Ramón Moncunill
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La educación: ¿derecho de los padres o derecho del Estado?

Se confunden conceptos. La educación no puede ser entendida como servicio de interés público, sino como servicio de interés general, que es cosa bien distinta.

 

Posiblemente no haya ningún país en Europa donde, en estos momentos, la política educativa esté más ideologizada. Llama la atención que no se haya sido capaz de llegar a un Pacto Escolar en materia educativa que permita afrontar el reto de la mejora de la calidad de enseñanza, objetivo imprescindible en nuestro deteriorado sistema educativo, tal como lo confirma el informe PISA y otros estudios hechos públicos últimamente. Se evitaría, de esta forma, verse sometido a los continuos cambios legislativos como consecuencia de los vaivenes políticos y el color del partido que ostente el poder gubernamental en ese momento.

 

Lo que ha sido prácticamente posible conseguir en el terreno de la política económica, las relaciones laborales, el sistema sanitario, el ámbito sindical, etc., ha fracasado en el tema de la educación. Es triste admitirlo pero, a la vez, no me sorprende. Hay un sustrato ideológico en el socialismo que lleva a considerar la educación como instrumento de control y de poder. Este lastre estatalista ve con desconfianza y recelo la libertad de enseñanza, o sencillamente, tilda la educación promovida por instituciones religiosas u otras entidades privadas, como un privilegio sospechoso que debe ser controlado.

 

Después del fracaso de la LOGSE, da toda la impresión de que la LOE no nace con vocación de ley que pretenda la mejora sustancial de la calidad de la enseñanza -la pública fundamentalmente- sino meramente como ley planteada para ir en contra de la enseñanza privada concertada. Obviamente, esto es puro sectarismo. 

 

Al margen de otros muchos puntos que inciden en una valoración negativa de la LOE, quisiera llamar la atención de dos cuestiones que, para mí, son clave en este momento en la filosofía socialista  respecto de la enseñanza. Primero, el intento de concebir la educación como un servicio público. Segundo, la pretensión de entender la red de escuela privada concertada como subsidiaria de la escuela pública.

 

Si la enseñanza es concebida como servicio público, y por tanto derecho prevalente del Estado, la enseñanza privada pasa a ser simplemente una concesión que otorga el Estado, meramente para cubrirse las espaldas frente a las leyes constitucionales e internacionales, que amparan el derecho a la libertad de enseñanza. Se confunden conceptos. La educación no puede ser entendida como servicio de interés público, sino como servicio de interés general, que es cosa bien distinta. La enseñanza privada y la enseñanza privada concertada –que cumplen, ambas, un claro papel social- no son subsidiarias de la enseñanza pública. Al contrario, hay que recordar que es el Estado el que cumple un papel subsidiario –lo cual no quiere decir que no tenga derechos y deberes que ejercer- respecto del derecho de los padres a la educación de sus hijos.

 

En todo este planteamiento late una cuestión de fondo: ¿de quién es el derecho fundamental y originario a educar? ¿de los padres o del Estado?

 

De la respuesta que se dé a este interrogante deriva todo lo demás. Si son los padres los que tienen el derecho a la educación de sus hijos, la consecuencia lógica es la libertad de enseñanza, con todo lo que ello comporta. Si, en cambio, se admite que el Estado está antes y por encima de la familia, esta deriva nos conduce a una concepción del hombre y de la sociedad de cuño estatalista y colectivista.

 

En el fondo, esto es lo que está pasando en España, donde el socialismo del PSOE y de otros partidos ideológicamente más radicales, como Esquerra Republicana y los sucedáneos del antiguo comunismo, no logran desembarazarse del lastre marxista de sus orígenes. No es sólo que el socialismo ideológico –más radical o más aguado- tenga un modelo de escuela que desee imponer, sino que se pretende configurar –en el más puro laicismo- un modelo concreto de sociedad y de persona. El individuo al servicio del sistema social. La pretensión de que el fin de la educación sea hacer de la persona un mero ciudadano del Estado -¿les suena el anhelo de introducir como obligatoria la asignatura de Educación para la Ciudadanía?- es un reduccionismo con tintes totalitarios. Ya lo descubrió el marxismo hace tiempo cuando intuyó que el motor de la revolución social no era la economía, sino el control de la cultura.

 

Explicaba de forma voluntariamente esquemática, pero ilustrativa, un amigo mío, profesor del IESE, que frente al modo de enfocar el tema de la educación, la postura liberal diría “puesto que es un asunto de tanta trascendencia, dejemos que sea cada uno, cada familia, quien decida el tipo de educación que quiere dar a sus hijos”. En cambio, la postura socialista afirma: “como es tan importante, que sea el Estado quien decida qué educación se da”.


 

A la hora de escoger el  título para este artículo tuve mis dudas y vacilaciones; se me ocurrió otro titular: “El miedo a la libertad”. ¿De verdad cree el socialismo en la libertad y respeta la libertad de los padres? La respuesta a este interrogante augura un debate interesante, pero habrá que dejarlo para una próxima ocasión.