrícola, la profesionalidad al proyectar
los planes de reforma, su organización y gestión. La cuestión se vuelve aún más
preocupante cuando situaciones de conflicto, epidemias y emigraciones forzadas
hacen que caiga la responsabilidad del núcleo familiar exclusivamente sobre la
mujer. Con frecuencia, usos y normas tradicionales impiden a la mujer el acceso
a la propiedad de la tierra, lo que exige actuaciones dirigidas a dar a la
mujer, que se encuentra en el centro de las responsabilidades familiares y
sociales, un reconocimiento jurídico justo de su papel y de su capacidad.
La reducción de la concentración de la tierra se orienta al «incremento de las
remuneraciones, la mejora de las condiciones laborales, el aumento de la
seguridad en el empleo, el estímulo para la iniciativa en el trabajo; más
todavía, el reparto de las propiedades insuficientemente cultivadas a favor de
quienes sean capaces de hacerlas valer». (8) Esto puede significar la promoción
de formas de empresa, entre las que la empresa agrícola familiar asume un
importante papel, y de estructuras corporativas capaces de actuar de modo
autónomo y eficaz, de posibilidades de acceso al crédito para los pequeños
agricultores y de una formación que responda a las concepciones modernas ligadas
a las oportunas tecnologías y a la producción y comercialización agrícola. (9)
Actuando de esta forma se podrán impedir repercusiones en el nivel de producción
y en las dinámicas migratorias de la población, debido a las cuales se asiste
con frecuencia al abandono de las tierras y a una excesiva presión demográfica
en torno a los grandes centros habitados o hacia zonas desprovistas de las
infraestructuras necesarias.
En este ámbito, se ha de examinar la importancia de apoyar las peculiaridades de
las comunidades indígenas que fundan su identidad, su cultura y su
espiritualidad, en la relación ancestral con la tierra, y cuya estructura social
considera el uso de la tierra consecuencia de una propiedad común. Con demasiada
frecuencia, situaciones ligadas a la actividad económica, a la explotación de
los recursos naturales y a la construcción de estructuras, han interrumpido esta
relación impidiendo el uso de las tierras, con el consiguiente abandono de los
métodos de producción ligados al conocimiento tradicional. Cada actuación de
reforma agraria que favorezca a las comunidades indígenas deberá garantizar no
sólo una efectiva protección de sus derechos sobre la tierra, sino también
promover un desarrollo global adecuado, que sobre todo no los discrimine
respecto a otros componentes de la población.
6. La Santa Sede siempre ha prestado una particular atención al mundo rural y a
sus valores, consciente de que sus principales características – dimensión a
medida del hombre, inmediato conocimiento del orden, de la armonía y de la
belleza del cosmos, satisfacción por el trabajo, intercambio generoso de
servicios entre individuos y correctos intercambios recíprocos, por citar
algunas – se encuentran en todos los tiempos y en todos los lugares del planeta.
Es consciente, además, de la importancia que la sociedad rural atribuye al
aspecto religioso, presente en la vida individual y comunitaria, en la vida
laboral y familiar y, sobre todo, como fundamento de los principios morales
capaces de permear la realidad social haciéndola estable e íntegra frente a las
adversidades y obstáculos de cada día.
La Conferencia Internacional sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural
puede constituir una importante oportunidad para reconocer la verdadera
identidad del mundo rural y la realidad de cuantos en él viven si, al centro de
todas las preocupaciones, se coloca a la persona humana, la tutela de su
dignidad y la defensa de sus derechos fundamentales. Se trata de un presupuesto
que puede salvaguardar no sólo los valores de los que es portador el mundo
rural, al evitar que se instauren modelos ligados a opciones egoístas e
inspiradas únicamente en las leyes económicas, sino también garantizar la
actuación de las distintas políticas nacionales, así como dar a la actuación
internacional la esperada y duradera eficacia. Las soluciones técnicas,
complejas y útiles, no resultan eficaces si carecen de la necesaria referencia a
la centralidad de la persona humana que, en su inseparable dimensión espiritual
y material, es el origen y el fin de toda decisión y acción llevada a cabo por
los Estados y por las Instituciones de la Comunidad Internacional.
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(1) IFAD: «Rural Poverty Report 2001», Oxford University Press, 2001.
(2) Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los participantes en la XXXIII
Conferencia de la FAO, Roma, 24 de noviembre de 2005.
(3) Gaudium et spes, n. 69.
(4) Pablo VI: Populorum Progressio, n. 23, 1967; Pontificio Consejo «Justicia y
Paz»: «Para una mejor distribución de la tierra. El reto de la reforma agraria»,
nn. 32-34, 1997; Pontificio Consejo «Justicia y Paz»: «Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia», n. 300, 2004.
(5) Juan Pablo II, Centessimus Annus, nn. 38 y 49.
(6) Juan Pablo II, Centessimus Annus, nn. 39.
(7) Intervención del cardenal Angelo Sodano en la ceremonia conmemorativa del
60º aniversario de la fundación de la FAO, Roma, 17 de octubre de 2005.
(8) Gaudium et spes, n. 71.
(9) Pontificio Consejo «Justicia y Paz»: «Para una mejor distribución de la
tierra. El reto de la reforma agraria», 1997.